La Justicia federal dio un nuevo paso en una de las investigaciones de presunta corrupción más sensibles que atravesó al gobierno de Javier Milei al ordenar que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, aporte una muestra de voz para determinar si le pertenecen los audios filtrados que desencadenaron el denominado "escándalo ANDIS".
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien encomendó a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional la realización de peritajes técnicos destinados a establecer la autenticidad de las grabaciones y descartar eventuales manipulaciones mediante inteligencia artificial o alteraciones digitales. La decisión se produjo luego de que el fiscal federal Franco Picardi impulsara diversas medidas de prueba en una causa que ya adquirió una fuerte dimensión política e institucional.
Los audios, difundidos inicialmente por el canal de streaming Carnaval y posteriormente replicados por numerosos medios y redes sociales, fueron atribuidos a Spagnuolo, abogado de confianza de Milei y titular de la agencia gubernamental hasta su desplazamiento del cargo. En las grabaciones se escucha a una voz que sería la del ex funcionario describiendo un supuesto sistema de retornos ilegales vinculado con la compra de medicamentos para beneficiarios del organismo estatal. Las conversaciones mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y a la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del sector farmacéutico.
Según surge de las denuncias incorporadas al expediente, el esquema investigado consistiría en el cobro de porcentajes sobre contrataciones y compras de medicamentos gestionadas desde la ANDIS.
En uno de los fragmentos difundidos públicamente, la voz atribuida a Spagnuolo sostiene que "Lule lo que está haciendo es que está choreando de una manera...", mientras que en otro pasaje afirma que "él no está metido, pero es toda gente de él". También se difundieron expresiones en las que el ex funcionario asegura haber advertido personalmente al jefe de Estado sobre presuntas irregularidades: "Yo hablé con el Presidente. Le dije: 'Javi, está pasando esto, esto y esto'". Distintos medios publicaron además audios en los que se menciona la existencia de porcentajes que presuntamente serían distribuidos entre distintos actores políticos vinculados al oficialismo.
La investigación tomó una dimensión aún mayor cuando en las grabaciones aparecieron referencias directas a la misma hermana del Jefe de Estado. De acuerdo con el contenido de los audios atribuidos a Spagnuolo, una parte de los retornos obtenidos a través de contrataciones vinculadas a medicamentos habría tenido como destinatarios a funcionarios del entorno presidencial.
Los nombres de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem aparecen reiteradamente en los registros sonoros, situación que motivó denuncias penales, pedidos de investigación y una fuerte controversia política. Los involucrados rechazaron las acusaciones y desde el oficialismo se denunció la existencia de una operación política destinada a perjudicar al Gobierno.
La causa también puso bajo la lupa a la droguería Suizo Argentina y a sus directivos. Los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker quedaron mencionados en distintas actuaciones judiciales y en las propias grabaciones difundidas públicamente. Los investigadores analizan la eventual existencia de sobreprecios, intermediaciones irregulares y pagos indebidos vinculados con la provisión de medicamentos para personas con discapacidad. Como parte de las medidas de prueba, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestro de documentación, análisis de teléfonos celulares y relevamiento de contrataciones realizadas durante la gestión de Spagnuolo.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien solicitó que se investigaran posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, administración fraudulenta y violaciones a la Ley de Ética Pública. Posteriormente, el fiscal Franco Picardi impulsó diversas medidas orientadas a determinar si existió una organización destinada a direccionar contrataciones estatales y obtener beneficios económicos ilegales.
La principal discusión judicial en esta etapa se concentra en la autenticidad de los audios. La defensa de algunos de los involucrados cuestionó la validez del material y planteó la posibilidad de que hubiera sido manipulado. Por esa razón, el juez Ariel Lijo ordenó una pericia integral sobre los archivos de audio y dispuso que Spagnuolo sea citado para registrar una muestra de voz considerada "material indubitado". Los especialistas de Gendarmería compararán esa grabación con los registros difundidos públicamente para establecer si existe correspondencia entre ambas voces. El resultado de esa prueba es considerado clave porque podría determinar el valor probatorio de las conversaciones que dieron origen al escándalo.
Mientras tanto, la investigación avanza sobre múltiples líneas. Se analizan contrataciones, transferencias económicas, comunicaciones entre funcionarios y empresarios, movimientos patrimoniales y documentación administrativa vinculada con la compra de medicamentos. La fiscalía busca determinar si las presuntas irregularidades descritas en los audios tuvieron una correlación efectiva en expedientes administrativos y operaciones comerciales concretas.
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