Fernando Pocino, conocido principalmente por haberse desempeñado como Director de Reunión Interior de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mantiene una dinámica activa en sus redes sociales. Dentro de la estructura de espionaje estatal, el ex espía lideraba una facción interna que respondía directamente al sector político del kirchnerismo y mantenía una fuerte rivalidad con el sector comandado por Antonio "Jaime" Stiuso.
Sin embargo, en la actualidad y ya retirado del organismo, su cuenta de X paso a ser su arma preferencial. Recientemente, Pocino subió un posteo junto con una imagen del ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto con su abogado Mauricio D'Alessandro, charlando en un cafetería. “El último café de Spagnuolo en libertad. Acá en Pilar con su pésimo abogado @dalessamauro que decía q los audios eran truchos. Es muy probable que el amigo íntimo de Javier Milei vaya preso y le rompan el siempre sucio reiteradas veces los otros presos", tuiteó Pocino.
Hace horas, el caso que tiene como principal acusado al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a tomar impulso con un nuevo pedido de detención presentado ante la Justicia y con la incorporación de informes oficiales que describen graves irregularidades en las contrataciones realizadas durante su gestión. La solicitud fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, denunciante original del expediente, ante el juez federal Ariel Lijo. Aunque su presentación puede ser tenida en cuenta por el Juzgado Federal N° 11, el abogado cristinista no es querellante y no forma parte del expediente.
Dalbón argumentó que los nuevos elementos incorporados a la investigación —entre ellos una auditoría interna de la propia administración pública— profundizan las sospechas sobre sobreprecios, pagos duplicados, diferencias entre los productos adjudicados y los efectivamente entregados y contrataciones presuntamente direccionadas. El planteo deberá ser analizado por Lijo y no por ahora se trata de una solicitud de arresto formulada por el denunciante.
El escándalo comenzó en agosto de 2025, cuando comenzaron a difundirse una serie de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, quien por entonces estaba al frente de la ANDIS y había sido designado por Javier Milei en diciembre de 2023. En esos audios, la voz atribuida al funcionario describía un supuesto sistema de recaudación ilegal vinculado con la compra de medicamentos y señalaba la existencia de retornos que involucrarían a empresarios, funcionarios y personas cercanas al Gobierno.
Entre las referencias más sensibles aparecieron Eduardo “Lule” Menem, Karina Milei y la droguería Suizo Argentina, perteneciente a la familia Kovalivker. La difusión de las grabaciones provocó una crisis política dentro del Gobierno y, el 21 de agosto de 2025, Milei desplazó a Spagnuolo y dispuso la intervención de la Agencia. También fue removido Daniel Garbellini, entonces director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
La investigación judicial se inició a partir de esas revelaciones, aunque con el correr de los meses el expediente dejó de depender exclusivamente de los audios. El fiscal federal Franco Picardi y el juez que inicialmente intervino, Sebastián Casanello, incorporaron documentación administrativa, mensajes extraídos de teléfonos celulares, información sobre contrataciones y movimientos vinculados con proveedores.
En febrero de 2026, Casanello procesó a 19 personas y consideró, en esta etapa de la investigación, que existían elementos para sostener la hipótesis de una asociación ilícita que habría operado dentro de la ANDIS. Entre los principales acusados quedaron Spagnuolo, Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, mientras que otros funcionarios, empleados y empresarios fueron considerados integrantes o partícipes de distintos niveles de la estructura investigada.
El 22 de septiembre de este año, la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de los otros 18 acusados. En el caso del exdirector de ANDIS, la imputación incluye asociación ilícita, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación contra la administración pública. La Cámara sostuvo que, con la prueba reunida hasta ese momento, había elementos para sostener que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habrían producido contrataciones direccionadas, sobreprecios y pagos indebidos en compras de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el supuesto mecanismo utilizado para direccionar las contrataciones. De acuerdo con la resolución judicial, el sistema SIIPFIS habría sido utilizado de manera tal que determinadas droguerías y empresas quedaran invitadas a participar de las compulsas, mientras otras quedaban fuera. La hipótesis sostiene que algunos oferentes funcionaban como “pantalla” para simular competencia y que determinadas empresas conocían de antemano las condiciones de las operaciones. Los investigadores también encontraron comunicaciones entre funcionarios y empresarios que, según la Justicia, son compatibles con una estructura destinada a controlar las compras y los pagos.
La droguería Suizo Argentina ocupó desde el comienzo un lugar especialmente sensible en la investigación. Su nombre apareció en los audios atribuidos a Spagnuolo y sus accionistas, los hermanos Kovalivker, quedaron bajo investigación. Los procedimientos judiciales de agosto de 2025 incluyeron allanamientos y medidas sobre bienes y cajas de seguridad de personas vinculadas con la empresa.
Spagnuolo sostuvo que los audios podían haber sido manipulados mediante inteligencia artificial y, posteriormente, su defensa intentó frenar el peritaje ordenado por la Justicia. El juez Lijo rechazó ese pedido y permitió que Gendarmería continuara con el estudio de los archivos. La pericia busca determinar si la voz corresponde efectivamente al imputado y establecer si los archivos fueron editados, adulterados o manipulados. El exfuncionario se negó a proporcionar una muestra de voz propia para el cotejo, por considerar que podía afectar su derecho a no autoincriminarse. La fiscalía propuso entonces utilizar registros públicos de entrevistas que Spagnuolo concedió a distintos medios.
El peritaje, además, tuvo un episodio controvertido durante septiembre.Los peritos de Gendarmería primero habían considerado apto para el cotejo uno de los principales archivos y posteriormente cambiaron de criterio, declarando que el material no era adecuado para comparar la voz. Los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependientes del Ministerio Público Fiscal, cuestionaron esa conclusión y sostuvieron que el material podía ser analizado.
Mientras se discute la autenticidad de los audios, la causa adquirió una dimensión independiente a partir de las auditorías realizadas sobre la gestión de la ANDIS. Los informes entregados a la Justicia por Alejandro Vilches, quien fue interventor del organismo después de la salida de Spagnuolo, detectaron lo que calificaron como “sobreprecios sistemáticos”, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y otras irregularidades en cientos de expedientes. Según los informes, nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos facturaron más de $25.661 millones a la ANDIS. En algunos casos se encontraron diferencias de precios extraordinarias respecto de valores pagados por otros organismos estatales.
Entre los ejemplos incorporados a la investigación figura una operación por un sistema de válvulas bicavales transcatéter por la que ANDIS habría pagado $425 millones en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado meses antes un producto equivalente por $124,2 millones. También se detectaron diferencias de hasta 4239% en determinados insumos ortopédicos. Otro caso señalado fue el de una factura de Indecomm que habría sido abonada dos veces por $28,7 millones cada vez. Los informes también describieron situaciones en las que los productos entregados no coincidían con aquellos que habían sido adjudicados.
A estos hallazgos se sumó otra auditoría que detectó un desfasaje de $158.717 millones entre registros internos de deuda de distintas áreas vinculadas con discapacidad. El relevamiento analizó la situación de la agencia hasta agosto de 2025, cuando Spagnuolo fue desplazado. La cifra no significa por sí misma que esos $158.000 millones hayan sido robados, si no que se trata de una diferencia contable y administrativa que la auditoría identificó como deuda exigible no registrada correctamente y que quedó bajo análisis. La documentación fue remitida a la Justicia para determinar si existieron responsabilidades penales.
En este contexto se produjo la novedad más reciente. El pedido de detención presentado por Gregorio Dalbón sostiene que la nueva documentación incrementa la gravedad de las sospechas y que Spagnuolo podría interferir en la producción de prueba por haber estado al frente de la estructura administrativa investigada. La presentación también invoca el riesgo de fuga y recuerda que el exfuncionario tiene prohibición de salir del país.
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