La salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia de la Nación se consolidó como uno de los temas más comentados en los últimos días en los pasillos de Casa Rosada, generando una auténtica “danza de nombres” sobre quién podría reemplazarlo cuando finalmente deje el cargo, presumiblemente a partir de marzo de 2026. El abogado penalista y docente —que asumió la cartera judicial el 10 de diciembre de 2023 por decisión del presidente Javier Milei— había generado desde el inicio de su gestión debates y tensiones por supuestos cambios en políticas penales y por su estilo confrontativo con distintos sectores del sistema judicial y de derechos humanos.
La historia reciente de su paso por el gabinete también incluye rumores que comenzaron a finales de 2025, cuando el propio ministro difundió que evaluaba irse tras la aprobación del nuevo régimen penal juvenil, que reduce la edad de punibilidad a 14 años, aunque luego permaneció en el cargo por pedido expreso de Milei y su hermana Karina Milei. En ese contexto, desde octubre pasado se hablaba de una renuncia posterior a las elecciones, incluso después de que él mismo señalara que sentía que su ciclo estaba cumplido y que deseaba “recuperar con sus afectos”, sin precisar fecha.
Entre los posibles nombres para ocupar su lugar, el que más fuerte suena en las últimas horas es el del senador bonaerense Guillermo Montenegro, dirigente de larga trayectoria en la política y la justicia argentina, que ya cuenta con experiencia como juez federal y como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. Nacido en Mar del Plata, llegó a la escena nacional por su vinculación con el PRO y luego por su acercamiento a La Libertad Avanza. Fue intendente del Partido de General Pueyrredón y en diciembre de 2025 asumió la legislación provincial por la quinta sección.
Montenegro se caracteriza por un perfil duro en cuestiones de seguridad y justicia, y por haber sido protagonista de debates sobre políticas de seguridad durante su paso por la gestión porteña. Su nombre toma fuerza en la Casa Rosada por su relación política con los hombres fuertes del Gobierno y porque varios medios consignan que ya ha mantenido reuniones con actores de la estructura de Milei para explorar su eventual desembarco en el ministerio.
Otro nombre que aparece como posible sucesor es el del fiscal Diego Luciani, conocido principalmente por su rol en causas de alto perfil judicial, incluido el proceso que terminó con la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Su figura, vinculada históricamente al Ministerio Público Fiscal, ha sido mencionada en rumores periodísticos como una opción para dar continuidad a una agenda de mano dura judicial y de mayor protagonismo del Poder Ejecutivo en decisiones clave. La nominación de un fiscal de alto perfil como Luciani sería señal de una orientación decididamente judicializada de la cartera.
Luciani se formó como fiscal federal y se ganó notoriedad nacional por su tarea investigativa en casos de corrupción política, lo que le ha valido tanto apoyos entre sectores que demandan justicia como críticas de quienes cuestionan su estilo procesal. La posibilidad de trasladarlo al Ministerio de Justicia implicaría una fuerte señal de continuidad en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las áreas de persecución penal, aunque desde algunos sectores oficiales han señalado que podría ser “raro” que acepte ese puesto ya que lo apartaría de causas complejas para el contexto actual.
En la misma lista de nombres también figura Sandra Arroyo Salgado, jueza federal con trayectoria en tribunales penales de San Isidro, quien goza de buena relación con ciertos sectores judiciales y ha participado en actos oficiales en Casa Rosada. Su inclusión en la nómina genera especulaciones además sobre posibles otros destinos en la magistratura superior, como una futura nominación a la Corte Suprema o a la Procuración General de la Nación, más allá de la cartera de Justicia.
Finalmente, otro posible candidato que circula en los medios es Santiago Videla, un abogado penalista con vínculos en el ámbito académico y presencia en debates técnicos sobre reforma procesal y política criminal. Videla construyó su perfil en el ejercicio profesional privado y en la docencia universitaria, donde se ha especializado en derecho penal económico y litigación compleja. En los últimos años participó en foros jurídicos donde defendió la necesidad de modernizar el sistema acusatorio y agilizar los procesos penales, una agenda que sintoniza con varios ejes impulsados por la actual gestión nacional.
Su nombre comenzó a mencionarse como eventual sucesor de Mariano Cúneo Libarona a partir de su cercanía técnica con equipos que trabajan en la reforma judicial y por su perfil menos confrontativo, lo que podría servir para descomprimir tensiones entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial. A diferencia de otros candidatos con fuerte exposición mediática o trayectoria partidaria, Videla es visto como un cuadro más técnico que político. En enero de 2025 asumió como Procurador del Tesoro de la Nación en reemplazo de Rodolfo Barra. En ese equilibrio entre perfil técnico, bajo nivel de desgaste y afinidad con la línea penal del Gobierno radica, según coinciden analistas consultados, la razón por la cual su nombre se sumó a la lista de posibles reemplazantes en la cartera de Justicia.
Mientras tanto, en lo inmediato, la atención se centra en cuándo formalizará su salida Mariano Cúneo Libarona, cómo se resolverá la transición de su área y qué mensaje político enviará el eventual nuevo titular del Ministerio de Justicia, en un momento en que ese ministerio es clave para la implementación de la agenda judicial y penal del gobierno.
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