El reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al gobernador bonaerense Axel Kicillof abre un nuevo capítulo en la disputa fiscal y política entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, esta vez con eje en la atención de personas en situación de calle. Con un tono que combina presión institucional y confrontación política, la administración porteña exige que la Provincia se haga cargo de los costos que hoy asume la Ciudad por asistir a miles de bonaerenses que viven en la calle dentro de su territorio.
El planteo no es menor: según datos oficiales, al menos 2.327 personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires reciben actualmente asistencia en los Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad. Esta situación, sostienen desde el gobierno porteño, genera un costo mensual por persona de $1.163.135, lo que acumula una deuda superior a los $27.000 millones desde la entrada en vigencia del Decreto 373/2025, normativa nacional que establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de la atención de esta población dentro de su territorio.
El argumento jurídico es claro: la ley fija responsabilidades específicas y, en paralelo, la propia Provincia cuenta con herramientas legales —como el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle creado por la Ley 13.956— para abordar el problema. Sin embargo, desde la Ciudad sostienen que esas obligaciones no se están cumpliendo, lo que deriva en una transferencia indirecta de costos hacia el distrito porteño.
En este contexto, los ministros de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda, Gustavo Arengo, formalizaron el reclamo ante el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, exigiendo la “inmediata transferencia de recursos” para cubrir tanto los gastos ya realizados como los futuros. La carta subraya un punto sensible: los fondos que la Ciudad destina a esta problemática provienen del “esfuerzo de los porteños” y podrían ser utilizados en otras áreas prioritarias del presupuesto local.
El trasfondo político es evidente. Macri endureció su discurso al señalar que los porteños no deben “pagar el desgobierno” de la Provincia, en un mensaje directo a Kicillof que busca instalar la idea de incumplimiento y desorden administrativo del otro lado de la General Paz. Pero más allá del cruce, el conflicto revela una tensión estructural: la dificultad de coordinar políticas sociales en un área metropolitana donde las fronteras administrativas no coinciden con la dinámica real de la exclusión.
Mientras tanto, la Ciudad sostiene una red de asistencia robusta, con 61 Centros de Inclusión Social que alojan a más de 4.600 personas y ofrecen servicios integrales —desde alimentación y alojamiento hasta acompañamiento psicológico y capacitación laboral—, además de un sistema de atención permanente con móviles y dispositivos de primera respuesta. Esa infraestructura, sin embargo, hoy está absorbiendo una demanda que excede su propia jurisdicción.
El punto central del conflicto, entonces, no es solo económico, sino también político e institucional: quién se hace cargo de la pobreza en un territorio compartido de hecho, pero fragmentado en términos de responsabilidad estatal. La respuesta, por ahora, está lejos de resolverse.
por R.N.
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