Julieta Díaz se convirtió en una de las voces más duras contra el gobierno de Javier Milei en medio de dos causas que hoy exponen una contradicción profunda en la política de discapacidad. Madre de una niña con parálisis cerebral, la actriz denunció una “crueldad pornográfica” por parte del Ejecutivo y apuntó contra el freno al amparo colectivo presentado por más de veinte organizaciones. “Nos dijeron que no había plata, la robaron y le robaron a las personas más vulnerables del país”, afirmó y agregó: “Después de que el caso de la Andis salió a la luz, frenaron el amparo a la vista de todos”.
La disparidad entre ambas causas es evidente. Por un lado, la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad avanza con fuerza. El fiscal Franco Piccardi ya tiene dos empresarios detenidos —uno se negó a declarar desde Mendoza y al otro le hallaron 700.000 dólares en la casa de su hija—, 15 imputados incluido el ex director Diego Spagnuolo, audios donde se habla de “meter gente para chorear” y una acusación por 48.000 millones de pesos desviados mediante coimas y sobornos. Según Díaz, esta trama “explica por qué tantas familias quedaron sin prestaciones”: “Nos hicieron creer que no había recursos y estaban desviando millones”, denunció.
Del otro lado, el amparo colectivo que exige la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad quedó detenido. El juez federal de Campana lo había admitido y rechazado todas las excepciones del Gobierno, pero el Procurador del Tesoro lo recusó alegando “prejuzgamiento”. Aunque el magistrado demostró que el planteo era falso, debió apartarse y ahora la Cámara debe designar un nuevo juez, generando demoras que afectan a miles de familias.
El constitucionalista Diego Armesto advirtió que el Ejecutivo “está tratando de dilatar el juicio demorando la resolución del juez” y cuestionó la estrategia del Gobierno: en lugar de cumplir el procedimiento de veto–insistencia previsto por la Constitución, aplicó lo que definió como un “veto detrás de veto”, promulgando la ley pero suspendiendo su ejecución mediante decreto. Armesto subrayó además que el artículo 20 de la norma es categórico: ninguna disposición puede oponérsele, lo que vuelve inválida cualquier intento del Ejecutivo de suspenderla. Ese artículo —diseñado precisamente para impedir interferencias— tiene respaldo constitucional, ya que una ley aprobada tras el rechazo del veto presidencial debe aplicarse de inmediato.
El clima social se tensará aún más este miércoles 3 de diciembre, cuando organizaciones, familias y referentes del sector marchen en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Habrá actividades y manifestaciones en distintos puntos del país para reclamar la inmediata aplicación de la ley y denunciar los recortes en prestaciones, en un contexto donde la investigación penal por desvío de fondos avanza mientras los derechos básicos permanecen postergados.
El contraste alimenta un debate incómodo para el Gobierno: la Justicia reúne evidencia de un presunto desfalco multimillonario en Andis, pero el reclamo de las familias que solo piden que se cumpla la ley vigente queda atrapado en maniobras procesales que estiran plazos y demoran la asistencia.
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