A catorce meses de la entrada en vigor del estado de excepción al que Nayib Bukele denomina como “guerra contra las mafias”, el presidente de El Salvador va por más: un recorte drástico que reducirá en un 83% la cantidad de alcaldías en el país, y construirá una nueva megacárcel. Así lo anunció durante el discurso que inició el cuarto año de su mandato al frente de la presidencia del país centroamericano.
En el mismo momento en el que Bukele hablaba, la Fiscalía General de la República ejecutaba la orden de allanamiento y ejecución de todas las propiedades del ex presidente Alfredo Cristiani, conservador que gobernó el país entre 1989 y 1994.
“Así como desplegamos fuerzas de seguridad y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también perseguiremos a los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan”, anunciaba Bukele.
Cristiani ha sido acusado de diversos delitos, desde corrupción hasta lavado de dinero, e inclusive una presunta participación en el asesinato de sacerdotes jesuitas en 1989. Nunca fue procesado por ninguno de los delitos de los que fue acusado.
El punto álgido es que los organismos de derechos humanos y otros vinculados con la búsqueda de transparencia en el ejercicio del poder temen que las palabras (y acciones) de Bukele se limiten a una persecución de los opositores a su gobierno. De hecho, funcionarios de su gobierno han sido acusados de corrupción y el mandatario los viene defendiendo de manera sistemática.
Derechos humanos
Más de 68.000 personas han sido detenidas hasta el momento en las cárceles salvadoreñas, acusadas de pertenecer a pandillas o de colaborar con ellas. Un informe que acaba de ser presentado por Cristosal, la principal organización en defensa de los derechos humanos de El Salvador, recoge testimonios de quienes han estado presos en las cárceles durante el primer año del estado de excepción y que salieron en libertad tras ser declarados inocentes.
“El informe sobre el primer año del régimen de excepción de Cristosal presenta la primera lista verificada de personas que murieron bajo la custodia del Estado y documenta prácticas de tortura al interior de los centros penales”, resume el informe. Y describe: “Con el régimen de excepción el Gobierno afirmó que se pretendía frenar una ola de violencia sin precedentes que había cobrado la vida de 87 salvadoreños y salvadoreñas en 3 días. Sin embargo, de las acciones violentas de los grupos criminales que perpetraron estas muertes, se pasó a la violencia del Estado contra todo tipo de personas, sobre todo las más pobres. Sin investigación previa fueron capturadas miles de personas que han sido sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en las cárceles existentes o creadas para darle cumplimiento al régimen. Se transitó así del terror de las pandillas a la violencia sistemática del Estado”.
Inexistencia del debido proceso y de investigaciones previas a las capturas, detenciones ilegales y doble juzgamiento, allanamiento ilegal de domicilios, detenciones por denuncias anónimas o por tener antecedentes penales, estigmatización por tatuajes, ausencia de información a las familias sobre el lugar de reclusión e incomunicación familiar, son apenas algunas de las conductas registradas por la organización.
“Cristosal recibió 3.275 denuncias durante el primer año del régimen, lo que equivale a 3.403 personas vulneradas en sus derechos humanos. De este total, el porcentaje más alto son hombres (85.5%), seguido de mujeres (13.9%), y se contabilizaron 55 personas de la comunidad LGBTIQ+. Los principales victimarios son la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), quienes no solo han efectuado detenciones arbitrarias, sino que también han vulnerado a los familiares de los capturados”.
Algunos de los testimonios son sobrecogedores. Describen dobles detenciones (una suerte de puesta en escena en la cual se le dice al detenido que va a quedar libre y apenas llega a la puerta de entrada del penal vuelve a ser detenido), anuncios de muerte de reclusos a familiares a través de empresas funerarias sin ninguna prueba concreta del fallecimiento, registros de personas que figuran como detenidas pero que en realidad están desaparecidas.
“La aplicación de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido una constante; estas incluyen golpizas y malos tratos, amenazas, e incluso choques eléctricos”, puntualiza el informe. E incluye la cantidad de muertes inexplicables durante las detenciones: 153 personas que fallecieron bajo custodia del Estado.
Amenazas a periodistas
El martes 6, Mauricio Arriaza Chicas, director de la policía salvadoreña, informó que serán procesados judicialmente los periodistas que investigaron las negociaciones secretas entre el Gobierno del ex presidente Mauricio Funes y las maras en el año 2012. Un pacto denominado “tregua” con las pandillas que controlaban grandes territorios, y que por un breve tiempo ayudó a reducir los índices de criminalidad.
Ya a fines de mayo la justicia salvadoreña condenó a 14 años de cárcel al expresidente Funes por haber negociado esa tregua. Funes se refugió en Nicaragua, bajo la protección de Daniel Ortega.
Arriaza dijo en un programa de televisión que la justicia salvadoreña emprenderá acciones contra políticos y contra los periodistas que dieron cobertura a esas negociaciones. No dio nombres, pero sí dio a entender que el gobierno tiene un listado.
Con todo esto, que la cantidad de alcaldías vaya a pasar de 262 a solo 44 es apenas una gota más en el vaso de un régimen cada vez más autoritario que hoy por hoy más que un “estado de excepción” da señales de buscar ser un “estado de consolidación” de la mano dura en su máxima expresión.
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