La reciente polémica que protagoniza el secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y el diplomático de carrera Héctor Torres, pone bajo la lupa la compra de los aviones F‑16 Fighting Falcon por parte del país. Torres manifestó públicamente sus dudas acerca de la operación: “Dinamarca nos vende F-16 y compra F-35, y nosotros nos emocionamos”, apuntó al advertir que los aviones fueron desechados por su antiguo operador europeo. En respuesta, Quirno le advirtió que, aun estando jubilado, debía conducirse como miembro del Servicio Exterior o abstenerse de opinar públicamente, lo que desató críticas sobre la relación entre política exterior, defensa y libertad de expresión.
El fondo de la controversia es más amplio que un cruce diplomático. En 2023, Colombia decidió no comprar los mismos cazas F-16 usados que estaba ofreciendo Dinamarca, argumentando que su ciclo de vida útil era limitado y el costo de modernización excesivo.
El episodio de la compra argentina suma más interrogantes cuando se contrasta con comparaciones internacionales. Las fuentes citan que los F-16 vendidos por Dinamarca habían sido considerados “segunda mano”, en un mercado donde otros países optaron por desistir de la operación por su rentabilidad limitada. Esa falta de demanda plantea la pregunta: más allá del costo económico, ¿cuál es la funcionalidad real para la fuerza aérea argentina?
El debate también toca lo simbólico: la exposición pública de la aeronave ante la sociedad, la necesidad de recuperar capacidades supersónicas y el uso político que se le atribuye al contrato. Pero si países como Colombia decidieron dar marcha atrás ante la misma oferta, el Estado argentino deberá explicar con claridad qué criterios técnicos, operativos y económicos justificaron su decisión.
En definitiva, lo que parecía una compra estratégica hoy aparece como un foco de ruido diplomático y político. El cruce entre Quirno y Torres expuso las tensiones internas en torno a la adquisición y dejó en evidencia que la decisión de avanzar con los F-16 sigue generando controversias sobre su pertinencia, su costo y el valor operativo real que podrían aportar a la defensa argentina.














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