La reunión convocada por Martín Menem y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, fue el primer intento formal del gobierno de Javier Milei por encauzar la discusión del Presupuesto 2026 con los bloques dialoguistas. Participaron Lisandro Nieri, Martín Tetaz, Pamela Verasay, Nicolás Massot, Karina Banfi, Miguel Pichetto y otros representantes de la UCR, Encuentro Federal y el PRO moderado, además de los funcionarios Carlos Guberman y José Rolandi, en representación del Ejecutivo.
Los diputados coincidieron en valorar la disposición del gobierno a abrir el diálogo y en reconocer el objetivo de alcanzar un presupuesto con equilibrio fiscal, pero la conversación se estancó rápidamente: los enviados del Ejecutivo no pudieron ofrecer precisiones sobre si el texto final incluirá partidas para cumplir las leyes ya sancionadas en materia de discapacidad, financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Para la oposición, ese punto no es negociable: “El presupuesto tiene que reflejar las normas vigentes, no ignorarlas”, advirtió Nicolás Massot. Miguel Pichetto reforzó el reclamo: “Sin la presencia del ministro Caputo en el Congreso y sin claridad sobre esas partidas, el presupuesto no avanza”.
Semáforo
A esa falta de definiciones se sumaron demandas concretas de carácter territorial. Banfi, por ejemplo, habría planteado la necesidad urgente de obras viales en Bahía Blanca, donde confluyen las rutas 3, 33 y 35. Tras las inundaciones de marzo y la destrucción del paso urbano, el tránsito hacia el sur sufre demoras de más de una hora. Según los libertarios existe un plan y se discutirán los detalles “con el semáforo en mano”: el mecanismo acordado para identificar consensos (verde), puntos en negociación (amarillo) y reclamos de cambio (rojo).
Más allá de los ejemplos puntuales, la coincidencia entre los distintos bloques fue que el diálogo no puede reducirse a metodología. Guberman y Rolandi propusieron retomar la dinámica de la ley Bases —trabajo por bloques, rondas técnicas y priorización temática—, pero sin compromisos de fondo. Para la oposición, esa vaguedad impide avanzar: el Congreso debe discutir con números reales sobre la mesa. “No hubo demandas sustantivas porque el Ejecutivo no ofreció respuestas sustantivas”, resumió uno de los presentes.
En ese contexto, Pichetto y Massot habrían propuesto extender los plazos del dictamen, originalmente previstos para el 4 de noviembre en Diputados y el 20 de noviembre en el Senado, con el objetivo de encausar la negociación después de las elecciones y habilitar incluso el debate con el nuevo Congreso, a partir del 10 de diciembre, en el marco de sesiones extraordinarias. Esa prórroga permitiría descomprimir tensiones políticas y dar margen para reordenar prioridades sin que el presupuesto se convierta en un instrumento de campaña. El mensaje es claro: la oposición dialoguista está dispuesta a negociar, pero exige tiempo y certezas.
Pedidos
El resto de los pedidos mantiene la misma lógica: que el ministro Caputo se presente personalmente a defender el proyecto; que el Ejecutivo defina qué demandas de los gobernadores ya fueron contempladas; que se mantenga una mesa de negociación permanente, como la que funcionó durante la ley Bases, y que el “semáforo por bloques” sirva para medir avances reales.
En el fondo, el conflicto es político más que técnico. La oposición dialoguista busca ser parte de la solución sin quedar pegada al costo del ajuste. Acepta el equilibrio fiscal como principio, pero exige que se cumplan las leyes votadas y que las políticas sociales y de infraestructura básica no sean víctimas del dogma de austeridad. Su desafío es mantener la credibilidad ante sus votantes —mostrarse responsable pero no complaciente— y conservar margen de influencia en la agenda parlamentaria.
Para el gobierno, la dificultad es inversa: si accede a revisar partidas y aceptar prórrogas, puede perder impulso en su narrativa de ortodoxia fiscal; si se mantiene inflexible, corre el riesgo de quedarse sin socios legislativos. En ese delicado equilibrio se define la gobernabilidad de 2026.
Resultadistas
El ejemplo de Bahía Blanca, con rutas colapsadas y poblaciones afectadas por las lluvias, es también una metáfora de la discusión presupuestaria: las cuentas pueden estar ordenadas en los papeles, pero el país real reclama caminos transitables. Por eso, el semáforo que propone la oposición no es solo una herramienta metodológica: es un llamado a que el equilibrio fiscal no se transforme en parálisis.
En definitiva, la oposición dialoguista pide precisión, cumplimiento y tiempos definidos: resultadismo puro. Que el gobierno muestre voluntad real de negociación y que el Presupuesto 2026 sea un puente político, no una imposición contable. Si Milei logra incorporar esas señales —Caputo en el Congreso, partidas garantizadas, obras prioritarias y un cronograma flexible—, podría construir un consenso que fortalezca su gestión.
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