La investigación judicial por narcotráfico que sacudió al municipio de Morón tiene como principal señalada a Luna Suyai Ortigoza, una funcionaria de 27 años que hasta hace pocos días se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la administración encabezada por Lucas Ghi. La causa tomó estado público luego de que efectivos de la Policía Federal Argentina allanaran su vivienda en la localidad de Castelar Sur y encontraran más de medio kilo de cocaína, además de otros elementos considerados de interés para la investigación. Desde entonces, Ortigoza permanece prófuga y pesa sobre ella un pedido de captura nacional.
El expediente judicial comenzó en marzo de 2026 a partir de denuncias anónimas de vecinos que alertaban sobre movimientos compatibles con venta de drogas en distintos puntos del oeste bonaerense. La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, mientras que los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°1, encabezado por la jueza Laura Mariel Pinto. Según trascendió en medios nacionales, la pesquisa apunta a una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en la zona.
Durante el operativo realizado en la vivienda de Ortigoza, ubicada sobre la calle Isabel de Pardo al 2500, en Castelar Sur, los agentes secuestraron un ladrillo de cocaína de aproximadamente 480 gramos, varios envoltorios adicionales con cerca de 85 gramos más de la misma sustancia, una balanza digital, dinero en efectivo y teléfonos celulares. También se habrían encontrado armas de fuego y documentación que ahora forma parte de la causa. La funcionaria no estaba en el domicilio cuando ingresó la Policía Federal, motivo por el cual la Justicia libró un pedido de captura.
La investigación incluyó al menos ocho allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Morón y Castelar. Entre las propiedades revisadas figuran viviendas ubicadas en Pasaje Florit al 3600, Eduardo Cogliatti al 3500, Gabriel Miró al 3000, 14 de Julio al 3300, Presidente Ortiz al 3800 y Zabaleta al 500, todas consideradas por los investigadores como posibles puntos vinculados a la operatoria de la banda.
Ortigoza había ingresado a la estructura municipal dentro del área de políticas de género y diversidad, donde cumplía funciones territoriales y articulaba programas sociales y de asistencia. Según distintas publicaciones periodísticas, dentro del municipio tenía un rol vinculado a la atención de problemáticas sociales y violencia de género. Su figura era relativamente conocida dentro del entramado político y social local, especialmente en sectores militantes cercanos al oficialismo municipal.
Tras conocerse el resultado de los allanamientos, el municipio de Morón anunció su apartamiento inmediato. El intendente Lucas Ghi sostuvo que “todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”. Además, desde la comuna remarcaron que la funcionaria dejó de prestar servicios apenas tomaron conocimiento del caso y aseguraron que existía “profunda decepción” por la situación.
En paralelo, la causa también investiga el vínculo de Ortigoza con otras personas señaladas como integrantes de la organización. Uno de los nombres mencionados es Ángel Daniel Paz, sindicado como presunta pareja de la funcionaria y actualmente también buscado por la Justicia. Los investigadores intentan determinar si la vivienda allanada funcionaba como lugar de acopio o distribución de drogas y cuál era el nivel de participación de cada sospechoso dentro de la estructura investigada.
De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, Ortigoza habría manifestado a personas de su entorno que los elementos encontrados en su casa pertenecían a una expareja que “había dejado cosas” en la vivienda. Incluso trascendió que estaría refugiada en la casa de familiares y que evaluaba presentarse ante la Justicia una vez aclarada su situación procesal. Sin embargo, hasta el momento continúa prófuga.
La repercusión política del caso fue inmediata debido a que la acusada ocupaba un cargo sensible dentro de la estructura municipal y porque el expediente involucra presuntos delitos de narcotráfico en el ámbito del conurbano bonaerense. Mientras la Justicia avanza con el análisis de teléfonos celulares, comunicaciones y documentación secuestrada en los allanamientos, la causa busca establecer si existía una red de comercialización consolidada, cómo se financiaba y cuál era la dimensión territorial de la operatoria investigada.
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