La designación de tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) desató un nuevo conflicto político y judicial en el Congreso. Los nombramientos se concretaron durante la madrugada, en el marco de una extensa sesión en Diputados, a partir de un acuerdo entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza que dejó al PRO al margen y motivó una inmediata reacción del bloque amarillo, que decidió llevar el tema a la Justicia.
La votación, que reunió 186 votos afirmativos, permitió cubrir vacantes clave en la AGN y fue impulsada por la conducción de la Cámara baja. Sin embargo, desde el PRO denunciaron que la maniobra fue irregular, que no estaba incluida en el temario de la sesión y que vulnera el equilibrio político que debe regir la integración del organismo de control.
Los auditores cuestionados por el PRO son Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti. Almada fue impulsada por La Libertad Avanza; Forlón responde a Unión por la Patria y ya tuvo paso previo por la AGN; mientras que Calletti quedó asociada a los acuerdos con gobernadores aliados al oficialismo. La tríada surgió de la negociación sellada entre el kirchnerismo y el espacio libertario, lo que terminó de dinamitar el vínculo con el PRO en este tema.
Tras la sesión, el bloque que conduce Cristian Ritondo anunció que judicializaría la designación, y cumplió. La denuncia apunta no solo contra los nuevos auditores, sino también contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y contra los legisladores que avalaron la votación, bajo el argumento de que se avanzó sobre atribuciones que no correspondían en ese contexto parlamentario.
El conflicto abre ahora un frente judicial que pone bajo la lupa el funcionamiento de la AGN y expone, una vez más, las tensiones internas entre los aliados circunstanciales del oficialismo y el PRO, que pasó del acompañamiento legislativo a la confrontación directa cuando se trató de los cargos de control del Estado.
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