En el marco de la paridad parlamentaria ante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca modificar la Ley de Tierras, la senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó formalmente participar y votar de manera remota debido a su embarazo de 32 semanas. Su médico le prohibió viajar desde Mendoza a Buenos Aires por razones de salud, lo que motivó su descargo en redes sociales: "No estoy incapacitada para leer expedientes para debatir ni para votar... simplemente no puedo viajar largas distancias", argumentó para defender su derecho a representar a su provincia.
El pedido sumó el respaldo dela dirigente kirchnerista Victoria Donda, quien criticó la hostilidad hacia la maternidad en el ámbito político, y de la senadora peronista Juliana Di Tullio quien defendió la legitimidad del reclamo. "Le exigimos a Victoria Villarruel que deje votar a Anabel Fernández Sagasti. El Senado no puede ser un ámbito exclusivo y hostil hacia nosotras. Este es un sistema de representación no pensado para las mujeres que maternamos, a mi me tocó padecerlo cuando era diputada", rememoró Donda tagueando a la vicepresidenta.
Por su parte, Di Tullio señaló: "Mi solidaridad total con Anabel Fernández Sagasti y mi repudio más enérgico por la violencia de la que es objeto". A esto, la legisladora subió un video con un discurso sobre el tema en una conferencia de prensa. Ante esto, Victoria Villarruel firmó el decreto DPP N° 66/2026 autorizando su participación virtual desde la Legislatura de Mendoza, medida sujeta a ratificación del pleno.El decreto , firmado por la presidenta del Senado, autoriza la participación remota de la senadora mendocina por razones de salud. Los requisitos técnicos incluyen validación biométrica continua, conexión VPN encriptada, transmisión de audio/video en alta definición y firma digital con token homologado.
Para analizar este escenario, existe aun antecedentes legales de las sesiones virtuales ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se destaca que el máximo tribunal ya fijó jurisprudencia sobre la validez del funcionamiento remoto del Congreso en situaciones excepcionales. En el año 2020, ante una acción declarativa de certeza presentada por la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el expediente "Fernández de Kirchner, Cristina en representación del Honorable Senado de la Nación s/ acción declarativa de certeza", la Corte Suprema determinó de forma unánime que el Senado posee total autonomía y atribuciones constitucionales exclusivas para interpretar sus propios reglamentos internos.
El tribunal ratificó que la Constitución Nacional no impone una presencialidad física inflexible y que el Poder Judicial no puede intervenir en las decisiones metodológicas de la cámara legislativa, siempre y cuando estas se adopten respetando las mayorías correspondientes. Este antecedente judicial clave consolida el marco de legalidad para que el decreto de Villarruel sea convalidado por el pleno, garantizando que el voto virtual de Fernández Sagasti sobre la Ley de Tierras cuente con plena validez jurídica frente a eventuales impugnaciones.
Sin embargo, el acontecimiento no estuvo exento de cuestionamientos. La crítica de mayor peso institucional provino de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien expuso públicamente una contradicción de la dirigencia kirchnerista. Casado recordó que el año anterior, cuando una diputada provincial mendocina debió guardar estricto reposo por embarazo en San Rafael, el partido de Fernández Sagasti se opuso tajantemente a que sesionara por Zoom, señalando la existencia de una evidente "doble vara".
Por otro lado, eectores alineados al oficialismo criticaron que se intente reinstaurar la virtualidad en debates de fondo. Argumentaron que las sesiones remotas finalizaron formalmente con la emergencia sanitaria y que, desde entonces, el reglamento exige de forma estricta la presencialidad física de los legisladores en sus bancas para garantizar la transparencia del debate.
También te puede interesar
Galería de imágenes
Comentarios