Cuando el kirchnerismo llegó al poder, la familia presidencial tenía algunas casas en Río Gallegos y un par de departamentos en Buenos Aires. Pero el salto de calidad se dio el 7 de diciembre del 2006, cuando formaron la sociedad Los Sauces SA, con la que adquirieron 13 propiedades –incluidos dos hoteles de lujo– para luego alquilarlas. Hace más de diez años, desde las páginas de esta revista se viene contando cómo eran los negocios cruzados entre los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia Kirchner, en los que Osvaldo “Bochi” Sanfelice siempre tuvo un rol crucial, al igual que el contador Víctor Manzanares.
Recientemente la Justicia logró poner en cifras la dimensión de esos negocios en los que la ex familia presidencial rentaba propiedades a proveedores de obra pública, licenciatarios del juego y concesionarios de la industria petrolera. El cuerpo de peritos de la Corte Suprema determinó que el 87% de la facturación total de la sociedad Los Sauces SA provenía de los pagos de los grupos empresarios Austral e Indalo, el primero propiedad de Báez y el segundo de Cristóbal López.
En su fallo, el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, los empresarios Báez y López y el agente inmobiliario e íntimo amigo de la ex presidenta, Osvaldo Sanfelice, por formar una presunta asociación ilícita que tenía por objetivo lavar dinero de origen ilícito. Y también a la ex presidenta se le suma el cargo de negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso particular de CFK y sus hijos, se los ubica en la cabeza de la pirámide como los “jefes de la banda” y continuadores de un esquema ideado por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
Para el juez, este entramado “claramente fue pergeñado por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández, y Máximo Carlos Kirchner, quienes también contaron con las sociedades que, a tal efecto, crearon sus amigos personales Lázaro Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, y con las que ya tenía el empresario Cristóbal López y luego Carlos Fabián de Sousa; todo esto ordenado y organizado por su contador personal Víctor Alejandro Manzanares y los escribanos Ricardo Leandro Albornoz y Jorge Marcelo Ludueña, participando de este sistema además Martín Antonio Báez, desde el grupo Báez”.
De las indagatorias de los hijos de Báez surge que hubo un quiebre en la relación entre Lázaro y Cristina. Fue cuando el periodista Jorge Lanata hizo el primer programa sobre la llamada ruta del dinero K. Desde ese día, contaron sus hijos, Báez “empezó a prestar más atención a lo que hacía” con la contabilidad de sus empresas. Hasta ese día, habían aclarado que la relación entre ellos era normal, incluso después de la muerte de Néstor Kirchner. Leandro, el menor de los hijos varones de Báez, contó que su padre solía ir a la Quinta de Olivos y hasta recordó que había compartido un asado en el que estuvieron ambos ex presidentes. Fue en la estancia Guer Aike.
Jefes. El hecho de que la ex presidenta y sus hijos tengan el carácter de “jefes” hace que, en el futuro, en caso de ser condenados, el delito no sea excarcelable.
La inclusión de Florencia Kirchner como una de las “jefas” empieza a contar a partir de la muerte de Néstor Kirchner, cuando ella ingresa como socia de Los Sauces SA en el marco de la sucesión. Entre los documentos de la investigación están los recibos de sueldo de la menor de los Kirchner, quien cobraba alrededor de 45 mil pesos mensuales.
El otro aspecto insólito fue que 10 fojas antes de resolver todos los procesamientos, Bonadio se declaró incompetente, debido a que su colega Julián Ercolini ya investigaba desde antes a los mismos personajes y por esos mismos delitos. “Teniendo en cuenta ello, y que las causas a acumular se encuentran en estadios similares, reunirlas sería tanto por razones de economía procesal y comunidad probatoria como para procurar el éxito de la investigación a fin de no afectar la buena administración de justicia y la celeridad procesal”, escribió Bonadio. Lo llamativo es que para cuando “descubrió” que había otro expediente ya había hecho pasear a la ex presidenta por Comodoro Py, a su familia y amigos. Para Carlos Beraldi y Maximiliano Rusconi, los defensores de Cristina y Lázaro Báez, quienes intentaron recusar a Bonadio a lo largo del expediente, la única finalidad del juez era hostigar a su cliente.
Ahora, esta causa de Cristina, que fue iniciada por una denuncia de Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, se unificará con un expediente iniciado por una denuncia de Elisa “Lilita” Carrió. En guerras judiciales no existe la solidaridad de género.
Oportuno. El fallo del juez Bonadio, además, llegó justo el día en que visitaba la Argentina uno de los jueces más prestigiosos de Latinoamérica, el brasileño Sergio Moro, impulsor principal de la causa conocida como Lava Jato, en la que se investiga la megacorrupción brasileña que involucra a todos los partidos políticos, a la petrolera estatal y los mayores empresarios de obra pública. Al mismo tiempo que Moro daba una clase magistral de investigación de la corrupción, Bonadio con gran timing procesaba a la ex presidenta por hacer negocios con sus amigos patagónicos. En el transcurso del día, se encontró en el palacio de Tribunales con Moro, quien en la investigación del Lava Jato tiene en la mira al ex presidente brasilero, Luiz Inacio “Lula” Da Silva. Bonadio, consciente de la mala imagen de la Justicia argentina, no se iba a dejar marcar la cancha. Con el procesamiento del martes 4 de abril suma el segundo contra Cristina Kirchner.
En su fallo, respaldado en 64 pruebas, entre testimoniales, pericias, tareas de investigación e informes, Bonadio divide a lo que él llama “la banda” en tres grupos: los jefes, los organizadores y el resto. Entre “los jefes” están la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia; en el grupo de “los organizadores” están Lázaro Báez, Cristóbal López, Carlos Fabián De Sousa (socio de López), Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el contador Víctor Manzanares y Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner. En el último conjunto están los hijos de Lázaro, Martín, Luciana y Leandro Báez, así como el escribano Leandro Albornoz y otros empleados y familiares, como Oscar Leiva, el cuñado de Sanfelice.
Cristina Kirchner se quejó de esto en Twitter. El mismo día del fallo, la ex presidenta escribió su descargo contra la decisión del juez de derivarle la causa a Ercolini. “¿Y con el expediente qué pasó? Se lo mandó a Ercolini, que en el 2011 ordenó el sobreseimiento en idéntica causa”, le recriminó, haciendo referencia a la causa sobre el hotel Los Sauces (homónimo de la sociedad por la que ahora es procesada), que explotaba el empresario de la obra pública Juan Carlos Relats. Además agregó: “En las 392 páginas de su fallo, Bonadio no pudo detectar ni una sola operación en efectivo o alquileres que no se hayan cobrado con cheque”. Como si la corrupción sólo funcionara con cash.
Otras voces del mismo kirchnerismo afirman que el fallo no encontró ninguna evidencia para sostener el procesamiento. Aníbal Fernández, por ejemplo, sostuvo que en toda la resolución no hay ningún análisis de las obras públicas que recibió Lázaro Báez. En el kirchnerismo también afirman que la causa por la licencia para explotar la sala de juegos del Hipódromo de Palermo que Néstor Kirchner le concedió a López fue cerrada con el aval del fiscal Gerardo Pollicita. La diferencia es que en esa causa se investigaba la irregularidad en la concesión. Aquí se investiga la incompatibilidad de hacer negocios con este empresario.
Perlitas. Uno de los datos más llamativos surgió de la indagatoria de Cristóbal López. Tuvo que explicar por qué su socio en el Grupo Indalo, Fabián De Sousa, pagó 4.500 dólares mensuales extra a Cristina Kirchner entre el 2009 y el 2010. Los montos estaban transferidos pero no se encontraron los documentos o contratos que pudieran justificarlos. En ese entonces, De Sousa vivía con su esposa Rafaela Rubin y los hijos de ambos en el departamento L del 4º piso de la torre Dique. La explicación de los pagos extra fue insólita: López afirmó que además del pago del alquiler, se había llegado a un acuerdo donde se le pagaba a CFK por el uso de los amenities y lugares comunes del complejo (es decir, pagaba por usar algo que ya era suyo). Lo notable fue que De Sousa, quien se considera un duro negociador, ni siquiera intentó oponerse ante semejante exigencia. Los acreedores de Indalo deberían tomar nota de este comportamiento.
Una anécdota de los años de De Sousa como inquilino de CFK. Rafaela Rubin quería bajar el techo y contrató a una arquitecta de Comodoro Rivadavia para que hiciera las remodelaciones. Habían quedado bien, pero duró poco. Durante un fin de semana, el techo se desplomó sobre el living. Pudo haber sido una tragedia pero, por suerte, no había nadie. Cuando llamaron a la arquitecta para contarle lo que había pasado, no lo podía creer. Como compensación, se hizo cargo de los arreglos.
Imprescindibles. Osvaldo Sanfelice y Romina Mercado tienen un papel primordial en la trama de Los Sauces. Mercado es prima de Máximo y Florencia, y figura como empleada de la empresa Inversora M&S, que es parte del Grupo Indalo de Cristóbal López, uno de los principales inquilinos de Los Sauces SA. Esta sociedad le facturó a la empresa de la familia Kirchner el 47% del total facturado entre el 2009 y el 2016. Esto incluye el departamento del 4º L de la torre Dique y las oficinas 8 y 9 D, de la torre Juana Manso. Resulta inentendible el fetiche de López con este edificio. Él, además, es propietario y vive allí con su pareja, la modelo Ingrid Grudke. A esto hay que sumarle que en una tercera torre del complejo, sobre la calle Trinidad Guevara, CPC SA, la constructora de Indalo, es dueña de tres departamentos más. El desarrollador del Madero Center, Luis Perelmuter, muy agradecido.
“Bochi”. El gran gestor de las propiedades K es Osvaldo “Bochi” Sanfelice. El juez le apunta sus empresas, las cuales fueron “creadas o adquiridas en la época gobernada por Néstor y Cristina Kirchner”. Negocios Inmobiliarios SA fue creada el 31 de agosto de 2005 y tuvo como socio a Máximo Kirchner. Negocios Patagónicos SA fue adquirida por “el Bochi” y su esposa el 10 de febrero del 2007 y por último Idea SA fue creada el 7 de septiembre del 2011.
Sanfelice, a través de estas empresas, compraba, vendía, alquilaba y subalquila las joyas de ladrillo de la ex familia presidencial. Por ejemplo, “el Bochi”, en algunos casos, estaba de los dos lados del mostrador. Sanfelice es empleado de la firma Alcalis de la Patagonia, la cual facturó el 16% de lo que Los Sauces facturó en total entre 2009 y 2016.
Otro dato incómodo sobre Sanfelice surgió en la foja 4.764 del expediente, donde hay un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que analiza un reporte de operaciones sospechosas (ROS). Según los analistas de la UIF, el reporte nace a partir de una serie de movimientos financieros entre el 1 de octubre del 2013 y el 28 de abril del 2016 a través de la firma IDEA SA. Lo que llamó la atención de los expertos fue la suma de depósitos en efectivo que superaron los 13 millones de pesos. Para la UIF fue imposible determinar el origen de los fondos debido a que los depósitos fueron realizados por caja y por emplea
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por Rodis Recalt
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