En el país había un sector que se oponía a la Revolución Libertadora y actuaba por afuera de los “comandos clandestinos”: los militares peronistas. Su potencial despertaba expectativas. Era una opción “salvadora” que podía revertir la coyuntura. Muchos oficiales que habían sido leales a Perón, o que se habían mantenido en la legalidad, sin rebelarse contra su mando, habían sido pasados a retiro por las Fuerzas Armadas. Algunos fueron confinados en buque-cárcel Washington, en las aguas del Río de la Plata, y otros fueron obligados a no moverse de sus casas, bajo control militar.
Uno de estos casos fue el del general Juan José Valle. En marzo de 1956, Valle escapó de su encierro domiciliario, en la casa de su madre, y empezó a contactar a oficiales y suboficiales retirados y en actividad para promover un alzamiento contra Aramburu. Durante tres meses, Valle se movió en forma clandestina por la localidad de Avellaneda.
La génesis de la rebelión era vox pópuli para el Estado. Antes de que se iniciara, Aramburu ya había definido el instrumento jurídico con que sería reprimida: el fusilamiento. La Ley marcial ordenaba que “todo oficial de las Fuerzas Armadas en actividad y cumpliendo actos de servicio, podrá ordenar juicio sumarísimo con atribuciones para aplicar o no la pena de muerte por fusilamiento de todo perturbador”. Para las Fuerzas Armadas, una persona que portara armas, desobedeciera órdenes policiales o incurriera en “actitudes sospechosas” podía ser fusilada. El decreto estaba preparado, aunque no había entrado en vigencia. La mayoría de los jefes de los “comandos clandestinos” también estaban al corriente de la rebelión de Valle. Incluso algunos de ellos fueron encarcelados semanas antes de que estallara. Cayeron por delaciones o en celadas de inteligencia tendidas por agentes que se infiltraban en el alzamiento para ofrecer su compromiso.
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Pese a las caídas en las semanas previas, Valle prosiguió sus tareas. Avellaneda era el centro neurálgico de la revolución de los militares y civiles peronistas. Ya tenía fecha: el sábado 9 de junio de 1956. En la primera acción en esa localidad, Valle pensaba tomar el Comando de la Segunda Región Militar y, en forma simultánea, la Escuela Industrial. De allí obtendrían un equipo transmisor para lanzar la proclama del levantamiento por medio de una interferencia radial. La revolución se iniciaría cerca de las 23. En ese momento, habría miles de argentinos pendientes del relato de la pelea del boxeador Eduardo Lausse. La proclama sería la señal. A partir de entonces, se rebelarían las unidades militares ya previstas y se llamaría a la huelga general. La realidad se ocupó de deshacer esos planes. En la noche del 9 de junio, tanto los que debían tomar el Comando de la Segunda Región Militar como el grupo radiooperador que debía robar el equipo transmisor de la escuela no alcanzaron sus objetivos.
La zona tenía alerta policial y todas las guardias habían sido reforzadas. La sublevación había nacido muerta, sin posibilidad de ser comunicada en forma masiva. Además, esa noche, los movimientos que se preveían sincrónicos fallaron. Los 60 policías que, se decía, participarían de las operaciones no aparecieron. Los civiles que irían en busca de las armas perdieron a sus contactos. Alrededor de 25 personas fueron detenidas y conducidas a la Comisaría 1ª de Avellaneda y de Dock Sud. Un civil que intentó tomar el equipo de transmisión del Automóvil Club Argentino, en Palermo, y establecer comunicación por radio con todo el país, fue baleado por la policía. Muchas de las tareas secundarias, en las que estaban comprometidos grupos civiles, también se fueron abortando. Los que debían participar quedaron a la expectativa en su zona y luego se dispersaron. Las rutas no fueron cortadas ni se tomó el control ferroviario de La Plata a Buenos Aires, como estaba programado. Con el fracaso inicial de la operación que debía comunicar la proclama de Valle, el alzamiento quedó sin dirección, pero los planes continuaron en las unidades militares. La señal para la insurrección de Campo de Mayo era un apagón, que permitiría el desplazamiento de los insurrectos sin ser advertidos. Se decidió tomar la usina eléctrica. Pero el objetivo falló.
En la noche del 9 de junio, cuando ya se había tomado el puesto de guardia con medio centenar de hombres, entre militares y civiles, las luces de los edificios de la guarnición continuaban encendidas. El coronel Cortines, de todos modos, tomó la Agrupación de Infantería. Ibazeta, cuerpo a tierra con sus subordinados, se fue aproximando a la División de Blindados. Antes de la medianoche, además, ya tenían en su poder 8 vehículos de guerra. Faltaba el coronel Berazay. Había logrado reclutar un puñado de hombres en la puerta 3 de Campo de Mayo, pero ante la precariedad de sus fuerzas, dio por disuelta la operación y se marchó hacia el Regimiento de Palermo, donde creía que existirían mejores condiciones para la sublevación. La pérdida del contacto con Berazay dejó a Cortines y a Ibazeta a la espera de una orden. Ya no podían avanzar ni retroceder. El ex mayor Pablo Vicente, esa misma noche, debía tomar la Escuela de Mecánica del Ejército ubicada en Pichincha y Garay.
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El levantamiento funcionaría como detonante para otras acciones, la toma el Regimiento de Infantería 3, el Arsenal de Guerra y la cárcel de Caseros. Se habían propuesto liberar a los “comandos civiles” detenidos. Todos los blancos estaban ubicados en el mismo radio de acción. Desde allí, los grupos civiles al mando de Vicente —sumarían varias decenas y se movilizarían en camiones— marcharían hacia la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra. El complot de la Escuela de Mecánica se inició cuando militares y civiles, que contaban con la complicidad de los suboficiales de la guardia, traspasaron el acceso. El sargento Hugo Quiroga logró sublevar a medio centenar de aspirantes. La euforia duró unos minutos. El director de la Escuela movilizó al Regimiento Motorizado Buenos Aires, que, justo un año antes, había logrado recuperar el Ministerio de la Marina para el peronismo, el día de los bombardeos de 1955. Los rebeldes se rindieron ante la evidencia de su debilidad en la correlación de fuerzas. Los civiles de Vicente quedaron en los bares de las inmediaciones a la espera de alguna señal.
A partir de entonces, como había sucedido en Avellaneda, los planes en la Capital Federal se trastornaron. Los civiles se dispersaron entre los espectadores que salían del Luna Park, luego de ver la pelea de Lausse. Fracasada la acción en Pichincha y Garay, Vicente se movilizó hasta los regimientos 1 y 2 de Palermo. Sólo encontró silencio: el complot también había sido abortado. Adentro de la unidad había 20 suboficiales detenidos, con la cara contra la pared y después de la medianoche, los civiles que merodeaban la zona se volvieron a sus casas. El Regimiento 7 de La Plata era otro objetivo de la rebelión, a cargo del teniente coronel Osvaldo Cogorno. Tenía mando sobre 100 hombres, entre militares y civiles. Cuando Cogorno se hizo cargo de la guarnición, ordenó la toma de la jefatura de policía, las centrales telefónicas y un arsenal de La Plata. La tropa sublevada marchó en tres tanques Sherman. Pero el paseo militar que preveían se frustró cuando la policía defendió su sede a los tiros. Lo mismo sucedió en la Segunda División del Ejército. Los sublevados tenían mayor capacidad de fuego que los leales. Podían haber lanzado los tanques sobre los blancos y entrar por asalto. Pero los detenía el consejo de Cogorno: evitar el derramamiento de sangre. Prefirieron mantenerse a la distancia y disparar, a la espera de la rendición.
En la madrugada, cuando ya habían llegado las noticias de que la rebelión de Valle había fracasado, el combate todavía no se había definido. La Plata era el único foco rebelde que se mantenía en pie. Pero a correr de las horas los leales se reforzaron con una división de infantes de Marina procedente de Buenos Aires y una escuadrilla de aviones que ametralló el cuartel que todavía retenía Cogorno. A las 9 de la mañana, Cogorno izó la bandera blanca. Eran muchos civiles que esa noche habían permanecido en alerta, escuchando la pelea por radio, a la espera de la señal de Valle para las tareas de apoyo. Uno de esos grupos se reunió en la casa de Juan Torres, en el barrio de Florida. Cuando una comisión entró en esa casa, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía de Buenos Aires, preguntó dónde estaba el general Tanco y se los llevó a todos en un colectivo de línea a la Regional San Martín. Los militares se enterarían del paradero de Tanco cuatro días después.
Tras el fracaso de la toma de la Escuela Industrial, se había refugiado en una casa de Avellaneda. Luego se convirtió en el octavo sublevado que se refugiaba en la sede diplomática de Haití, ubicada en Vicente López. Por la noche, un grupo de marinos ingresó en la casa para llevarse a los asilados, en momentos en que el embajador daba cuenta de la situación en la Cancillería. Los militares detuvieron un colectivo de la línea 19, hicieron descender a los pasajeros, cargaron a los asilados y los secuestraron de la embajada. En la noche del 9 de junio, los detenidos de la Comisaría 1ª de Avellaneda fueron trasladados a la Regional de Lanús. El responsable era el capitán de navío Salvador Ambroggio. De las 20 personas que llegaron, 6 habían sido detenidas en el intento de la toma de la Escuela Industrial; el resto había sido aprehendido en la calle. Fueron ubicados en una sala grande, custodiados con armas largas. La radio retomó sus transmisiones y, por cadena nacional, a las 0.32 del día 10 de junio, el gobierno nacional anunció la entrada en vigencia de la Ley Marcial. Informó que los focos rebeldes estaban siendo sofocados y que 18 personas habían sido fusiladas en Lanús por intentar el asalto de una armería. La noticia era falsa. Se difundió para intimidar a los que todavía planeaban insubordinarse.
Las horas en la sala de la Regional pasaban sin otras novedades. Un civil los provocó: “A ustedes los van a matar a todos, ‘peronachos’ inmundos”. Después de un rato, un oficial de la custodia le pidió que dejara de molestarlos. Hubo un llamado telefónico que provocó el giro de los acontecimientos. Amboggio atendió la consulta y respondió. “Tengo veinte, dos militares y dieciocho civiles”. Luego agregó: “…seguros seis. El resto no sé. Todavía no les tomé declaración”. Entonces los detenidos empezaron a ser llamados a declarar. Primero José Irigoyen, teniente coronel en actividad. Estaba con uniforme militar. Permaneció en el despacho de Ambroggio por unos minutos y lo hicieron salir por la puerta derecha hacia el patio. Una ráfaga de ametralladora y un tiro final acabaron con su vida. Luego vinieron a buscar a Jorge Costales, capitán del Ejército detenido en la Escuela Industrial cuando intentaba armar el transmisor. Vestía ropa de civil. Le hicieron dos preguntas de rigor y Ambroggio señaló con su índice la puerta derecha. Lo llevaron del brazo. Costales terminó como Irigoyen: ametralladora y tiro. Ya había dos muertos en el patio de la Regional de Policía de Lanús.
En la sala de espera lloraban. No había duda de que estaban fusilando. Un policía argumentó que eran cohetes. “Dante Lugo”, llamó el oficial de la guardia. Lugo se levantó, pasó por el despacho de Ambroggio y se fue por la puerta derecha. Cada vez que aparecía el oficial en la puerta de la sala, los prisioneros temblaban. Ahora les tocaba a los hermanos Ross, Clemente y Norberto, ambos civiles. Los dos se despidieron con un abrazo. Primero fusilaron a uno. Luego al otro. El civil que molestaba volvió a llamar la atención. Desde un tragaluz se puso a observar el patio. “Vengan a ver esto, hay cadáveres apilados”. Faltaba uno. Osvaldo Albedro. Después siguieron las citaciones desde el despacho, pero a los nuevos declarantes, Ambroggio les marcó la salida por la puerta izquierda. Ya no se escucharon nuevas ráfagas.
Se hizo la mañana. Los policías trajeron facturas y ofrecieron café en la sala. Los detenidos fueron dejados uno a uno en libertad. Atravesaron el hall de la Regional. Cada policía hacía sus labores de rutina, denuncias, trámites. Los cadáveres seguían en el patio. Los detenidos de la casa de Torres, en Florida, fueron llevados en colectivo a la regional de San Martín. Tuvieron que esperar más de tres horas para enterarse de algo. Habían sido arrestados antes de la aplicación de la Ley Marcial. Eso les daba tranquilidad. Pero un chiste de humor negro corrió por la sala en voz baja. “A ver si todavía nos matan…”.
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Casi a las tres de la madrugada comenzaron a tomarles declaración y luego les entregaron sus efectos personales. Pensaban que pasarían la noche en el calabozo. No fue así. Fernández Suárez, desde La Plata —había ido a la capital provincial a defender la jefatura policial asediada por los rebeldes de Cogorno—, dio por radiotransmisor la orden de fusilamiento de todos los detenidos. Eran doce civiles. A las 5.30 de la madrugada fueron trasladados a la localidad de José León Suárez en un ómnibus policial y una camioneta. Recorrieron siete kilómetros. Cuando llegaron a un baldío, cerca del Club Alemán, la mitad de los detenidos bajó. El resto quedó en el ómnibus con la custodia. Los hicieron caminar en la niebla de la madrugada, entre la basura y empezaron a ametrallarlos. Algunos suplicaron por sus vidas, otros escaparon corriendo.
Los detenidos del ómnibus intentaron fugarse. Hubo nuevos disparos y cinco muertos. Carlos Lisazo, Vicente Rodríguez, Francisco Garibotti, Mario Brion y Nicolás Carranza. Cinco escaparon del fusilamiento y otros dos, que fingieron estar sin vida en el basural, lo hicieron más tarde. En Campo de Mayo, durante la madrugada del 10 de junio, Cortines e Ibazeta esperaron sin éxito las directivas de Berazay para continuar con el plan de la toma. Berazay hacía rato que había marchado hacia Palermo. Después de dos horas de incertidumbre, los sublevados decidieron rendirse antes que retroceder o escapar.
A las 10 de la mañana se constituyó el tribunal militar para juzgar a seis militares —los coroneles Eduardo Cortines e Ricardo Ibazeta, capitanes Néstor Cano y Eloy Caro, tenientes Néstor Videla y Jorge Noriega— y al mayor médico Juan Pignataro. Sus expectativas eran favorables: no habían matado a nadie ni disparado un solo tiro. El tribunal presidido por el general Juan Carlos Lorio tomó en cuenta este antecedente para decidir que no se les aplicara la pena de muerte. Pero a la noche el secretario de Guerra, general Arturo Ossorio Arana, informó al jefe de Campo de Mayo que los detenidos debían ser fusilados. Pese a la ilegalidad de la orden, Ossorio Arana decidió atenerse a la Convención Internacional de Ginebra para respetar la vida de uno de ellos: el médico debía ser exceptuado de la pena máxima. Para el resto, en cambio, pese a la sentencia sumarísima del tribunal militar, bastó un decreto del Poder Ejecutivo, el 10.364, firmado por Aramburu.
En la noche del 10 de junio, luego de arribar desde Rosario en el rastreador Drummond y de saludar desde el balcón de la Casa Rosada al pueblo reunido en la plaza para festejar la represión militar, el presidente se recluyó en la residencia de Olivos. La esposa del coronel Ibazeta fue hasta allí a reclamar clemenencia. Aramburu era el único que podía salvar a su marido del fusilamiento. Pero a las 2.30 de la madrugada del lunes 11 de junio solo obtuvo una respuesta: “El presidente duerme”. Había ordenado que nadie lo molestara. La Escuela de Mecánica del Ejército también tuvo que resolver qué hacer con sus sublevados. Como el alzamiento se había iniciado antes de la vigencia del decreto que disponía la Ley Marcial, no podían ser sometidos a juicio por la pena máxima. Se resolvió fusilarlos sin la conformación de un tribunal militar.
El lunes 11, los suboficiales Miguel Ángel Paolini y Ernesto Garecca, el cabo músico Miguel Rodríguez y el sargento Hugo Quiroga fueron ejecutados en la unidad militar de Pichincha y Garay. La misma suerte corrieron los suboficiales del Regimiento de Palermo, Luciano Rojas, Isaura Costa y Luis Pugnetti. Arrestados antes de que iniciaran el plan de sublevación, fueron fusilados el mismo día en la Penitenciaría Nacional. El coronel Cogorno escapó de La Plata tras la rendición. Lo acompañó el subteniente de reserva Alberto Abadie, que se escapó en la madrugada del 10 de junio del hospital donde estaba siendo atendido. Herido, sus condiciones para la fuga eran precarias.
Escaparon en un auto baleado, con botas de uso militar. Cogorno tenía una mancha de sangre en la camisa. En una estación de servicio de ruta fueron delatados. La policía los apresó los llevaron en helicóptero hacia el Regimiento de La Plata. Cogorno fue fusilado el lunes 11. El subteniente Abadie, en cambio, fue curado de sus heridas en el hospital. Al día siguiente lo ejecutaron. El embajador Jean Brierre ingresó en el Regimiento de Palermo y obtuvo la liberación de los peronistas que se habían asilado en su embajada. Luego volaron hacia Haití. Brierre fue declarado “persona no grata” y tuvo que partir.
El único alzamiento que logró emitir la proclama de Valle no tuvo fusilados. Ocurrió en La Pampa. La rebelión fue comandada por el capitán Eduardo Philipeaux. No esperó la proclama radical de Valle: a las 23, tomó su distrito militar local y mantuvo el control de San Rosa durante toda la noche. Por la radio local se leyó la proclama revolucionaria. Pero, durante la mañana, el Regimiento 13 de Caballería terminó con la rebeldía. No hubo muertos. Phillipeaux huyó a San Luis, fue apresado, pero no lo fusilaron. Respetaron que se hubiera alzado antes de la difusión de la Ley Marcial. Todavía faltaba Valle, que se había ocultado en un departamento en Buenos Aires. La presión era cada vez más insostenible.
Los militares hicieron trascender que las ejecuciones continuarían hasta tanto él no se presentara ante las autoridades. Valle pidió condiciones para entregarse. Le aseguraron que no lo matarían ni habría más muertos. Este compromiso que recibió Valle también trascendió en la tapa del diario La Nación el día 11 de junio. “Las sentencias a muerte que se dicten en el futuro serán conmutadas, para lo cual el presidente ejercerá su poder de gracia.” También se lo reclamaron al general Aramburu miembros de la Corte Suprema de la Nación y de la Iglesia. Pero la única condición para asegurar la vida de los sublevados era que Valle se entregara. Los militares ya habían dado su palabra de que no lo matarían. A las 4 de la mañana del día 12, el líder rebelde acordó un encuentro con una comisión militar al mando del capitán de marina Francisco Manrique.
Valle fue detenido, interrogado y trasladado a la Penitenciaría Nacional diez horas después. Su ejecución estaba prevista para las 10 de la noche del mismo día. Un obispo reclamó a Aramburu que demorara algunas horas para activar una gestión en la Santa Sede. Pero no hubo retraso ni clemencia. Valle fue ejecutado a tiempo, en día y hora, como estaba previsto.
El general Valle tampoco contó con la absolución de Perón. El líder exiliado no había alentado la rebelión cívico-militar. Al contrario, la descalificó. El golpe, “es la consecuencia lógica de la falta de prudencia que caracteriza a los militares. Ellos están apurados. Nosotros no tenemos por qué estarlo. Esos mismos militares que hoy se sienten azotados por la injusticia y la arbitrariedad de la canalla dictatorial, no tenían la misma decisión el día 16 de septiembre, cuando los vi titubear ante toda orden y toda medida de represión a sus camaradas que hoy los pasan por las armas”, le escribió a Cooke el 12 de junio, con los cuerpos de los sublevados todavía calientes.
Perón desautorizó posibles asonadas. No las apoyaría aún cuando invocaran su nombre. Ya había elegido la vía para su retorno: la resistencia civil. También la metodología: la insurrección. Los militares peronistas no le resultaban confiables porque podrían prescindir de su liderazgo y volverse incontrolables a su mando. Tenía confianza en la “fuerza motriz” de su pueblo, el odio y la venganza.
*Periodista e Historiador (UBA). Autor de "Un siglo de violencia política" (Ed. Sudamericana).
por Marcelo Larraquy*
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