Marcelo Larraquy denunció piratería de sus libros y los de otros escritores

El escritor e historiador argentino Marcelo Larraquy denunció, a través de su cuenta de Twitter, a una página llamada Lectulandia en la que se difundió su última obra publicada “La guerra invisible” sobre la guerra de Malvinas (Sudamericana). A pesar de violar las leyes de propiedad intelectual y sumado al pedido explícito del autor de que bajen su contenido del sitio, los administradores de la página web se negaron a eliminar el libro de la web, alegando que uno de sus objetivos era difundir material gratuito para todas aquellas personas que no pueden acceder a él: “Tranquilo Macelo, seguiremos ofreciendo la lectura gratuita a la gente que no puede permitírselo mientras que la gente que quiera comprará tus libros”.

La respuesta suscitó la indignación del autor y de muchos otros profesionales del rubro y reabrió el debate generado al inicio de la cuarentena, cuando surgieron diferentes sitios que divulgaban contenidos literarios en pos de entretener y aliviar la situación de incertidumbre que millones de personas estaban viviendo, pero violando flagrantemente los derechos de la propiedad intelectual.

Un ejemplo de ellos fue el grupo de Facebook llamado “Biblioteca virtual”. Si bien en su información general aclaran que la idea de la página es difundir contenido que esté liberado de derechos (esto es, que sean de “dominio público”) o propiedad de autores contemporáneos que autoricen su circulación, en la práctica, esto no sucedió así. En Mayo del 2020, la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, fue fuertemente agredida cuando, al igual que Larraquy, solicitó que bajara su obra de la “Biblioteca virtual”.

“Cada vez que veo un sitio en el que distribuyen textos en formato PDF de autores, le notifico al departamento de legales de la editorial Penguin Random House. Me doy cuenta porque me aparecen en la alerta de Google. Hay una idea de solidaridad en la que se justifica la divulgación ilegal de los libros para que lleguen a todas aquellas personas que no pueden acceder a ellos, pero para eso están las bibliotecas públicas. El Estado se dedica a comprar libros. Hacer solidaridad con el esfuerzo ajeno es la peor de las solidaridades, directamente es un acto delincuencial que viola los derechos autorales. A los escritores nos cuesta defender nuestras regalías frente a las editoriales, peor sería la situación si tuviéramos que hacer obras para que se distribuyeran gratuitamente en el supuesto beneficio de la solidaridad”, afirma Marcelo Larrequy.

Piratería y propiedad intelectual

La creación de sitios como “Biblioteca Virtual” incrementó las ediciones digitales piratas durante la pandemia. Así, según afirma la abogada especializada en derecho de autor y directora ejecutiva del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (CADRA), Magdalena Iraizoz: “Durante la pandemia, tanto en Instagram, Facebook y Mercado Libre se incrementó muchísimo el material pirata. Uno de esos casos fue el libro de Santiago O’Donnell llamado “Hermano”, que pirateado por Whatsapp. Utilizando la pandemia como excusa, lo único que han hecho algunos es llenarse de plata a costa de los autores. Con el argumento del dominio público justifican el delito de piratería o reproducciòn ilegal”.

Para la escritora argentina Florencia Canale, que también se sumó al debate en Twitter, “piratear una obra de autor es como vender una escritura falsificada de mi departamento. Esto es de mi propiedad, no tienen derecho a vender un objeto de mi propiedad. Deberían ir presos”, afirma Canale.

Sin embargo, pese a ese argumento, hay que destacar que las penas para quien delinque en perjuicio de la propiedad intelectual, son mínimas. Según comenta el abogado que representa a la Editorial Planeta, Pablo Slominisqui: “Esta parte es más triste todavía. Se puede pedir 'probation' (que impone tareas comunitarias y la reparación del daño causado) o se puede conciliar (un acuerdo entre ambas partes que puede eximir de la pena al imputado). A esto se le suma que en la mayoría de los casos, los hechos son difíciles de probar, es difìcil saber quién es culpable. También es complicado poder dar cuenta de la magnitud del daño causado: si alguien sube un PDF a Facebook, uno no puede asegurar cuánta gente descargó ese documento”.

Un delito que en tiempos de internet se agiganta porque realizar ediciones pirata en la web es mucho más sencillo que producirlas en papel (aunque también hay una larga tradición de piratería “física”).