Martes 21 de septiembre, 2021

ECONOMíA | 20-02-2021 11:13

¿Alcanza con la conciencia solidaria para vacunar?

La aplicación de la vacuna es el objetivo, pero cómo administrar la escasez de dosis plantea un interesante dilema social y económico.

Una noticia reciente publicada en el diario brasileño Valor Económico referida a la posición del Comité de Bioética del Hospital Sirio–Libanés de San Pablo (uno de los centros de excelencia en salud de Brasil) sobre la iniciativa de compra por parte de la iniciativa privada de vacunas contra el Covid-19 para sus empleados y/o personas de alto poder adquisitivo, me despertó la necesidad de analizar algunas potenciales situaciones que podrían ocurrir y la necesidad de consensuarlas previamente con la sociedad para evitar situaciones no deseadas y maximizar los resultados de un proceso de vacunación que ha sido definido como indispensable por los especialistas para poder volver a una nueva normalidad.

El gobierno argentino determinó que el Estado nacional tiene como objetivo vacunar de forma gratuita a toda la población priorizando a una población objetivo[i] estimada en 23/24 millones de habitantes, pero no dice cómo y cuándo pretende actuar en el restante 50%.

Científicos reconocidos mundialmente han manifestado que para alcanzar la ¨inmunidad de rebaño¨ que permitirá la vuelta a una nueva normalidad en todo sentido sería necesario contar con entre un 70 y un 80% de personas vacunadas[ii], lo que requiere pensar cómo vacunar lo más rápido posible a la mitad de la población no alcanzada por el Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid.

Cabe pensar que, en un futuro relativamente próximo (digamos entre 6 y 12 meses), un porcentaje más o menos relevante de la población -lo que toca a la población objetivo- habrá sido ya inmunizada por alguna vacuna, o por haber sido Covid positivo y, en consecuencia, haber sido parcialmente inmunizados. Simultáneamente se podría esperar qué, junto con la sistematización y normalización de la producción de la vacuna a nivel mundial, los laboratorios farmacéuticos productores, habiendo cumplido o estando en proceso de cumplir sus contratos con los Estados, puedan comenzar a tener excedentes productivos, los que podrían ser colocados al sector privado que, a su vez, los vendería a través de sus redes de vacunación como va a ocurrir en México[iii].

Es en este momento donde los aspectos éticos tratados del acceso a la vacuna comienzan a tener o no relevancia.

Un primer punto es si el Estado tendrá no solo la capacidad (demostrada hasta ahora por la efectividad del Plan Nacional de Vacunación) sino el imperium de hacer llegar la vacuna y vacunar a todos los grupos de riesgo de forma tal a disminuir el impacto en el sistema de salud de la pandemia (que debería ser la razón por la cual se disponen las restricciones de circulación, etc., actuales). Pero qué pasaría si, durante este período, los integrantes de un determinado grupo de riesgo no aceptaran, de forma voluntaria aplicarse la vacuna provista por el Estado (sea por desconfianza o por formar parte de minorías antivacunas).

¿Cuáles deberían ser los mecanismos legales -dado que la vacunación es optativa - que induzcan a una persona que forma parte de un grupo de riesgo a vacunarse de forma tal de disminuir el costo económico potencial del tratamiento de la enfermedad (muy superior al de la vacuna) y el costo socio – económico agregado que ello genera?

Quizás valdría la pena pensar en mecanismos de incentivos para ello, validados legalmente, por ejemplo, que exista algún tipo de diferenciación en su tratamiento por cualquiera de los subsistemas de salud. Por ejemplo: si tenés más de 70 y no quisiste vacunarte, ¿no hay acceso - o este queda limitado - a terapia intensiva en el sistema público de salud en caso de emergencia? ¿O en el subsector privado un aumento significativo en el costo del plan de salud para cubrir los costos potenciales de internación en terapia intensiva?

Supongamos por un momento que un ciudadano tuviera preferencia por algún tipo de vacuna con relación a otra, siendo que la disponibilidad en el sistema público es de un determinado tipo de vacuna no deseada por éste, ¿sería razonable que el subsistema de salud privado la provea / venda sin subsidio por parte del Estado nacional con el objetivo de disminuir su futuro costo operativo.

Por otra parte, si estuviéramos ya a fines de 2021 o en 2022, con la mayor parte de los grupos de riesgo ya vacunada (por la razón o por los incentivos), restará vacunar al restante 50% de la población.

¿Sería razonable pensar en que algunos segmentos de la población tengan derecho a comprar la vacuna de su elección sin un subsidio del Estado al que ellos han renunciado por elección propia, con el consecuente ahorro de recursos en el presupuesto público?

Cuáles incentivos deberán ser colocados a disposición del público por el Estado para que la vacunación alcance al mayor número posible de personas, habiéndose observado en estos últimos meses que, en particular los más jóvenes (y que son la mayor parte del grupo que no es de riesgo), no parecen muy dispuestos a acatar las disposiciones oficiales relativas al cuidado con relación al virus y que son además los grupos etarios donde están más difundidas las ideas antivacunas en genera.

En fin, el objetivo de este artículo no es promover alguna de las ideas antes comentadas (quizás demasiado de ¨mercado¨ para algún gusto) sino empezar a generar un debate. Contar simplemente con ¨la conciencia solidaria de la comunidad¨ parecería incurrir en un riesgo demasiado alto frente a los demoledores efectos socio–económicos que causó el coronavirus.

 

*Economista (UBA). Posgrado en Negocios en la Fundación Getulio Vargas-San Pablo.

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por Juan Soldano Deheza*

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