Martín Guzmán debe lidiar este año, además de los coletazos de la pandemia y las negociaciones con el FMI con un problema adicional: una dispersión en los niveles de inflación para los diferentes rubros. Es lo que los economistas denominan un cambio en los precios relativos. Pero este será, además, un año particular. Desde 1983 a la fecha hubo 19 comicios nacionales y en cada uno de ellos, los ministros de Economía de turno se encontraban con una restricción adicional a las muchas que habían enfrentado cuando juraron: el impacto electoral de las medidas de ajuste y corrección para lo que habían sido convocados.
La historia de los precios
Especialmente lo vivieron como una piedra en el zapato los ministros más longevos en sus cargos: Juan V. Sourrouille (Alfonsín), Domingo Cavallo y Roque Fernández (Menem), Roberto Lavagna (Duhalde/Kirchner) y Axel Kickillof (CFK) cuando tuvieron que adaptar aspectos de su política económica al calendario electoral. Quizás el caso más dramático fue el de Alfonsín, que luego de anunciar la vigencia en marzo de 1985 de una “economía de guerra” lanzo el más audaz de los planes económicos, el Austral, que le hizo ganar una votación que tenía perdida.
No es una novedad: en cualquier sistema democrático la política económica se tamiza con las urgencias políticas, el desequilibrio se da cuando el corto plazo anula cualquier iniciativa de corrección en la política económica que se termina pagando, inevitablemente, en el año par siguiente. En ese sentido, el presente no pudo haber sido diferente. En todo caso, la novedad se arrastró con el cisne negro de la pandemia, que, a 11 meses de la irrupción de las cuarentenas en Argentina, siguen marcando a fuego el futuro inmediato.
La primera consecuencia de este freno que hoy le toca transitar al ministro Martín Guzmán es la inflación. En medio de una renegociación con los acreedores externos y un déficit fiscal imposible de financiar con recursos corrientes (estaría entre los 8 y 10 puntos del PBI) la emisión monetaria fue la rueda de auxilio de la política económica. El 36% anual con que terminó 2020, es una foto sesgada de la realidad, especialmente desde el segundo trimestre cuando la parálisis de actividades, el cierre de empresas de servicios y la caída abrupta del empleo informal se juntó con los controles de precios, la amplia lista de precios sugeridos, la ley de góndolas y el congelamiento de tarifas. La política cambiaria también se alineó, con la utopía del dólar ahorro y hasta la crisis de noviembre, que se reflejó en un dólar blue que rozó la barrera de los $200, para que el índice de precios al consumidor (IPC) no volara al ritmo de la emisión monetaria. A partir de marzo, el crecimiento del IPC se estabilizó en 1,5% mensual, luego de julio, en 2% y pegó otro salto en octubre para un 2% mensual. Pero a partir de allí, el nuevo rango pasó a estar entre 3,5% y 4%, lo que equivale a una proyección anualizada entre 50% y 60%.
Dentro del promedio. Sin embargo, cuando se diferencian rubros el promedio dice bastante menos, porque surge de mezclar productos congelados (las tarifas), otros que siguieron la pauta general y algunos que duplicaron el nivel general. Según el INDEC el sector de bienes para el procesamiento de datos (computadoras, etc.) subieron 75%, los autos, 64%, la ropa, 61% y el equipamiento y reparación del hogar, 59%. En la otra punta, gas, agua y electricidad: menos del 1%; telefonía e internet: 6% y prepagas, 10%. En algunos casos vinculados a disposiciones gubernamentales, en otros a la devaluación del peso o restricciones a las importaciones. Se generó lo que se denomina una distorsión de precios relativos. Casi como acumular presión alimentada por la emisión monetaria incesante.
Causas. La inflación argentina, todo un clásico que perdura a lo largo del tiempo y que estimula el análisis económico de este gran laboratorio socia tan interesante para los estudiosos como ingrato para los que habitamos en él, normalmente se debió a tres factores que en este 2021 están confluyendo con más fuerza: la emisión monetaria, el cambio en el precio relativo de los productos (incluido el tipo de cambio) y la presión por recomponer ingresos.
Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas, recuerda que Argentina promedió 65% de inflación en los últimos 70 años y sólo hubo 13 años con inflación de un dígito, hoy el estándar mundial. “Los acuerdos sociales y controles de precios fracasaron sistemáticamente– explica- porque al aumentar la inflación, crecen la fuerza para poder recomponer ingresos que realimenta el proceso. Pero no olvidemos de que sería imposible que exista sin que haya desequilibrio entre lo que el Gobierno emite y la gente quiere tener en su poder”.
Francisco Gismondi, director de Empiria Consultores, ve nubes en el horizonte, pero no necesariamente para este año. “La emisión monetaria de 2021 sería de unos 4 puntos del PIB. Es mucho, pero es menos que los 8 puntos de 2020”, explica. Esto quiere decir que la inflación de 2021 depende de algunas cosas que pasaran en 2021, pero también del exceso de pesos que quedó de 2020. “Si hay una mayor emisión por medidas electoralistas- agrega- una parte podrá impactar este año, pero otra en 2022. Los efectos monetarios no son inmediatos, pero llegan inevitablemente”, concluye.
Diversidad de precios
La otra cuestión además del promedio está en los desequilibrios que genera la dispersión de precios. La amplitud cada vez mayor opera en detrimento de encontrar una sostenibilidad al sistema, como le gusta subrayar al propio ministro de Economía. Sucedió ahora, con la carne y las verduras que, al estar más libres en su composición, recortaron con mayor rapidez el retraso con el que habían entrado a las cuarentenas. En el caso de los cortes populares, por ejemplo, el economista jefe de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FAD), David Miazzo, advierte que aún está entre 10% y 15% por debajo del valor de marzo de 2016, medido en dólares oficiales.
Las medidas que podrían frenar el tren en velocidad, no se pueden o no se quieren tomar en un año electoral. Recién tuvo que existir un riesgo cierto de agotamiento de las reservas del Banco Central, incluidos los encajes de los depósitos en dólares en el sistema bancario, para que cambiara la política cambiaria, acelerando la devaluación y operando en el mercado de cambios. Medidas que frenaron la corrida, pero patearon para adelante el problema. Otras, como la unificación del tipo de cambio o la baja en los subsidios para las compañías de servicios públicos también quedaron para más adelante. Esto sin entrar en lastres que la economía argentina arrastra desde hace más de una década, como la precarización del mercado laboral, la parálisis de la demanda de trabajo, los parches al sistema previsional y fiscal o el equilibrio imposible en el sector externo. Será materia de análisis en un año par. Justo el momento en que la inflación se cobre el recreo de este año y presione, aún más, por recomponer equilibrios. ¿La sostenibilidad? Bien, gracias.
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