Jueves 6 de octubre, 2022

ECONOMíA | 27-02-2022 00:06

¿Más impuestos para cumplir con el FMI?

El compromiso con el Fondo obliga al Gobierno a aumentar la recaudación tributaria en una economía sin la recuperación de 2021.

La coincidencia casi sorprende. Mientras la inflación interanual de enero 2022 fue del 50,7%, la recaudación impositiva ese mes trepó al 51,6% con respecto a igual período del año anterior. Pero mientras el ministerio de Economía se esforzaba en mostrarlo como un síntoma de “la tendencia expansiva observada durante todo el 2021”, los números muestran que, en términos reales, la recaudación aumentó solo 0,9% en total. Y con una economía que se estima creció 10% en dicho período plantea un desafío mayúsculo para la política económica frente al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de ir bajando el déficit fiscal, ya desde este año al 2,5% del PBI y así sucesivamente hasta llegar al equilibrio (primario, o sea antes de intereses) en 2025. ¿Hay margen, entonces, para recaudar más?

Obstáculos. Ese camino no será fácil y por eso los cuestionamientos dentro de la propia coalición oficialista. Es que para ir bajando muy gradualmente el rojo fiscal con que terminó 2021 (3,1% del PBI) la política económica de los últimos dos años deberá tomar otra dirección en algunos aspectos y, además, los vientos ya no son tan favorables como el año pasado.

El crecimiento de los últimos doce meses fue, sobre todo, un rebote lógico después de la tormenta perfecta en la que entró la economía con la pandemia. El año electoral se terminó llevando el ahorro fiscal del primer semestre, consumió los US$15.000 millones de superávit comercial que origino el boom de precios agrícolas, pero también originó distorsiones que ahora están pugnando por un nuevo equilibrio. El excedente se utilizó para pagar obligaciones a organismos internacionales (además de los US$ 4.350 millones entregados por el FMI) y a controlar la brecha cambiaria ya que el dólar oficial fue mantenido artificialmente bajo para constituir un ancla inflacionaria.

Otras dos presiones acumuladas fueron la de los precios controlados y la de las tarifas congeladas. Mientras las remarcaciones ya fueron restaurando precios relativos, las discusiones sobre la magnitud de la actualización de tarifas creció en intensidad. Si hasta diciembre se estimaba en 130% el aumento sólo para aliviar la situación, pero los aumentos de las últimas semanas en el precio del gas y el petróleo hacen tambalear nuevamente el esfuerzo fiscal: aún con los precios del año pasado, de no mediar correcciones, el conjunto de los subsidios demandaría US$14.000 millones, casi 3% del PBI.

Recaudar. Sin crédito externo para amortiguar el ajuste, el foco oficial apunta a la recaudación fiscal. Para hacerlo hay tres maneras: elevar las alícuotas (como ocurrió el año pasado con Bienes Personales), crear nuevos impuestos (a las altas rentas, el PAIS) o reducir la evasión. Otra alternativa es la de esperar que la reactivación automáticamente mejore la recaudación por ósmosis.

A esta altura, el Gobierno optó, por ahora por todos los medios excepto el de creación de nuevos gravámenes porque no tendría los votos para hacerlo, pero también porque queda poco por inventar (se estima que hoy son 170 los impuestos operativos en los tres niveles administrativos).

Para llegar al equilibrio en 2025, si se crece al 3% y se puede mantener el gasto en real, con los ingresos subiendo al 4,5% real cada año, es posible llegar al equilibrio en 2025. Pero no es fácil y hay muchos desafíos”, explica Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). A su juicio, en un sistema como el argentino, siempre hay margen para recaudar más por combatir la evasión o la elusión. Quizás por eso, la AFIP comenzó el año enviando recordatorios de pago o advertencia de mal encuadramiento impositivo. Pero también Argañaraz estima que sólo por la reactivación habrá menos peso de la economía informal de manera automática, con el beneficio “en cascada” también para el orden provincial y municipal. “No veo que hay margen para subir tasas o crear impuestos, pero sí apostar a una mayor formalización”, concluye.

Por su parte, el economista Jorge Colina, presidente de IDESA aprecia que el salto recaudación basada en la actividad interna está cayendo y no parece que la economía pueda crecer este año el 3% que el Gobierno proyecta para que las cuentas cierren, básicamente por el estrangulamiento del sector externo que afectan sectores industriales en plena recuperación y la falta de inversiones que pueda hacer sostenible dicho proceso. En este contexto, cree que ponerse duros con las fiscalizaciones en el marco de una contracción económica es agravar la caída.

“Por donde sí podría tender a aumentar la presión, es por el comercio exterior. Si los precios internacionales siguen altos, puede que el Estado nacional tenga una buena recaudación de estos impuestos en el 2022”, afirma.

Distorsiones. El caso argentino es peculiar. La presión impositiva total (sumando el orden nacional, provincial y municipal) habría llegado en 2021 al 29,5% del PBI. Hay países de la OCDE que tienen hasta 10 puntos más y no sufren los problemas que sí presenta el sistema tributario argentino. “Una parte de la gran evasión tiene que ver con la altísima presión fiscal sobre los que pagan”, enfatiza el tributarista César Litvin. Sin embargo, lo que más debería preocupar no es sólo un porcentaje en si mismo sino el sesgo de todo el sistema que castiga la inversión y se ensaña con las empresas y los pocos que sí pagan impuestos a los ingresos o al patrimonio.

Las últimas modificaciones a Bienes Personales ampliaron la brecha que separa el sistema argentino de otros que son más progresivos y en el que todos pagan algo en lugar de que pocos pagan mucho y otros autoperciben que no son pagadores. Es lo que denomina un “sesgo anti-inversión”, graficado por la última encuesta del Banco Mundial “Doing business” en el que, en promedio, las empresas que trabajan en Argentina tributan 106% de sus utilidades contra el 45% promedio de la OCDE. Un socio presente en las buenas y ausente en las malas. “La falta de inversión incide en la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza y del gasto público, que casi se duplicó en los últimos 20 años, haciendo muy difícil su financiación”, puntualiza.

Si bien se mide la evasión fiscal y se sitúa más cerca del techo del 40% que del habitual 30% de todo el flujo de bienes y servicios, hay algunos sectores en los que la evasión es mucho mayor. El mayor agujero se da en los impuestos al consumo (IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales) por lo que el control de dicho problema se torna un tema políticamente más sensible. Es por esa razón que es más digerible alentar subas en las alícuotas al patrimonio o focalizarse en quienes ya están pagando: cazar en el zoológico tributario.

La inflación, otra vez.  A este mosaico que dificulta cumplir con el voluntarismo de que un eventual crecimiento económico acomode las cifras y cauterice los conflictos, debemos sumar la inflación, que en los últimos tres años tuvo un promedio del 47% anual. Con esa magnitud, se calcula que está ejerciendo su rol impositivo con otro 2% del PBI. “No es cierto que la inflación perjudica a todos. Hay algunos que ganan. Colina estima que la presión impositiva de las provincias aumenta inercialmente con la inflación por el arrastre de Ingresos Brutos (casi el 75% de la recaudación propia).

y si sumamos la inflación, el verdadero sacrificio fiscal de los contribuyentes que pagan, estamos en los niveles más altos (depurando la informalidad). Pero también advierte que con 55% anual como el proyectado para 2022, no habrá inversiones de magnitud para hacer crecer una economía estancada hace tiempo al 3% anual que demandaría el tránsito sin escalas hacia el prometido “déficit cero” en 2025, una meta cada vez más utópica.

 

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Tristán Rodríguez Loredo

Tristán Rodríguez Loredo

Editor de Economía.

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