La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, ha admitido que de la pandemia se saldrá con más desempleo y menos empresas. Por eso, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, está previendo reforzar las actuales ayudas a la población más vulnerable con dos herramientas: un programa de 300.000 empleos de la economía popular y un ingreso universal o renta básica.
El Gobierno se propone generar los 300.000 puestos de trabajo con el objetivo de reactivar la economía y la producción, con mano de obra intensiva, mediante el Programa Potenciar Trabajo, que ya lleva adelante Desarrollo Social, y que apunta a cinco sectores que impactan en el desarrollo local. Potenciar Trabajo es producto de la reconversión de dos programas heredados del gobierno de Cambiemos, Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, abarcará a 580.000 trabajadores, pero en una primera etapa apunta a 300.00. ¿De qué manera? Se crearán unidades productivas para que las personas puedan poner en marcha, reactivar, consolidar o mejorar iniciativas individuales o colectivas, urbanas o rurales. Se destinarán subsidios y créditos no bancarios a tasas bajas para la compra de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital.
El plan prevé un ingreso protegido al empleo: los titulares que ingresen en el mercado formal de empleo y sus ingresos superen el salario mínimo, vital y móvil permanecerán en el programa durante el primer año de la relación laboral. Existen cinco sectores productivos considerados fundamentales:
- Construcción: pequeñas obras de infraestructura local en coordinación con las provincias y municipios.
- Producción de alimentos: para garantizar el derecho a la alimentación y crear empleo en cada una de las regiones geográficas. También implica el desarrollo del comercio popular.
- Textil: fortalecerá las cooperativas y los emprendedores de este rubro que en la pandemia se demostró como clave para confeccionar barbijos, cofias y camisolines.
- Economía del cuidado: un sector pocas veces reconocido, y que cumple un importante rol social, encargándose de los adultos mayores y de los niños.
- Recolección y reciclado de residuos urbanos: se lo cataloga como empleo inclusivo y se pretende mejorar las condiciones laborales muchas veces insalubres e indignas de los recicladores individuales.
En el organismo que conduce Daniel Arroyo se encuentran trabajando además en otras líneas de acción con las que se busca fortalecer el empleo y la producción. En esa línea, se avanza en estos programas:
* Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Se creará el ReNaTEP, que busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo. Permitirá acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera.
* Banco de máquinas, herramientas e insumos. Se generará en los municipios un sistema de bancos de máquinas, herramientas e insumos que sirvan de apoyo para los trabajadores. Por ejemplo, con el objetivo de llevar adelante pequeñas obras de construcción locales como mejoramientos de plazas, parques, escuelas, hospitales y centros de atención primaria de la salud.
* Programa Recuperar. Se establece una línea de asistencia específica para las empresas recuperadas con financiamiento no bancario a una tasa de interés del 3% anual para máquinas, herramientas o bienes de capital. También incluye subsidios (no reembolsables) para compañías en proceso de recuperación o que están iniciando su actividad como cooperativa; para las que necesiten volver a ponerse en funcionamiento o para capacitación de los cooperativistas. La asistencia financiera para las empresas recuperadas tiene como objetivo generar nuevos puestos de trabajo y mantener los existentes. El sector cuenta con unas 400 cooperativas que generan unos 18.000 empleos en forma directa. Existen unos 70 proyectos presentados hasta la fecha.
* Programa Microcréditos. La Comisión Nacional de Microcréditos (Conami) puso en marcha un fondo de microcrédito que, a través de organizaciones administradoras y por medio de gobiernos provinciales y municipales, ofrece financiamiento para proyectos integrales de desarrollo territorial. El objetivo es vincular producción y consumo solidario para financiar la compra de máquinas, herramientas e insumos para la producción para reactivar la economía popular. Ofrece tasas del 3% anual destinadas a dar respuesta rápida al desendeudamiento de las familias y la necesidad de escalar el volumen de las finanzas solidarias. Promueve el uso de la herramienta del microcrédito entre las organizaciones de los movimientos sociales para la producción de alimentos saludables, el desarrollo de indumentaria textil, la producción social del hábitat, la economía del cuidado y los proyectos de reciclado urbano.
La otra pata de Desarrollo Social para la pospandemia es la renta básica. La forma del ingreso está en debate: aún resta definir si será universal o de base. Pero el Gobierno reconoce que la gente que comenzó a recibir asistencia en el marco de la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), tendrá muchas dificultades y por eso considera importante que tenga un dinero de base para el camino de salida.
El objetivo de la renta básica es reconstruir la movilidad social ascendente. Frente a las críticas de quienes consideran que este ingreso desalentará la búsqueda laboral, el Ejecutivo sostiene que deberá estar vinculado al mundo del trabajo y guardar relación con la escasez de recursos fiscales reinante.
“El universo de asistencia del Estado es 9 millones de personas que cobran el IFE, 580.000 personas que cobran planes sociales, que significan la mitad del salario mínimo, y 4 millones de chicos cuyos padres cobran AUH (asignación universal por hijo", describió Arroyo. "Sobre ese universo hay que pensar el mecanismo de la renta básica, que deberá tener etapas que están ligadas a las posibilidades fiscales”, agregó.
Pero más allá de los proyectos, el ministerio cuenta en la actualidad con líneas de asistencia alimentaria para atender la emergencia:
* Fondos rotatorios para provincias y municipios: en abril se transfirieron 500 millones de pesos a provincias y municipios para compras de alimentos y artículos de limpieza. En mayo ese fondo se duplicó y pasó a 1.000 millones y en julio, a 2.000 millones.
* Bono programa Potenciar Trabajo. En julio se vuelve a pagar un bono de 3.000 pesos para los 345 mil beneficiarios que no recibieron el IFE.
* Entrega de alimentos secos: desde el inicio de la pandemia se distribuyeron unos 16 millones de kilos de alimentos secos desde los dos depósitos del ministerio, ubicados en Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires). Se destinaron a ONG, organizaciones sociales e iglesias de todo el país.
* Tarjeta Alimentar: hay 1.500.000 en todo el país, que significan unos 7.600 millones de pesos mensuales para que las familias compren alimentos. En abril se depositó un refuerzo de 4 mil o 6 mil pesos. Eso implicó un total de 15.200 millones de pesos.
* Convenio con comedores: desde el inicio de la pandemia, en marzo, se transfirieron fondos por 1.320 millones de pesos a comedores y merenderos para la compra descentralizada de alimentos.
* Comedores escolares: se incrementó el presupuesto entre el 100 y 150% con respecto a 2019. Se llegó a 2.700 millones. El monto no se actualizaba desde 2015.
por R. N.
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