No es novedad que para el ministro de Economía Sergio Massa sacar conejos de la galera es el hilo conductor de una política económica que va apando incendios y eliminando restricciones para ganar tiempo. La última jugada, en donde talló su muy cuidada relación con los Estados Unidos, fue la firma del acuerdo con los Estados Unidos (IRS) dentro del marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA-).
Dólar a la vista. La finalidad de dicho convenio es que la AFIP pueda detectar y solicitar más información a las autoridades norteamericanas, sobre activos no declarados en ese país de personas físicas con residencia fiscal en Argentina, partiendo del intercambio de información automático que se implementaría.
En las aspiraciones oficiales, sería la llave para poder contar con divisas frescas en momentos en que la escasez de dólares se agudiza, que el plan Dólar Soja 2.0 con suerte hará ingresar la tercera parte de los que logró en septiembre y con una sequía que menguará la próxima campaña. Ante tantos desafíos, que vengan dólares frescos es maná en el desierto. Carlos Castagneto, titular de la AFIP, estima que en los Estados Unidos hay uno US$100.000 millones no declarados invertidos en diversos activos. Contando con que una buena parte se exteriorice, se generarían multas y se engrosaría la base tributaria.
El mecanismo previsto es que las autoridades impositivas informan a sus pares argentinas cuántas personas beneficiarias de una cuenta cobraron más de US$10 en el año que va hasta septiembre. Con esos datos, allí se podría pedir el detalle de dichas cuentas con algunas restricciones para levantar ese secreto bancario y fiscal. O sea, no es un procedimiento mecánico y automático. La apuesta del Gobierno es que para la próxima oleada esto ya esté operativo. ¿Optimismo? Quizás, pero también precisa esta “amenaza” para forzar la participación en un blanqueo de capitales que debería ser aprobado por el Congreso y que sería el “puente de plata” para las “presas” de la AFIP. Claro, con el interrogante del factor confianza en los “invitados” para regularizar su situación sobre el cumplimiento del Gobierno de lo prometido. El debate entre clientes y tributaristas es muy arduo por estas horas y pesa mucho la experiencia de cada uno y el monto del capital involucrado, porque hay un tema de escala: la ingeniería profesional a contratar para seguir estando fuera del radar o evitar pagar ciertos impuestos sobre el patrimonio, tiene un piso de unos US$2 millones.
Presión. Argentina tiene un sistema tributario sobre los ingresos similar al europeo y más gravoso que el promedio de América Latina. Pero existe un entramado fiscal sobre el patrimonio muy superior, sobre la cual se generó la acumulación de activos externos que según estimaciones del economista Fernando Marull podría llegar a los US$360.000 millones. Esto incluye activos declarados (sobre todo de empresas) y los que quedaron debajo del radar impositivo, tanto dentro del país (el “colchón” y las cajas de seguridad) como lo que está radicado en el exterior. Todo nominado en moneda extranjera, en su mayoría dólares.
La razón por la que tanto capital fue a parar a lugares difíciles de detectar tiene que ver, en general, con tres factores: incertidumbre económica, imprevisión fiscal y fuerte presión impositiva sobre los patrimonios. Los formatos de la búsqueda de anonimato frente a la AFIP para los residentes (fiscales) se afinan por los mecanismos de detección y cruzamiento de datos. Además, los denominados “paraísos fiscales” van reduciéndose a su mínima expresión a medida que los estados en donde se generan los ingresos quieren su parte.
Parte de ese avance implica la firma de acuerdos de intercambio de información tributaria entre los países interesados, quedando el secreto bancario y fiscal sólo para contadísimos casos. La visibilización de los activos viene de la mano con una invitación a regularizar su situación frente al fisco, conocido como “blanqueo de capitales”: el último fue el de 2017 y produjo una cifra récord de US$116.000 millones en exteriorizaciones. Pero en 2019 se comenzaron a subir alícuotas sobre el patrimonio, se alteró el cálculo realizado en su momento y se impusieron tasas que superaban la rentabilidad en una época de tasas de interés de casi cero.
Historial. El tributarista César Litvak definió a la situación como una especie de emboscada tributaria: una vez que los capitales habían sido blanqueados, se les comenzó a cobrar más y, por ejemplo, en Bienes Personales deberían tributar 2,25% en la escala más alta. “No veo que el acuerdo con los Estados Unidos pueda ponerse en práctica antes de septiembre de 2024 pero sirve para una venta del blanqueo. Debe pasar por el Congreso, fijar alícuotas y liberaciones de nuevos impuestos”, interpreta. A su juicio, este proyecto todavía tiene cosas por definir que seguramente serán prenda de negociación.
Los impuestos al patrimonio fueron la bandera de modificaciones que se introdujeron en los últimos dos años, pero existen sólo en otros dos países de la región: Colombia y Uruguay. En este último caso, tiene dos ventajas para el contribuyente: el piso es más alto (US$250.000 contra casi US$60.000), la alícuota es menor y sólo se computa el patrimonio neto (se deducen las deudas). Este tipo de motivaciones son las que obligan a replantear la efectividad de un blanqueo, incluso, recuerda Litvak, ya hay fallos adversos sobre la confiscatoriedad de estas tasas que en algún momento terminarán en la Corte Suprema.
Por su parte, el economista Jorge Colina, de IDESA, va más allá y recuerda que la estructura tributaria argentina se basa en la premisa que las personas más ricas deben pagar más a la sociedad, pero que aquí está distorsionado. “El contribuyente le paga a la Nación por sus activos reales (a través de Bienes Personales), luego a las provincias (por autos e inmuebles) y también a los municipios. Pero esto lo debería pagar sólo a los gobiernos locales que son los que valorizan dichos activos”, sostiene. Y muestra como un mal ejemplo, el denominado Consenso Fiscal 2022, por el cual la Nación libera a las provincias de los límites en las alícuotas de Ingresos Brutos y las insta a poner en marcha el impuesto a la herencia y sobre las donaciones, sólo vigente en la Provincia de Buenos Aires. “Mientras la estructura tributaria se asiente en un impuesto tan dañino para la producción, regresivo para el consumidor y distorsivo para la economía como Ingresos Brutos, la invitación a repensar todo es cada vez más grande”, concluye. Mientras tanto, hay que seguir tapando agujeros y conseguir dólares o pesos de dónde sea, la invitación a elaborar fórmulas para seguir eludiendo al fisco o, en su extremo, votar con los pies y cambiar de dirección.
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