Argentina llega a los días finales de 2025 con un gobierno que ya no puede escudarse en la “herencia recibida” y con una sociedad que, después de dos años de ajuste y reformas, comienza a evaluar resultados, más que promesas.
El año funcionó como un test de estrés: para el programa libertario en el poder, para la resiliencia de las instituciones y para la paciencia de la ciudadanía.
El objetivo de este pequeño artículo es hacer un análisis del año que finaliza desde una triple perspectiva: jurídica, económica y política. No se trata sólo de listar hechos, sino de leer cómo se encadenaron: qué leyes se aprobaron (o intentó aprobar) en el Congreso, cómo reaccionó la macroeconomía y qué efecto tuvo todo eso sobre el sistema de partidos, el humor social y las expectativas de mediano plazo.
Se analizaron datos oficiales (inflación, actividad, cuentas públicas), informes de organismos internacionales, normativa dictada durante el año, fallos relevantes y el registro de debates públicos, fuentes que, por razones de brevedad, no se citarán. Sobre esa base, propongo dar una mirada de “análisis aplicado”: qué significan los hechos de 2025 para quien gobierna, para quien invierte y para quien vive de un salario o una jubilación, en Argentina.
En el trasfondo, late una pregunta sencilla pero incómoda: ¿2025 consolida un cambio de régimen económico e institucional en la Argentina, o es apenas una pausa en la inercia de crisis recurrentes que ha vivido a lo largo de décadas nuestro país?
Escenario político: reconfiguración del poder. Dos años después de la asunción de Javier Milei (10 de diciembre de 2023), el sistema político argentino aparece más fragmentado, pero paradójicamente, con un presidente que logró llegar a las elecciones de medio término como figura central del tablero.
Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 funcionaron como un plebiscito sobre su programa de reformas. La Libertad Avanza y sus aliados consiguieron mejorar su posición parlamentaria, aunque lejos de una mayoría propia, obligándolos este hecho a seguir negociando ley por ley, con bloques opositores del Congreso y con gobernadores.
El Congreso se confirmó como terreno de pulseada permanente. La Casa Rosada se apoya en las sesiones extraordinarias a las que convocó, y en un menú creciente de proyectos estructurales (reforma laboral, cambios tributarios, ajustes al Código Penal, reforma político-electoral) para intentar traducir en normas positivas, el corazón de la propuesta libertaria.
Paralelamente, las provincias han reforzado su rol de árbitros. La necesidad de acordar partidas, obras e incentivos fiscales, convierte a los gobernadores en socios tácticos o en opositores decisivos. El federalismo se expresa menos en grandes discursos y más en negociaciones presupuestarias, regímenes de promoción y pactos fiscales ad hoc.
El clima social se ha movido entre la expectativa de “salir de la trampa inflacionaria” y el desgaste de una recesión que pega sobre todo en salarios, empleo informal y servicios públicos. Esa tensión atraviesa sindicatos, organizaciones sociales y nuevos movimientos ciudadanos que no encajan en las etiquetas clásicas de peronismo, radicalismo o “izquierda”.
Hechos políticos claves del año. El hito político clave del año fue la discusión sobre la nueva ola de reformas que el Ejecutivo decidió impulsar después de las elecciones legislativas. El anuncio de un listado de proyectos para tratar en sesiones extraordinarias, confirma que el Gobierno interpreta el resultado electoral como aval para profundizar su programa, más que como llamado a moderar el ritmo de la gestión.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo concentra cada vez más poder en un círculo de decisión reducido. La destitución del jefe de inteligencia Sergio Neiffert y su reemplazo por Cristian Auguadra, en medio de denuncias por espionaje ilegal y malversación de fondos, desnudó las tensiones internas en la cúpula del gobierno y reabrió el eterno debate argentino sobre el control civil, la transparencia y los límites de los servicios de inteligencia.
En el plano internacional, la decisión judicial de aprobar la extradición a Brasil de cinco bolsonaristas condenados por el intento de golpe de 2023 revela cómo la agenda de seguridad y el alineamiento ideológico dentro de la región también pasan por los tribunales argentinos. La causa se inscribe en el marco del tratado de extradición y del Mercosur, y pone a prueba el equilibrio entre afinidades políticas y compromisos jurídicos internacionales.
Escenario económico: números duros y vida cotidiana. Si 2024 fue el año del “freno de golpe” a una inflación de tres dígitos, 2025 podemos decir que es el año en el que la estabilización empieza a aparecer en los indicadores, aunque con un costo real en la actividad económica. De acuerdo con los datos del INDEC, la inflación mensual se ubica en torno al 2–3% durante casi todo el año, con un acumulado cercano al 25% a noviembre y una variación interanual del 31,3%.
En términos técnicos, el gobierno puede mostrar un éxito relevante: pasar de una dinámica de precios explosiva a un régimen de inflación moderada, apoyado en fuerte ajuste fiscal, ancla cambiaria y reducción de subsidios. Pero del otro lado del mostrador, hogares y pymes sufren los efectos de dos años de ajustes y de un nivel de actividad que se recupera lentamente (en aquellos casos en que se recupere) desde un piso muy bajo.
La política social actúa como amortiguador parcial: se han reforzado montos y coberturas en asignaciones como la Asignación Universal por Hijo, y se reorientaron algunas partidas alimentarias y de transferencias a jubilados y personas con discapacidad, aunque en un marco de política social más focalizada y menos universal.
La imagen de la economía de 2025, mirada desde la calle, es ambigua: las góndolas dejan de cambiar precios todos los días, pero cuesta llegar a fin de mes; el dólar deja de ser un tema cotidiano, pero el crédito sigue caro o directamente ausente para algunos sectores; el déficit fiscal se achica, pero la contracara son tarifas más altas y servicios públicos bajo tensión.
Hechos económicos relevantes en 2025. En 2025 maduró buena parte del andamiaje económico diseñado en el primer tramo de la gestión. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en uno de los instrumentos estrella para atraer capitales, especialmente en sectores como minería, energía e industria pesada. El anuncio de Glencore de reabrir hacia 2028 la mina de cobre de Alumbrera, cerrada desde 2018, se presenta como caso emblemático: una inversión de largo plazo que se apoya explícitamente en el nuevo marco de incentivos.
El “Plan Argentina Grande Otra Vez”, lanzado por el gobierno como paraguas comunicacional de estas medidas, busca mostrar un círculo virtuoso: grandes empresas apalancadas por el RIGI, encadenamientos con proveedores pymes, más empleo formal y un rebote sostenible de la actividad. El discurso oficial enfatiza la disciplina fiscal, la apertura gradual y la reducción de impuestos distorsivos como claves para atraer capital y tecnología.
En paralelo, la relación con el Fondo Monetario Internacional sigue ordenando la macroeconomía. El organismo reconoce avances en la reducción del déficit y en la desaceleración inflacionaria, pero insiste en la necesidad de concretar una política monetaria y cambiaria todavía más prudente y de una acumulación más rápida de reservas internacionales. El propio FMI pone bajo análisis el swap en dólares provisto por Estados Unidos, para definir si es correcto computarlo como parte de las reservas del país.
Detrás de estos hechos económicos hay cuestiones jurídicas de fondo: niveles de protección de la inversión, estabilidad fiscal, solución de controversias y compatibilidad de los nuevos regímenes con compromisos internacionales y legislación local. Es allí donde la letra chica de los contratos y de las leyes se vuelve tan importante como los anuncios.
Dimensión jurídica: cambios normativos y seguridad jurídica. La agenda legislativa y regulatoria de 2025 está dominada por tres grandes bloques: reforma laboral, reforma tributaria y cambios en el derecho penal y procesal, que serían tratados en sesiones extraordinarias del Congreso. El gobierno presentó al Congreso un proyecto de modernización laboral con fuerte énfasis en flexibilización, redefinición de actividades esenciales y limitación de huelgas, al tiempo que impulsa la reducción y simplificación de tributos, con promesas de eliminar o bajar decenas de impuestos nacionales.
En el plano laboral, el núcleo del debate pasa por la tensión entre “competitividad” y “protección”. La propuesta oficial apunta a reducir costos de despido, ampliar el margen para acuerdos por empresa y redefinir el alcance de los convenios colectivos, además de establecer un listado amplio de servicios mínimos ante medidas de fuerza. Los sindicatos leen este movimiento como un intento de debilitar su poder de negociación; las empresas lo ven como una oportunidad para blanquear empleo y reducir litigiosidad. El punto de equilibrio dependerá, en buena medida, de cómo se diseñen los mecanismos de transición y las garantías mínimas para ambos grupos de interés.
En materia tributaria, la simplificación prometida convive con la necesidad de sostener la recaudación en un contexto de ajuste. Esto abre dilemas sobre la estructura del sistema: qué impuestos se eliminan realmente, cuáles se reducen, cuáles se compensan con ampliación de base imponible y cómo se coordina esto con las provincias, que tienen sus propias urgencias fiscales. Un primer paso fue dado con la reducción de las retenciones a la exportación de cereales, que beneficiaron al agro, y que dejaron las retenciones al trigo en 7,5%, al maíz en 8,5% y a la soja en 24%, muy por debajo del 33% fijado originalmente.
En lo que respecta al derecho penal y electoral, el horizonte es más ambicioso todavía. Se discute un paquete que incluye endurecimiento de penas para delitos vinculados a corrupción y violencia, y cambios en el régimen de excarcelaciones. En el plano político, se diseña una reforma que podría restringir los frentes electorales, reconfigurando la competencia partidaria y afectando especialmente a espacios como el peronismo, tradicionalmente articulado en coaliciones amplias.
El gran tema de fondo es la seguridad jurídica: si las reformas se perciben como parte de una estrategia consistente y de largo plazo, o como movimientos pendulares que podrían revertirse con el próximo cambio de signo político. Para el inversor, la clave no es sólo qué dice la ley, sino cuán estable será y cómo la aplicarán los jueces. Por ello se hace imperiosa la necesidad de mejorar la Justicia nombrando, por el mecanismo que prescripto por la Constitución Nacional, los más de 150 Jueces Nacionales y los 2 Miembros de Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos cargos están aún vacantes y, en el caso de los primeros, en su mayoría ya han sido concursados.
Intersecciones: cuando lo jurídico, lo económico y lo político se cruzan. El año 2025 ofrece varios “casos testigo” donde las tres dimensiones se superponen de manera nítida. La reforma laboral es uno de ellos. Económicamente, se la presenta como herramienta para crear empleo formal y reducir costos, jurídicamente implica reescribir buena parte del estatuto protector construido desde mediados del siglo XX., y políticamente redefine la relación entre gobierno, sindicatos y empresarios, con impacto directo en la calle y en la capacidad de protesta.
Otro ejemplo claro es el propio régimen de incentivo del RIGI. Desde el ángulo económico, promete grandes proyectos en minería, energía e infraestructura, con efecto multiplicador sobre cadenas de valor locales. Desde el ángulo del derecho, plantea preguntas sobre estabilidad tributaria, tratamiento tributario nacional, solución de controversias y posibles conflictos con normas ambientales y de orden público. En el plano político, obliga a las provincias —dueñas del recurso— a negociar condiciones con la Nación y con las empresas. Es un triángulo donde cada actor tiene incentivos y costos distintos.
Incluso, en este contexto, los debates sobre “memoria” y “derechos humanos” tienen un componente económico y jurídico que suele pasarse por alto. La eventual revisión del alcance de condenas o de políticas de memoria puede impactar en la percepción internacional sobre el Estado de Derecho y, por esa vía, en el “riesgo Argentina” que miran organismos y fondos de inversión. Los gestos o las acciones hacia y contra ex militares o confesos terroristas o la minimización de delitos de lesa humanidad no son leídos sólo como gestos internos, sino como señales sobre la calidad institucional del país.
El resultado es un tablero donde cada caso concreto —una ley, un decreto, un fallo, una protesta, una inversión— actúa como “síntoma” del modelo de país “en construcción”.
Desafíos 2026–2027: qué deja 2025, y qué viene después.
Entre las alertas, se cuentan:
- el riesgo de fatiga social frente a un ajuste prolongado;
- la posibilidad de que la baja de la inflación no se traduzca en mejora perceptible del ingreso de la población general;
- la fragilidad institucional si se tensa demasiado la cuerda con el Poder Judicial y los organismos de control;
- la exposición frente a shocks externos en un contexto de reservas monetarias todavía limitadas; y
- la tentación de sobredimensionar el resultado de las elecciones legislativas como cheque en blanco para llevar adelante cualquier reforma.
Del lado de las oportunidades:
- un bloque de reformas ya encaminado, un proceso de desinflación que empieza a consolidarse, a pesar de picos aislados reflejados en los indicadores, que en el mes de noviembre no impactó sobre precios;
- un menú atractivo de sectores estratégicos para recibir inversiones (energía, alimentos, minería verde, economía del conocimiento);
- una valoración negativa por parte de la sociedad de la corrupción, hecho nuevo en el humor social argentino. Los hechos de corrupción ligados a empresarios, políticos y en el último tiempo a dirigentes del deporte profesional, son ampliamente condenados y no se los tolera como antaño;
- un cambio en los actores políticos que configuran las mayorías en las cámaras legislativas; y
- una ventana de interés internacional por las experiencias de cambio estructural, que no se ha dado en muchos lustros.
Si a eso se suma un uso inteligente de regímenes de promoción como el RIGI y una política social que cuide mínimos de cohesión, el escenario 2026–2027 podría ser de despegue y no sólo de estabilización.
La clave estará en si el gobierno logra transformar el capital político obtenido en las elecciones de 2025 en capacidad de acuerdo, más que solamente en capacidad de confrontación. Ninguna reforma de largo plazo se sostiene sólo con decretos y mayorías circunstanciales, sino que requiere algún grado de consenso social y político, aunque sea mínimo.
Lecciones de un año bisagra. El año que está concluyendo deja una enseñanza central: estabilizar una macroeconomía desbordada es condición necesaria, pero no suficiente, para recomponer la vida cotidiana de los argentinos. La baja de la inflación, por sí sola, no enamora si no viene acompañada de más empleo, más crédito y una percepción de juego limpio en el reparto de costos y beneficios.
Desde la perspectiva jurídica, el año muestra un intento deliberado de reescribir reglas en materia laboral, tributaria, penal y político-electoral. El interrogante, como se dijo, es si esa reescritura construye un nuevo marco estable, o si inaugura otra vuelta de péndulo en la historia regulatoria argentina.
En el plano político, el gobierno de Milei concluye 2025 con un respaldo electoral renovado, pero también con una sociedad más exigente y un sistema institucional en tensión. Gobernar con minoría obliga a negociar; gobernar en clave plebiscitaria empuja a polarizar. La resolución de esa tensión marcará el tono de los tiempos por venir.
Para los decisores públicos, la lección es clara: no alcanza con tener razón técnica; hace falta construir legitimidad política y social para sostener reformas.
Para inversores y empresas, el mensaje es matizado: Argentina ofrece en 2025 un horizonte macro más ordenado y un menú creciente de oportunidades, pero sigue siendo un país donde leer la letra chica —de las leyes, de los contratos y de la política— es tan importante como mirar los números.
El balance, en fin, es positivo, pero el futuro genera incógnitas. Creo que las respuestas serán favorables y los cambios comenzados se consolidarán y Argentina comenzará, en los años por venir, finalmente, el camino de un cambio hacia una mejora duradera.
por Marcelo Loprete
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