Se venía anunciando desde aquella advertencia de Alberto Fernández a una lista de jueces y fiscales que, según el entonces candidato presidencial, deberían dar explicaciones por sus acciones. Luego se oficializó con el discurso de Fernández en el Parlamento, cuando el Presidente anunció un proyecto de ley para transformar la justicia federal, bajo la consigna de “Nunca Más”.
Ahora Axel Kicillof le da el puntapié inicial concreto al plan oficialista de encapsular toda causa judicial que afecte al kirchnerismo en el concepto de “Lawfare”, para neutralizarla. Así la República Argentina queda, una vez más en su historia, al borde del conflicto de poderes.
Según los juristas, el nombramiento de dos exfuncionarios procesados que decidió el gobernador bonaerense no constituye un delito en sí: de hecho, Mauricio Macri asumió la presidencia estando bajo proceso. Lo que sí parece forzar las reglas republicanas es la letra chica de esos nombramientos: en las consideraciones, el Poder Ejecutivo provincial declara que sus funcionarios son víctimas de una “injusta persecución penal” y asegura que “dicho proceso se encuadra bajo el concepto de `lawfare´, entendido como el uso de instrumentos jurídicos para fines de persecución política”.
El argumento no dice nada que no haya salido repetidas veces de boca de infinidad de referentes del Frente de Todos. El pequeño detalle es que, en este caso, es formalmente el Poder Ejecutivo bonaerense el que está descalificando directamente la legitimidad de procesos judiciales individuales, donde el gobierno provincial –y esto es lo grave- no es parte procesal, y tampoco, obviamente, debería ser juez.
Ya sería polémico que Axel Kicillof opinara como gobernador sobre la legitimidad de decisiones tomadas por tribunales de justicia, especialmente porque son causas que no lo involucran. Pero que un poder ejecutivo opine explícitamente en el texto de un decreto sobre la supuesta injusticia de un proceso que no le incumbe directamente implica, desde Montesquieu hasta acá, un virtual conflicto de poderes.
¿Hará la Provincia alguna presentación judicial formal para defender a sus funcionarios bajo proceso? Probablemente no, porque el nuevo oficialismo ya dejó clarísimo que no cree en el sistema de justicia tal cual está hoy, apoyado en presunciones de imparcialidad que comparte con el resto de la sociedad argentina. El paso que sigue, más bien, es seguir descalificando a los jueces al estilo de la Vicepresidenta, empujando con esa rebeldía la reforma judicial que Alberto mandará al Congreso.
Mientras tanto, un limbo jurídico empieza a abrirse en la Argentina, donde antes de someterse o no a la ley conviene saber si, para el Poder Ejecutivo, tal o cual investigación judicial suena legítima o quizá pueda encuadrarse en el famoso “Lawfare”. Ojalá el Congreso tenga la oportunidad de sacarnos de este ambiguo imperio de la arbitrariedad.
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