En el mes de julio, el Tribunal Constitucional de Portugal había dado luz verde a la ley que despenalizaba el consumo de drogas sintéticas, pese a las dudas planteadas por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa. En ese momento, el mandatario no promulgó dicha ley a la espera de que el Constitucional se pronunciara, alegando que no se había consultado a las autoridades de Madeira y de las islas Azores antes de adoptar una reforma que parte de sendos proyectos promovidos desde el Partido Socialista (PS) y desde el opositor Partido Social Demócrata (PSD).
Es por eso que el jefe de Estado afirmó que los "nuevos tipos de drogas tienen especial incidencia en estas dos regiones y apunta que las autoridades locales serán clave para aplicar la reforma, pero el tribunal ha entendido, por unanimidad, que no se trata de un tema sobre el que deban pronunciarse las administraciones regionales de manera previa”, según la agencia de noticias Lusa.
Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el presidente de Portugal promulgó el jueves pasado la ley que despenaliza el consumo de drogas sintéticas, después de que el Tribunal Constitucional avalase su legalidad tras la consulta que le trasladó expresamente el propio jefe de Estado. La reforma sobre drogas equipara las nuevas sustancias a las clásicas, de tal manera que la posesión destinada al consumo deje de ser considerada delito, sin criterio alguno relativo al número de dosis.
El objetivo es diferenciar entre los traficantes y los consumidores y que estos puedan recibir tratamiento, en un momento en el que aumentaron las hospitalizaciones psiquiátricas vinculadas al consumo de estupefacientes sintéticos, sobre todo en los archipiélagos de Madeira y Azores. Este enfoque ya se aplicaba desde el año 2000 a las drogas clásicas, con una política basada en priorizar la salud pública.
La ley establecía hasta ahora que la posesión de hasta diez dosis no se consideraba tráfico y no se podía castigar, pero los socialistas fueron más allá y eliminaron el criterio de la cantidad. A partir de ahora, la cantidad de droga será sólo un "indicio" y no un criterio condenatorio, para que los jueces evalúen con más libertad la situación a fin de determinar si una persona es un traficante o sólo un consumidor.
"Alguien encontrado con 15 dosis, porque vive en el interior del país y va a un centro urbano a comprar más barata la droga para consumo propio, no puede ser automáticamente tratado como un criminal y condenado a una pena", explicó la diputada socialista Clàudia Santos. Por otro lado, varios miembros del Ejecutivo pidieron “prudencia” a los legisladores e insistieron en que la ley debe permitir que haya una distinción clara entre consumidores y traficantes.
"Conviene no aumentar las dificultades que las entidades policiales y judiciales tienen en el terreno para conseguir hacer lo que deben hacer", sostuvo el ministro de Sanidad, Manuel Pizarro. Finalmente, el titular de Administración Interna, José Luís Carneiro, advirtió que "debe haber una ponderación muy grande" para que haya una "buena aplicación de la ley por parte de las fuerzas de seguridad".
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