El caso pampeano conocido como el castillo llega finalmente a la Corte suprema tras dos décadas de reclamos y presentaciones judiciales de su dueño, Raúl Gomez, heredero de una reconocida familia de productores agropecuarios que decidió crear el lugar de entretenimientos más importante de la provincia.
Gómez luchó contra las inhabilitaciones y los cierres que aduce a motivos políticos y negocios de otras figuras del poder con los negocios de la noche desde casinos hasta boliches. En el último tiempo el empresario incluso extendió los reclamos al renovado poder provincial dando cuenta además de los avales en la justicia internacional.
"El Castillo" abrió sus puertas dos décadas atrás, el 20 de diciembre de 2003. Buscaba ser un lugar para grandes eventos, y en pocos meses se consolidó como el reducto de la clase alta pampeana, con fastuosas fiestas multitudinarias.
Pero Gómez asegura que ese éxito “tocó varios intereses”, incidiendo en los negocios del casino local y otros lugares nocturnos vinculados a importantes personajes de la política. Varias veces le revocaron la habilitación y comenzó una persecución tanto judicial como marginal, por fuera de la ley.
Gómez y sus letrados aducen que una buena parte del arco político, de la gobernación (denunció como responsables al exgobernador Carlos Verna), a la intendencia, pasando por las fuerzas de seguridad, coordinó un ataque sistemático contra “El Castillo”, que incluyó amenazas, amedrentamientos, apremios ilegales y hasta la inundación del predio con camionetas de la intendencia.
Hoy, tras veinte años de idas y vueltas ilegales, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras una medida cautelar admitida por la Corte Interamenicana de Derechos Humanos de La Haya por haber mansillado garantías constitucionales, poniendo el foco sobre este escándalo que apela a los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional.
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por R.N.
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