Avanzan los frentes judiciales en el Caso Urribarri; se conoció el pedido de suspensión contra el procurador general de la Provincia de Entre Ríos presentado por el Estudio Burlando, defensor del ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador argentino en Israel, Sergio Uribarri. Y la jueza federal María Servini de Cubría, continúa con las investigaciones: no se descartan la intervención de nuevas comunicaciones y diversas medidas de instrucción en las próximas horas.
Paralelamente el equipo de abogados que lidera Fernando Burlando hizo un formal pedido de ser tenido como particular damnificado en el marco de la investigación iniciada en orden al delito de coacción agravada mientras que la justicia nacional investiga a la ex procuradora, Cecilia Andrea Goyeneche, de acuerdo con diferentes irregularidades que habrían tenido lugar en el proceso.
"En función de ello, solicitamos a V.S. que verifique actos de la autoridad judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos que -con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta- estarían colocando en grave riesgo a la libertad personal del presentante toda vez que podrían existir indicios verificables en cuanto a que puntuales funcionarios constituidos en una suerte de 'operadores judiciales' estarían actuando al margen de la ley y dedicados al 'armado de causas' y a la persecución política del ex gobernador de esta provincia", se lee en el escrito presentado por Burlando.
"Puntualmente se habrá de solicitar como diligencias probatorias que VS investigue la posible conexión entre el Sr. Procurador de la provincia de Entre Ríos y los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, así como de la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche y el periodista Daniel Enz", agrega a continuación. En paralelo, están siento analizados por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una serie de videos que comprometerían la situación procesal de la ex procuradora general de Entre Ríos, que fue desplazada de su cargo por graves escándalos de corrupción.
"Como prueba de la verosimilitud de los graves hechos que se invocan se ofrece -entre otros elementos- el video en el que se puede ver a la fiscal Cecilia Andrea Goyeneche coaccionando a un testigo para que declare en contra del presentante en una de las causas armadas que se siguen en su contra. Este es el estilo, la forma y el “modus operandi” de todas las causas substanciadas en contra del ex gobernador", precisa el pedido de Burlando al juzgado de Servini de Cubría.
Defensa
El juicio contra el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, se inició en septiembre de 2021 y concluyó con su condena a mediados de marzo de 2022. La Megacausa, como se la tituló, investigó al también ex embajador argentino en Israel en cinco causas, por el supuesto desvío de fondos públicos. Y concluyó con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que fue confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023.
Fernando Burlando, defensor de Uribarri, aseguró que se trata "de una verdadera aberración jurídica". Insisten que hay evidencias de que los procesos contra el ex gobernador fueron "diseñados" con tiempo y minuciosidad y "orientados a dar un duro mensaje a la clase política", sindicado por "magistrados que pueden ser señalados con nombre y apellido".
Burlando sostiene que la Megacausa "fue dispuesta por un tribunal formado por tres jueces que previamente fueron fiscales" y que "el tribunal de Casación que confirmó la condena había mostrado previa y públicamente su parcialidad cuando los jueces Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Dávite firmaron una nota emitiendo opinión y vinculando el jury a una funcionaria judicial con las causas de Urribarri".
"Los magistrados, parecen haber olvidado la vigencia de leyes básicas como la 5140 -de contrataciones de publicidad- ; 11043 -que modificó dicha normativa- la ley 25520 -que exigía autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones telefónicas; 24059, y otro sin número e preceptos como las que ordenan el proceso, o las leyes que establecían las funciones de la Contaduría General, o las leyes 19550 o los propios arts. 209 al 213 de la Constitución Provincial", agregó Burlando.
Apuntan entre otras cosas que la jueza del Tribunal de Casación, Evangelina Bruzzo, está casada con Juan Ruiz Orrico, dirigente de Juntos por el Cambio oriundo de Concepción del Uruguay y rival declarado de Urribarri. Y en abril pasado, Daniel Enz, el periodista que investigó al gobernador, fue señalado por el exgobernador, de integrar una supuesta mesa judicial con magistrados y políticos.
“La denuncia es increíble. Urribarri y Burlando, su abogado, están muy preocupados porque está muy cerca de confirmarse la sentencia que lo llevaría a purgar cárcel”, dijo Enz a La Nación. “Me acusan de una persecución. Hace 34 años que hacemos periodismo en Análisis, hemos hecho muchas denuncias que terminaron en condena. En total fueron más de 500 denuncias periodísticas sobre temas diferentes y en más de 10% de los casos se abrieron causas penales. Siempre hicimos solo periodismo. Nada más”, remató Enz.
Burlando presentó una denuncia en Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli desestimó el planteo y lo remitió a Paraná, pero la jueza María Servini solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de Entre Ríos la remisión de los expedientes para analizarlos. Y decidirá dónde continuará la causa.
"Lo va a determinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva es quien lo tiene que resolver. Es muy bueno que haya un juez con ganas de investigar lo que acaba de denunciar Urribarri, pero sin lugar a duda la última palabra la va a tener la Corte. Para cualquier observador imparcial que analice los hechos con una mediana objetividad esto es escandaloso, no es un debido proceso legal constitucional", apoyó Javier Baños, quien forma parte del equipo defensor liderado por Burlando.
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por R.N.
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