OPINIóN | 14-02-2021 00:04

El femicidio de Úrsula Bahillo y los policías acusados de violencia de género

Entre 2010 y 2020, según datos del CELS, murieron 48 mujeres en femicidios cometidos por sus parejas o ex parejas policías.

El femicidio de Úrsula Bahillo a manos de su ex pareja, el policía bonaerense Matías Martínez, evidencia, una vez más, la necesidad de impulsar cambios profundos en las fuerzas de seguridad. Entre 2010 y 2020, según datos del CELS, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires murieron 48 mujeres en femicidios cometidos por sus parejas o ex parejas policías. Lejos de ser un problema privado, es necesario abordar este fenómeno de modo estructural e institucional, como parte de las políticas de seguridad, y promover debates amplios sobre el uso de la violencia por parte de integrantes de agencias estatales.

Es importante indagar sobre qué elementos específicos hacen a los femicidios cometidos por policías y detectar regularidades sobre las que el Estado debe intervenir. No conocemos los análisis oficiales sobre este problema ni hasta qué punto las medidas que se toman resultan efectivas para prevenir las muertes de mujeres. En los casos en los que sí existen denuncias previas, como el de Úrsula, las diversas agencias estatales abocadas al tema deben articularse para dar respuesta y seguimiento –que incluya las intervenciones judiciales- ante alertas tempranas de violencia. La falta de diálogo entre dependencias estatales no puede tener como consecuencia que estas muertes sigan ocurriendo.

Debemos repensar la formación de las policías y las formas de socialización institucional que reproducen prácticas violentas y machistas que se encuentran vigentes en la sociedad. Se trata de impulsar la profesionalización de las fuerzas y promover la resolución no violenta de situaciones conflictivas, pero también de reformar el Estado policial que ampara la portación de armas fuera del horario laboral y fomenta que se privilegie como medio de intervención.

Tanto el sistema judicial como las investigaciones administrativas llevadas por los propios Ministerios de Seguridad deben mostrar diligencia para avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Úrsula. En este sentido, el accionar policial ante la manifestación frente a la comisaría de Rojas, donde una de las amigas de Úrsula recibió un disparo de bala de goma en el rostro, no debe escapar a la mirada de los mecanismos de control.

*Por Victoria Darraidou y Juliana Miranda, Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

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