Tuvieron que transcurrir más de treinta y cinco años para que las familias de los excombatientes pudieran saber en qué tumba se encontraban sus seres queridos. Esto ocurrió por distintas razones: la desidia de la dictadura militar al no garantizar que los soldados fueran a la guerra con su chapa identificatoria; el abandono de los cuerpos tras la derrota y la falta de interés por identificar los restos de los caídos; los incumplimientos de las Convenciones de Ginebra y el derecho humanitario por parte de los británicos; la política de desmalvinización; la imposibilidad de negociar con un país con el que no había siquiera relaciones diplomáticas; la decisión de los ingleses de permitir avances en lo relativo al cementerio de Darwin solamente con aquellos gobiernos argentinos que estuvieran dispuestos a facilitarles la explotación de nuestros recursos naturales; y las dificultades para que los excombatientes coincidieran, más allá de sus diferencias, en un objetivo común: la necesidad de pelear por el derecho a la identidad.
Sin embargo, se logró superar estos escollos y establecer un reclamo común de las organizaciones de excombatientes y de los organismos de derechos humanos, y se alcanzó una política de Estado que atravesó a tres gobiernos de distinto signo político y ha permitido identificar a la mayoría de los combatientes que habían sido enterrados como “soldado argentino solo conocido por Dios”.
El cementerio de Darwin
El cementerio de Darwin no es un proyecto planeado o buscado por los argentinos, sino creado por los británicos. Los cuerpos de los soldados argentinos muertos en la guerra quedaron enterrados en distintos lugares de las islas Soledad y Gran Malvina. Los habitantes de Malvinas insistían permanentemente ante las autoridades británicas para que eliminaran esas “tumbas de guerra”. La presión de los kelpers “hizo que el gabinete británico en pleno, a través de una 'orden in council' que fue dirigida al Ministerio de Defensa”, ordenara el reenterramiento de los caídos argentinos, para lo cual enviaron al entonces capitán
Geoffrey Cardozo a las islas. Se envió una brigada especialmente desde el Reino Unido, porque “uno de los parámetros que se respetó fue que ninguno de los soldados británicos estacionados en las islas interviniera en esa tarea”. El 19 de febrero de 1983 se instaló el cenotafio de Darwin en Monte Agradable. Se contrataron sepultureros de una empresa civil, Lodge Brothers, y se enterró allí a 246 soldados; 122 tumbas quedaron sin identificar. Se elaboró un documento, con el título “Informe sobre la Operación Re-entierro Argentino”, con las características de los cuerpos, las fotos, las coordenadas y las pertenencias de los soldados: “El procedimiento seguido para la atención de los cuerpos fue el mismo en todos los casos. Después de la exhumación, se colocó el cuerpo en un sudario de plástico blanco y se buscó meticulosamente su identificación. Luego, el cuerpo fue envuelto en la mortaja blanca, colocado en una bolsa de polietileno negra y finalmente en una bolsa mortuoria blanca de PVC. Luego, toda la información disponible se transfirió con tinta indeleble a la bolsa mortuoria. Cuando más tarde se colocó el cuerpo en el ataúd, la misma información también se transcribió de forma indeleble en la tapa del ataúd” (Santa Cruz, 2022: 107).
Brook Hardcastle, representante de la Falkland Island Company, y Eric Goss, director del asentamiento de Ganso Verde, fueron quienes junto con Geoffrey Cardozo eligieron el lugar para emplazar el cementerio. Buscaron una zona inhóspita y alejada de cualquier poblado, y lo instalaron sobre una ladera que mira al mar, de modo que no fuera visible para el ocasional viajero que pasara por allí. Más allá de ello, muchos kelpers continuaron reclamándole al gobierno británico que negociara con la Argentina el traslado de los cuerpos al continente: “Es una lástima que los cuerpos de los soldados muertos estén acá porque nosotros no le damos importancia. Para nosotros no significa nada, y sería mucho mejor que los restos estuvieran en Argentina, aseguró Darren Christie, de relaciones públicas del gobierno del archipiélago”. (El Patagónico 30-3-2012)
Los británicos intentaron en diversos momentos trasladar los cuerpos de los soldados argentinos. En los años noventa, cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, esgrimiendo razones humanitarias, se retomó la idea de traer los restos al continente y así facilitar los procesos de duelo. Los familiares siempre se negaron a ese traslado. Como señala la periodista Natacha Niebieskikwiat (2012), el cementerio de Darwin es, “para muchos, un pedazo de la Argentina en las Malvinas. Y para los isleños, hay que reconocer, una incómoda piedra que deben tolerar por razones humanitarias”.
La tumba de guerra es una figura jurídica creada por el derecho internacional humanitario, por la cual la potencia que ejerce el control del territorio –no importa bajo qué título jurídico–tiene la obligación de respetar y mantener las tumbas.
Solamente pueden ser perturbadas o cambiadas de lugar mediante un acuerdo entre ambos países y siguiendo determinadas condiciones. Salvo que nuestro país no quisiera colaborar o que se decretara una necesidad sanitaria, transcurridos cinco años y previa notificación, la potencia ocupante podría aplicar las disposiciones previstas en su legislación en materia de cementerios y sepulturas.
Nada de esto hicieron los británicos con los restos de los soldados argentinos. Así, a la desidia con que el gobierno militar argentino enfrentó esta problemática se sumaron los incumplimientos de las normas del derecho internacional, tal como fue señalado por César González Trejo, de la Comisión de Familiares y Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur: “Los británicos incumplieron estas reglas del derecho internacional: no solo no existía ninguna necesidad de interés público para trasladar los restos de los soldados argentinos, ni necesidad sanitaria o investigación administrativa o judicial, sino que no respetaron el plazo prescripto; creando el cementerio de Darwin en febrero de 1983, apenas a ocho meses de finalizadas las acciones armadas contra la Argentina”.
La tarea de Geoffrey Cardozo dejó la mitad de las tumbas sin nombre. En 1987, integrantes del Cecim La Plata contactaron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para consultar si era posible identificar los restos de los caídos en Malvinas. La investigación genética recién comenzaba, y ellos sabían que los soldados carecían en la mayoría de los casos de la chapa identificatoria y no habían recibido un enterramiento digno. Luis Fondebrider, uno de los fundadores del EAAF, recibió a integrantes del Cecim y les aseguró que sería posible identificarlos.
Ese mismo año, Alfredo Péculo, el dueño de la cochería más grande del país, reclamó al Reino Unido el traslado de todos los cuerpos de los caídos al continente, lo que fue rechazado por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. En la presentación se afirma que el pedido respondía a la necesidad de los familiares, aunque, como explica Panero (2021), nunca sabremos si se trató de una maniobra personal de “marketing” o un intento de tercerizar la “repatriación”, como pedían los isleños.
De todos modos, mientras estuvieron rotas las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido tampoco existió ningún vínculo entre los familiares de los excombatientes y el espacio donde habían sido sepultados los soldados. Los argentinos pudieron acercarse por primera vez al cementerio de Darwin durante el primer gobierno de Carlos Menem a partir de los Acuerdos de Madrid, que facilitaron la visita de los familiares directos.
El 18 de marzo de 1991 se realizó el primer viaje al cementerio, en el que pudieron ir tres personas por cada familia, lo que conformó un total de 381 pasajeros. Los alojaron en la base de Monte Agradable. “No conocieron Puerto Argentino y permanecieron solo una hora en el cementerio de Darwin”, contó la titular de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, María Fernanda Araujo. Luego entre 1991 y 2003, se realizaron veintitrés viajes de familiares a visitar el cementerio de Darwin y la zona del hundimiento del General Belgrano.
Los argentinos pudieron administrar y reformar el cementerio recién cuando el canciller argentino Guido di Tella y su par británico Robin Cook firmaron en julio de 1999 la Declaración Conjunta de las Delegaciones de la Argentina y del Reino Unido de Londres: “Se construirá en el cementerio argentino en las Islas Malvinas un monumento a la memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas argentinas muertos en acción en 1982”.
Los isleños continuaron con sus cuestionamientos a la remodelación del cementerio. Las objeciones tenían que ver básicamente con el tamaño de la construcción (la cruz y los muros les parecían a los kelpers demasiado altos) y rechazaron de plano la propuesta de construir una capilla pequeña junto a las tumbas, no solo porque consideraban su aspecto demasiado vistoso, sino también para demorar su eventual levantamiento hasta después de que se cumplieran veinte años del inicio de la guerra.
Fue por decisión de Menem que la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas quedó a cargo del cementerio. Al apropiarse del espacio físico donde estaban sepultados los muertos, también se adueñaron de la palabra de los caídos y en su nombre contribuyeron a la construcción del relato épico de la Guerra de Malvinas. Esta potestad simbólica tuvo su correlato en un aspecto material: la remodelación del cementerio, que fue financiada por el empresario Eduardo Eurnekian y diseñada por los arquitectos Carlos Antonio D’Aprile y Mónica Cordero. Durante esta reforma se adulteraron los nombres de dos tumbas conjuntas. María Fernanda Araujo, titular de la Comisión de Familiares, no logró explicar por qué se produjo este cambio de nombres: “Nosotros no fuimos quienes armamos las listas. En ese momento se le pidió a Cancillería que le solicitara a las tres Fuerzas Armadas, a Gendarmería y a Prefectura la lista de las tumbas identificadas y las que no lo estaban. Estamos investigando para saber dónde estuvo el error y qué pasó con cada uno de nuestros soldados”.
El informe británico del enterramiento realizado en 1983 da cuenta de que los civiles contratados para la tarea de exhumación “no hablaban español”, de lo que “se deduce que pudieron cometer algunos errores de interpretación” sobre esas pertenencias.
El cenotafio de Darwin fue instalado en 2004 e inaugurado en octubre de 2009 en un viaje que realizaron más de trescientos familiares, a quienes los isleños pidieron que no cantaran el Himno Nacional ni enarbolaran banderas argentinas, para que esos gestos no fueran “interpretados como actos provocadores por la población kelper”. Allí colocaron en una ermita una imagen de la Virgen de Luján, que María Fernanda Araujo justificó así: “En el combate muchos soldados pedían por sus madres y nos pareció adecuado llevar a la Virgen, la madre de todos”. La instalación de este símbolo religioso católico, no obstante, despertó críticas en otros sectores de excombatientes que sintieron que, de ese modo, se dejaba afuera a quienes practicaban otras religiones o no profesaban ninguna.
El 13 de mayo de 2009 el Congreso sancionó la Ley 26 498, que declaró al cementerio “lugar histórico nacional”, y dispuso que la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos instrumentaría con la Comisión de Familiares “las medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración del lugar histórico nacional”.
De los testimonios de los familiares a la identificación de los cuerpos
La Comisión de Familiares que administraba el cementerio de Darwin aseveraba que no era cierto que los soldados que habían caído en Malvinas no tuvieran identificación, que no era necesaria “la intervención” del EAAF y que, por otra parte, ningún proceso se podría realizar sin trasladar los cuerpos de los soldados argentinos al continente, ya que en las islas no había recursos tecnológicos ni instalaciones para hacerlo. Además, sostenían que la identificación “retrotraería el proceso de duelo”, lo cual se asemejaba a provocar una segunda muerte de los caídos: “Remover los restos de nuestros seres queridos sepultados en el cementerio de Darwin, sería reavivar nuestro dolor, para fines que nadie pidió y cuyo cometido solo puede satisfacer a los intereses de quienes ocupan ilegítimamente nuestro territorio. Es decir, sería equivalente a matarlos por segunda vez. Primero lo hicieron las fuerzas británicas, físicamente; hoy lo estarían haciendo espiritualmente, aquellos que se subordinan al poder imperial”.
Sin embargo, en un contexto de remalvinización, entre fines del año 2010 y principios de 2011, desde el Cecim La Plata se renovaron las estrategias para lograr la identificación de las tumbas del cementerio de Darwin. Primero, se consideró entrevistar a los familiares para acreditar la necesidad, el dolor y la angustia que había generado la falta de respuestas del Estado y averiguar si estarían dispuestos a llevar adelante nuevos reclamos para identificar los restos de sus seres queridos. En ese proceso comenzó a adquirir un rol decisivo Norma Beatriz Gómez, hermana de Eduardo Gómez –soldado argentino caído en Malvinas–, cuyo cuerpo se encontraba en una de las tumbas sin identificar. Ella conversó con familiares, los nucleó y los animó a que prestaran su testimonio. Para mediados de 2011 ya había logrado que cuatro familiares documentaran su reclamo ante un escribano público y el 2 de agosto presentaron un reclamo conjunto y coordinado en la justicia federal argentina y el Poder Ejecutivo Nacional. Uno recayó en el Juzgado Federal nº 10 a cargo de Julián Ercolini y el otro directamente llegó a manos de la presidenta Cristina Fernández.
En uno de esos testimonios Ramona Ofelia Dábalo expresó: “Quiero saber bien cómo fue la historia de mi hermano, cómo fue que murió, porque uno no termina de hacer el duelo. Hasta hace unos pocos años nosotros todavía esperábamos. El hecho de que nos dijeran que estaba como prisionero de guerra nos había dado la esperanza de que volviera. Nosotros queremos que nos digan que esos huesos son de mi hermano. Desde un primer momento nos negaron todo tipo de información o nos dieron informaciones confusas y nos hicieron mucho daño. Nosotros queremos saber qué fue lo que pasó, saber la verdad”. [...]
Por su parte, la propia Norma Gómez documentó su reclamo de la siguiente forma: “Yo quisiera saber dónde está mi hermano. Es una sensación muy dolorosa. A mí me gustaría poder saber dónde está su cuerpo, por dónde estuvo en Malvinas, cómo fueron sus días allí. La única información que tuve fue por sus compañeros que me hablaron de él, pero el Estado no me informó nada, ni sé dónde está”.
También reveló que una vez terminada la guerra, cuando llamaban por teléfono a Río Gallegos, les decían: “‘Si llamaban cinco minutos antes se iban a comunicar con Eduardo, pero ahora está comiendo’. Volvíamos a llamar y nos decían: ‘No, no sabemos nada’. Volvíamos a llamar: ‘No, Eduardo está yendo a Buenos Aires’. Volvíamos a llamar: ‘No, Eduardo está desaparecido’”.
También, Mirtha Virginia Monzón relató que fue dos veces al cementerio de Darwin para buscar a su hermano Eleodoro: “No sé si está allí, porque no encontré el nombre de él. Me recorrí todo el cementerio uno por uno, pero no estaba allí su nombre. Mi mamá también hizo lo mismo. Yo nunca recibí una información del Estado. Lo único que nos dijeron es que lo dieron por desaparecido. Alguna información tuve por los compañeros conscriptos. Algunos dicen que una ráfaga de fusiles lo partió en dos. Otros dicen que son dos tiros. Otros dicen que lo vieron caer nada más. Me gustaría saber dónde está mi hermano, por lo menos quiero saberlo, para ir a llorar donde está él”.
Ese mismo año se pudieron conseguir nuevos testimonios, como los de Esther Gladys Pavón, Orlando Ismael Ramírez y Ana Marciana Monzón, que también formaron parte de los reclamos y presentaciones judiciales, y poco a poco se fue venciendo la desconfianza que existía entre los familiares. Los familiares y miembros del Cecim La Plata que reclamaban por la identificación desechaban cualquier opción que pudiera entenderse como un reconocimiento de soberanía británica o de los isleños y no tenían la posibilidad de recurrir a un tribunal argentino de manera ordinaria y solicitar la exhumación de las tumbas, ya que la ocupación ilegal británica de las islas impedía esta acción. Pero, en el ámbito nacional y regional, se había consolidado el reconocimiento del derecho a la verdad y el Estado argentino sostenía una sólida postura respecto de la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, lo que constituía un promisorio contexto para emprender la postergada identificación con la certeza de que el Poder Ejecutivo no iba a solicitar permiso a ninguna autoridad británica o dependiente de la Corona para atender a este derecho humanitario y soberano.
Ercolini recordó que cuando los familiares presentaron la acción de amparo le hablaron sobre “el derecho a despedir a los seres queridos, el derecho a acceder a la verdad, el derecho a identificar a los cadáveres; ellos lo resumieron en esa primera entrevista que tuve, diciendo: ‘Lo único que nosotros queremos y que hemos soñado durante años es poder llevar un ramito de flores a la tumba de mi hijo o de mi hermano, rezarles y despedirnos como corresponde’. Yo me acuerdo de esas palabras que me dijeron: ‘Como corresponde’”. En el recurso de amparo se solicitaba “invocando el derecho a la identidad y a la verdad” que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera “las medidas necesarias para que dentro de un plazo razonable se le devuelva la identidad y la historia a aquellos hombres que dieron la vida defendiendo la soberanía de nuestras Islas Malvinas”. En el recurso se planteó: “Que no se conozcan la identidad de los muertos en Malvinas, no es un hecho menor que puede quedar sin tutela efectiva por parte del Estado. Esta trágica circunstancia que sigue generando dolor en los familiares, los compañeros y en la sociedad tiene que ver con el pensamiento de quienes en 1982 tomaron la decisión de iniciar una acción militar que nos llevó al conflicto armado con Gran Bretaña, dejando un saldo de 649 muertos. Está vinculada con una guerra iniciada para poder continuar y mantener el régimen de facto que imperaba desde 1976, y que, al regreso de los soldados combatientes, después del 14 de junio de 1982, impuso el silencio amenazando a todo aquel que en ese presente contara algo de lo sucedido”.
En el amparo no solo se reclamaba la nómina de los caídos en Malvinas, la cantidad de tumbas en el cementerio de Darwin, su ubicación exacta, en cuáles figuraban los nombres de los soldados y cuáles no estaban identificadas. También se pedía que se investigaran las circunstancias de la muerte de los soldados. Es decir, no se trataba meramente de la localización de los cuerpos, sino de conocer aquello que había sido deliberadamente ocultado, incluyendo la forma en la que habían muerto. Además de las implicancias que pudiera tener en otras investigaciones, conocer todas esas circunstancias también era un derecho y una necesidad que tenían sus familiares:
“Asimismo, para ese Estado genocida que gobernaba de facto la Argentina, todas las muertes de los soldados fueron a causa de los combates. Esto también constituye otra mentira que se viene sosteniendo desde 1982 que también genera dolor y sufrimiento. Los relatos de aquellos que estuvieron allí dan cuenta también de otras circunstancias”.
En el recurso se enumeraban los casos de aquellos soldados cuyas muertes no se habían producido en combate: “Remigio Fernández y Secundino Riquelme murieron por desnutrición en Puerto Howard. Héctor Miguel Rolla murió congelado en Monte Longdon. Rito Portillo asesinado por un suboficial de la marina en proximidades de Puerto Argentino. Pedro Vojkovic, Alejandro Vargas, Manuel Zelarayan y Carlos Hornos murieron al pisar una mina antitanque (nadie les había indicado del campo minado donde encontraron la muerte buscando comida). De ellos, solo Alejandro Vargas está identificado en el cementerio de Darwin. El cuerpo de Pedro Vojkovic fue entregado en la morgue del Hospital Argentino, actualmente su nombre no figura en el cementerio”.
Además, el hallazgo de información acerca de las causas de la muerte de los soldados podía contribuir a la causa en la que se investigaban las torturas: “El análisis de los restos y las singularidades que pudieren tener puede conducirnos a la obligación de analizar posibles crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos”.
Desde la Comisión de Familiares se opusieron a este reclamo y llegaron a pedir a las familias que no colaboraran con la iniciativa, con el argumento de que eso podía implicar “una repatriación” de los cuerpos que iba a servir para hacerles el juego a los ingleses e, incluso, llegaron a plantear que en caso de seguir adelante podrían “perder la pensión”. Más allá de esta resistencia, la Comisión de Familiares terminó acompañando el reclamo de identificación, pero se ocuparon de diferenciar esta acción de otras políticas en materia de derechos humanos, al establecer que los muertos en Malvinas no eran equiparables a los desaparecidos: “Se hace necesario preservar a lo largo del proceso que quienes han muerto en Malvinas no son predicados en la memoria de los argentinos como desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado. Por el contrario, se los ha nominado expresamente con el concreto propósito de que perduren en la memoria y conciencia histórica de generaciones venideras y ello, como héroes nacionales caídos en defensa de la soberanía nacional”.
Reclamar la identificación desde otro ángulo
Otro modo de impulsar la identificación fue llevado adelante por la Fundación No Me Olvides, presidida por Julio Aro, un exsoldado que durante la Guerra de Malvinas custodió la casa del gobernador militar interino Mario Benjamín Menéndez en Puerto Argentino y, tras la rendición, enterró a dos de sus compañeros. En el año 2008, Aro regresó a las islas y comprobó lo que venían denunciando los familiares: que había ciento veintiuna tumbas sin identificar. En octubre de ese año, viajó a Londres con otros dos veteranos a un encuentro con excombatientes ingleses, invitado por Tomy Davies, expresidente de la asociación de veteranos británicos Falklands Veteran UK.
Allí conoció al coronel Geoffrey Cardozo, quien le sirvió de traductor. Al compartir la impresión que le habían causado las lápidas con la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”, Cardozo le reveló su trabajo, realizado poco después de la guerra, creyendo que los argentinos ya estaban al tanto de su informe, y le entregó una copia del manuscrito. Luego de traducir ese documento al español, Aro viajó a Ginebra y creó la Fundación No me Olvides, a la que se unió la periodista Gabriela Cociffi, y contactó al músico británico Roger Waters para que impulsara la identificación: “Contacté a Antropología Forense y cuando vi que las puertas del gobierno no se abrían lo que esperaba, le pedí ayuda a Roger Waters. Un amigo me dio su mail. […] Le escribí un mail, hablamos durante años y él se lo dijo a CristinaFernández de Kirchner, le dio mi tarjeta. Días después me llamó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y me preguntó qué quería. Así comenzó a tomar forma el proyecto humanitario”. (Santa Cruz, 2022: 60)
El músico británico no dudó en involucrarse y el 6 de marzo de 2012 se reunió con Cristina Fernández en una audiencia junto con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para solicitar la identificación de los restos de los caídos que yacían en Darwin. Waters envió una misiva al Ministerio de Relaciones Exteriores británico y a la Cruz Roja Internacional. Además, habló con embajadores ingleses, ofreció conciertos, invitó a familiares de los caídos en Malvinas a su recital en La Plata, y envió una carta a la Asamblea Legislativa de las islas, contribuyendo a que avanzaran las peticiones de los familiares.
Este modo de acercarse a la problemática de la identificación no generó la incomodidad que acarreaban las acciones impulsadas por los excombatientes del Cecim, quienes también promovían el juzgamiento de las torturas y repudiaban la dictadura, la guerra y los acuerdos de entrega de soberanía. En torno a la Fundación No Me Olvides se construyó un relato que no incluía esas otras dimensiones, y se limitaba exclusivamente a la identificación. Su postura, más allá de haber sido rechazada en un principio por la Comisión de Familiares, no inquietaba a los políticos argentinos, ni a los británicos, y fue el relato que trascendió sobre lo sucedido, como si ellos hubieran sido los únicos que habían peleado por la identificación. Geoffrey Cardozo fue homenajeado en marzo de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; además de ser reconocido en el Congreso nacional. En contraste, todo lo que hizo el Cecim La Plata y los familiares pioneros del Chaco, como Norma Gómez, fue ocultado.
La postura de la Comisión de Familiares
La Comisión de Familiares siempre se negó a las identificaciones, con el argumento de que la exhumación podría tener como consecuencia el reclamo de los familiares de traer los cuerpos a la Argentina continental y no estaban de acuerdo con “desmantelar” el cementerio (Panizo, 2018: 74). María Fernanda Araujo –que presidía la Comisión de Familiares luego de que lo
hiciera Delmira Cao–contó en una entrevista que dio en 2012 a qué se debía ese categórico rechazo: “En la Comisión nos oponíamos cien por cien a las identificaciones. Es una historia triste. Delmira Cao era presidente, pero la cabeza era un veterano de guerra, César Trejo, que se apoderó de la institución. Lo que pasó es que el Cecim, un centro de excombatientes de La Plata que quería la identificación, empezó a hablar de que los caídos eran N.N., desaparecidos. Y yo decía: 'Mi hermano no es desaparecido de la dictadura, murió en una guerra'. Y César Trejo aprovechó y empezó a meter fantasmas. Decía: 'Si no aparecen los van a hacer pasar por desaparecidos; y si aparecen van a querer traer los restos'”.
Virginia Urquizu, una de las integrantes del EAAF, encargada de entrevistar a los familiares, contó que en el primer encuentro con una familia se cruzó con un grupo de veteranos que se hallaban en la casa donde vivía la madre de un soldado caído, y que la convencieron para que no entregara una muestra de ADN: “La primera entrevista que hicimos fue terrible. Era con la mamá de un caído que era hijo único. Tocamos timbre. Un hombre respondió: 'Soy el hijo, ya bajo'. Dijimos: 'Acá pasa algo raro'. El caído no tenía hermanos. Adentro estaba la mamá con otros hombres que se presentaron como hijos de ella. Eran excombatientes que venían a presionar para que la madre no diera la muestra. Nos dijeron que ellos no iban a permitir que eso se hiciera, que éramos profanadores de tumbas, que era un manejo para traer los restos al continente. La mujer solo dijo: 'Yo voy a hacer lo que mis hijos digan'. Y no dio la muestra”.
Luis Fondebrider también consignó que “hubo familias que no dieron la muestra porque la Comisión de Familiares iba antes y les decía: ‘No lo hagan, esto lo está usando políticamente el kirchnerismo, van a sacar los cuerpos y van a cerrar el cementerio’”. Cuando le quisieron pedir la muestra a Héctor Cisneros, el primer presidente de la Comisión, contestó: “No voy a dar la muestra, estoy en desacuerdo con el trabajo que van a hacer, y voy a hacer todo lo posible para que no se realice”.
Por su parte, César Trejo planteó: “El concepto de identidad en la Argentina tiene una carga que proviene de los desaparecidos. En los caídos argentinos no hay problemas de identidad. Nosotros hablamos de localización. Los muertos de Malvinas no pueden ser homologados con la situación de terrorismo de Estado y los desaparecidos”.
La disputa ideológica con el Cecim La Plata se extendió a los referentes de los organismos de derechos humanos que acompañaron el proceso de identificación. La madre de plaza de mayo Nora Cortiñas, el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel y otros participantes de un viaje a Malvinas realizado entre el 11 y el 18 de marzo de 2017, fueron agredidos por integrantes de la Comisión de Familiares en el Aeroparque metropolitano, donde los acusaron de “ofender la memoria” de los muertos en Malvinas por llamarlos “N.N.” y por querer “convertirlos en víctimas”. Este grupo le entregó una carta a Pérez Esquivel, firmada por Araujo, en la que planteaban: “Los soldados que yacen en Malvinas en tumbas sin localizar no son N.N., son soldados de la patria que dieron sus vidas por todos nosotros. Todos conocemos sus nombres, quiénes fueron, a dónde fueron, con quién estuvieron, contra quién pelearon y lo que tenemos bien claro es quiénes los mataron: las tropas imperiales de Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN”.
No obstante las múltiples manifestaciones de rechazo al proceso de identificación sostenidas por la Comisión de Familiares, Araujo contó que modificó su punto de vista a partir de una respuesta que le dio su madre: “Me dijo que ella no necesitaba que se toque el cementerio, pero que tampoco se creía con autoridad para impedir que otras madres puedan localizar el cuerpo de su hijo. […] Entendí que no podía ser egoísta y que tenía que ayudar a darles la posibilidad de elegir a todas esas madres”.
También destacó el rol del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj: “Asistí con los familiares del Perro Cisneros, otro de los héroes argentinos; no queríamos que se politice, pero debo reconocer que Avruj se puso en nuestro lugar y nos dio las garantías que necesitábamos. […] Recuerdo que Avruj me tomó del brazo y me dijo: ‘María Fernanda, ¿por qué no?’. Ahí entendí que debía respetar la decisión de cada madre, de cada familia, y no debíamos ser tan cerrados”.
En una reunión en la que estaba presente Mauricio Macri, Araujo le pidió disculpas a otro de los impulsores de la identificación, Julio Aro: “Me había equivocado, nos faltaba información, nos podía el dolor, pero tuve que reconocerle a él y a Geoffrey su enorme trabajo”.
Araujo asumió el 10 de diciembre de 2023 como diputada nacional por La Libertad Avanza, después de que Victoria Villarruel renunciara para asumir la vicepresidencia. El 11 de julio de 2024 fue una de las legisladoras que visitaron a los genocidas detenidos en Ezeiza. El organizador del cónclave, el diputado nacional Beltrán Benedit, argumentó que fueron a ver “a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional” y que eran “héroes de Malvinas”. Esto generó, además, el repudio de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Buenos Aires y del Cecim La Plata […]
Alejo Ramos Padilla es abogado, doctor en Derechos Humanos. Desde 2021, se desempeña como juez electoral de la provincia de Buenos Aires, tras haber sido juez federal en Dolores. Representó a excombatientes de Malvinas e impulsó la identificación de soldados enterrados como N.N. en el Cementerio de Darwin. Su último libro es “Recuperar Malvinas” (Siglo XXI) del cual este texto es un fragmento.
por Alejo Ramos Padilla
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