La semana comenzó con el Gobierno presentando una nueva propuesta para la reestructuración de la deuda ante la SEC, el organismo norteamericano en la materia. Aunque todavía no se conocen oficialmente las opiniones de los acreedores, los rumores hablan de una recepción favorable de la mayoría que entusiasma al ministro Martín Guzmán y que se viene traduciendo en la suba de los bonos argentinos en la bolsa local e internacional.
El mercado financiero festeja la oferta porque descuenta el acuerdo, se preguntan cuáles serían las razones para rechazarlo, qué más le pueden quitar a Guzmán: el Ejecutivo local está ofreciendo u$s 53,3 de valor presente neto (VPN) para los bonos emitidos durante el gobierno de Macri, que valían cerca de u$d 25 hace unos meses y por los cuales el gobierno había comenzado ofreciendo u$s39 en abril. Incluso estos cálculos omiten que la quita de capital es casi inexistente, por lo que si mantienen las tenencias hasta la fecha de vencimiento cobrarán u$s98. Recordemos que esa oferta inicial había sido percibida como “menos agresiva” de lo que se esperaba. Una capitulación de la capitulación.
El Gobierno lanzó su primera oferta poniendo como condición la sustentabilidad de la de deuda, luego de que el propio Guzmán manifestara que era “impagable”. Por iniciativa oficial se trató en el Congreso de una ley, que con el lema de la sustentabilidad fue apenas una maniobra para mostrar el compromiso de todos los partidos patronales con el saqueo. Ahí, solo el Frente de Izquierda rompió la unanimidad marcando que el sometimiento del país al pago de la deuda externa es incompatible con su desarrollo.
La situación se agrava aún más si nos detenemos en la oferta a los dueños de los bonos emitidos por los gobiernos kirchneristas en los canjes de 2005 y 2010, dado que a ellos se les ofrece u$s57,5 y conservar todas las normas que operan a su favor en lo que se conocen como las CAC, las cláusulas de acción colectiva que determinan las condiciones en las cuales los bonistas pueden litigar en caso de incumplimiento de los pagos.
Este punto es mucho más que un detalle. Los trascendidos indican que las negociaciones con BlackRock están interrumpidas justamente porque este fondo pretende que todos los nuevos bonos ofrecidos contemplen esos beneficios de los bonos emitidos durante el kirchnerismo, a diferencia de los emitidos a partir de 2016 que incluyen las llamadas “cláusulas antibuitre”. Los bonistas que tienen títulos del macrismo reclaman las condiciones emitidas bajo los gobiernos “nacionales y populares”, pero estas pretensiones se contraponen a toda la jurisprudencia internacional en materia de reestructuraciones de deuda de la última década, cuando a nivel mundial se decidió poner un coto al abuso de los acreedores sobre los países quebrados.
Qué hay detrás de los problemas legales
La pregunta es evidente: ¿Es posible que se trabe un acuerdo por las condiciones de un hipotético litigio en caso de incumplirse el acuerdo nonato? Sí, lo es. Ocurre que tanto los representantes de Blackrock como los negociadores que supimos conseguir son conscientes de que lo que están arreglando es incumplible para la economía argentina y que han dejado la sustentabilidad atrás.
De todas maneras, las presentaciones judiciales no son la variante más probable que se baraja en estos días. Para evitarlo el Gobierno ha reculado sobre cada uno de los ítems de su propuesta inicial: la quita de capital que desde el primer momento fue baja, ahora es prácticamente nula; la baja de los intereses viene siendo cada vez menor, triplicando la media internacional; y finalmente el plazo se acorta.
Sin embargo, todo esto no sería suficiente para BlackRock y los grupos que lo acompañan en la negociación, que siguen amenazando con juicios y que de conjunto pueden vetar el acuerdo. Mientras la estrategia oficial es intentar dividir al grupo entregando cada vez más y más concesiones, el fondo de inversión más grande del mundo se mantiene firme especulando con que el planteo de que “es todo lo que el país puede pagar” ya se flexibilizó dos veces.
Los bonistas le tomaron el tiempo al Gobierno, saben que está dispuesto a entregar lo que no tiene para llegar un acuerdo porque es un reclamo común de toda la burguesía que opera en el país. Algunos han estimado que lleva cedidos unos 15.000 millones de dólares en lo que va de la negociación, cumpliendo la mayoría de las demandas de los acreedores, que nuevamente se enriquecen a costa de una política que condena al hambre a millones de trabajadores.
¿Hay plan económico?
Desde el primer momento el Gobierno recibió el apoyo del Fondo Monetario, una parte interesada en la negociación de la deuda con los privados, porque una vez que se haya llegado a un acuerdo con ellos será la hora de sentarse a negociar los nada menos que u$s44.000 millones que se deben al FMI. Más allá del tironeo por cómo repartirse el pequeño botín que significa Argentina, los bonistas confían en que el fondo obligue al Gobierno a las reformas estructurales que esperan en materia laboral y previsional como garantía de repago.
En este sentido ven como positivo que la nueva oferta achique el plazo de gracia: en lugar de los tres años solicitados en un comienzo, ahora se pagarían intereses desde septiembre de 2021. Además de una concesión financiera, este aspecto opera como una prueba de que se ejecutará el ajuste necesario durante el mandato de Alberto Fernández.
La deuda en dólares bajo legislación local también será reestructurada. Se trata de otros u$s15.000 millones a los cuales el gobierno promete otorgar las mismas condiciones que se acuerden con los bonistas de ley extranjera, aunque en este caso no existe la posibilidad de litigar en el extranjero.
Teniendo en cuenta la totalidad de la deuda -y no solo la negociación actual- la pelea de los fondos por las condiciones para litigar en caso de incumplimiento de los bonos nuevos toma otro color, porque son quienes ahora se van a beneficiar de la entrega del Gobierno argentino. Son los más conscientes de que el pago de la deuda argentina es completamente inviable y que este acuerdo sienta las bases del próximo default. En resumen, la salida del noveno default argentino prepara más temprano que tarde la llegada del décimo.
@guidolapa
por Guido Lapa, economista
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