La semana que concluyó dejó una señal inquietante en materia financiera. El jueves 8 de enero, el Gobierno anunció que el viernes 9 debía volver a reestructurar deuda ya reestructurada, tal como estaba pactado desde julio de 2020, en el marco del acuerdo alcanzado durante la gestión de Martín Guzmán. Se trata de bonos que originalmente habían sido reestructurados entre 2005 y 2010 y que volvieron a convertirse en un problema como consecuencia del sobreendeudamiento en el mercado voluntario de bonos por más de USD 100.000 millones entre 2016 y 2017, aun cuando en ese período se implementó un blanqueo de capitales que recaudó cerca de USD 10.000 millones.
El arquitecto de aquel endeudamiento fue el entonces secretario de Finanzas y posterior presidente del Banco Central, hoy convertido en ministro de Economía y principal ejecutor local de la política del Tesoro estadounidense: Luis Andrés Caputo. En términos coloquiales, el país llegó al vencimiento “con la lengua afuera”. Los mercados internacionales siguen cerrados para la Argentina y todo indica que no se reabrirían antes de 2030, cuando vence la mayor parte de los bonos reestructurados.
Es la tercera vez en poco tiempo que el Gobierno debe hacer malabares financieros, pero cada vez con menos margen. El pago de enero de 2024 ya había sido anticipado en diciembre de 2023; el de julio de 2024 se cubrió con el blanqueo de capitales por USD 20.000 millones. Para llegar a cada vencimiento posterior, el Ejecutivo recurrió a préstamos REPO de corto plazo con bancos internacionales, cada vez más grandes y costosos que los anteriores.
Detalle de los REPO tomados:
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REPO 1
Fecha: enero 2025
Capital: USD 1.000 millones
TNA: 8,8%
Plazo: 24 meses
Tasa final: 18,88%
Pago total: USD 1.188 millones -
REPO 2
Fecha: julio 2025
Capital: USD 2.000 millones
TNA: 8,25%
Plazo: 18 meses
Tasa final: 12,93%
Pago total: USD 2.259 millones -
REPO 3
Fecha: enero 2026
Capital: USD 3.000 millones
TNA: 7,4%
Plazo: 12 meses
Tasa final: 7,55%
Pago total: USD 3.226 millones
En los dos primeros REPO tuvieron participación activa los bancos Santander y BBVA. En el último se sumó el Banco de China, un dato que no debería pasar desapercibido en términos geopolíticos.
Por estos REPO, que vencen entre enero y abril de 2027, la Argentina deberá pagar USD 6.673 millones, una consecuencia directa de una política económica orientada a tapar baches financieros de corto plazo, sin ninguna consideración por la industria, la construcción ni el empleo. Basta recordar que estos sectores empleaban a más de un millón de trabajadores al 10 de diciembre de 2023 y hoy cuentan con menos de 900.000.
Nunca se priorizó la acumulación de reservas genuinas. En su lugar, se optó por “reservas alquiladas”, obtenidas vía préstamos cuyo destino final nunca fue debidamente explicado. Lo mismo ocurre con el blanqueo de USD 20.000 millones, sobre el cual aún no existen rendiciones claras. Recién en 2026 el país contará con un presupuesto que podrá ser auditado por el Congreso. Antes de eso, la Ley Bases otorgó facultades delegadas que, en los hechos, implicaron una concentración inédita de poder, avalada por legisladores autodenominados “dialoguistas”.
Cabe recordar que la deuda pagada el viernes tenía un capital de USD 2.700 millones, con bonos que vencían a partir de julio de 2029 y una tasa del 1,5% anual. Para cancelarla, el país se endeudó por USD 3.000 millones al 7,65% anual a un año. El resultado es evidente: una operación financieramente ruinosa. Para llevarla adelante, fue necesario violar la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública (ley Guzmán), algo que se habilitó desde los artículos 56 y siguientes del Presupuesto 2026.
Los legisladores que, con pleno conocimiento, votaron esos artículos comparten la responsabilidad política. Lo mismo vale para quienes promocionaron al actual ministro como el “Messi de las finanzas”, cuando en los hechos no demostró ser más que un endeudador serial, con el aval explícito del Presidente y de los jefes de Gabinete, responsables últimos según la Constitución Nacional.
Como complemento de este escenario, el viernes 9 al mediodía el Banco Central informó que la parte activada del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones fue cubierta mediante un crédito del Banco Internacional de Pagos. Hoy ese swap se encuentra inactivo, ya que en EE.UU. no fue firmado por la Reserva Federal ni autorizado por el Congreso, generando tensiones internas para Donald Trump y Scott Bessent y dejando a la Argentina sin respaldo estadounidense en materia cambiaria.
Ese mismo día se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires de diciembre de 2025: 2,7%, con fuerte incidencia del rubro alimentos, impulsado por la suba de la carne. Todo indica que la inflación nacional se ubicará entre 2,8% y 3,2%, como se anticipa desde mediados de diciembre. No es un dato menor: en la metodología 2004 del INDEC, alimentos y bebidas explican el 33% del índice general.
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