A veces, el tiro es certero. Otras, se necesita una ráfaga de 52 disparos. Los baleados pueden ser hijos, hermanos de narcos rivales o, simplemente, un dato erróneo que termina en un charco de sangre sobre la tierra húmeda de Rosario.
A veces es a plena luz del día, a la vista de todos, frente a un mercado de frutas y verduras. La mayoría, durante la madrugada.
Hay emboscadas callejeras, motos o autos que se ponen a la par y liquidan. Niños de 12 años condenados a actuar de sicarios. Casas de jueces y frentes de juzgados que quedan como un queso Gruyere, como si nada. Mensajes siniestros: “Te dejamos viva para que cuentes todo lo que pasó”.
Da escalofríos.
Rosario amanece, casi todos los días, con un muerto y una causa judicial abierta debido a las disputas entre bandas de narcotraficantes por el control del territorio.
Hubo jornadas trágicas, de hasta 30 personas baleadas. La última fue la del martes 14. No por la cantidad de hechos sino por la conmoción que produjo el crimen del ex concejal y pastor evangélico Eduardo Trasante. Un hombre dedicado a denunciar la violencia en barrios populares, después de haberla vivido en carne propia con dos hijos adolescentes. En 2012, Jeremías, una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno, quedó en medio de un ajuste de cuentas que no era para él. Dos años después, Jairo Natanael, fue acribillado a la salida de un boliche.
Durante los años que siguieron, Trasante encabezó marchas pidiendo justicia, gritó con megáfonos, asistió a otras víctimas, oró en la cárcel y se abrazó con al asesino de Jeremías. Hasta mostró la ametralladora FMK 3 con la que habían matado a su hijo para dar un baño de realismo a la clase política. “Este es el principal problema de Rosario”, dijo. Qué paradoja: hay ametralladoras que usan balas llamadas trazantes –con z– por la trayectoria luminosa que marcan en el cielo.
Su diagnóstico resultó fatalmente realista: lo ultimaron de rodillas. No hay dudas, en la causa, de que el matador fue un profesional. Le llevó seis minutos la tarea. Golpeó la puerta de la casa del pastor, junto a un cómplice; su mujer Carolina le abrió y el extraño lo remató de un tiro en la cabeza. Sin mediar palabra.
En Rosario, como se ve en las películas de gángsters, el crimen por encargo es más común de lo que uno se atreve a pensar. “Acá te matan por un celular y dos papelitos”, cuenta un pastor carcelario que conocía a Trasante y que aún no se repone del impacto.
Quienes accedieron a escuchas telefónicas, en diferentes causas judiciales, dicen que es pavoroso confirmar lo poco que vale la vida en esta tierra de sicarios. “Andá y matalo”, mandan los jefes sin pudor. La Justicia sospecha que la muerte de Trasante pudo haber costado 500.000 pesos.
El tráfico de drogas, en esta ciudad, no es de exportación. Las vendettas entre bandas se originan por un botín de cabotaje: el mercado interno. No es poca plata. Un solo búnker puede generar una ganancia mensual de 2.000.000 de pesos. Y un “gatillero”, tirador amateur apto para balear frentes de edificios, saca mucho más que un repositor de supermercado: 20.000 pesos por fin de semana. La desigualdad social produce distorsiones insalvables.
Con sus líderes más tradicionales muertos o presos, como es el caso de la banda de Los Monos, las órdenes se imparten desde la cárcel, pero la custodia del negocio queda en manos de terceros y el territorio se desguaza a los tiros. “Ahora disputan el descontrol”, explica un especialista.
Ya hubo 100 asesinatos en lo que va del año. El 41% producto de ajustes de cuentas. Dos de cada tres, en la vía pública. Los muertos son cada vez más jóvenes, entre 15 y 34 años, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la provincia a cargo de Marcelo Saín.
Hace décadas que el Estado se declara incapaz de frenar esta locura. Se lo ve en la calle, en la cantidad de pibes que ya no tenían futuro antes de morir, pero también en las señales que da la política. A la viuda de Trasante no le pusieron custodia policial la noche posterior al crimen.
Ella ahora se encuentra con paradero desconocido bajo el sistema de protección a testigos. La abogada Gabriela Durruty cambia de teléfono para evitar ser rastreada. “Prefiero no saber nada”, se excusa un pastor amigo antes de cortar el teléfono. El miedo no es zonzo.
En 2013, los narcos se le animaron al gobernador Antonio Bonfatti y tirotearon su casa. Después fue el turno de algunos jueces. Y más tarde, el frente del Concejo Municipal de Rosario. Tras la balacera, en varios de los casos, se ha encontrado un mismo cartel, improvisado y escrito a mano: “Con la mafia no se jode”.
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