Javier Milei se declaró varias veces a favor de la libre portación de armas, y hasta incluyó una propuesta para avanzar en la desregulación de este mercado en su plataforma de campaña. Desde que llegó al poder viene avanzando en ese sentido.
El Gobierno, que ya había bajado la edad mínima para ser poseedor de 21 a 18 años, ahora introdujo dos novedades que despertaron polémica: profundizó la “modernización” de los trámites para acceder a las armas, algo que para los críticos es una manera apenas elegante de llamar al retiro del Estado de este control, y habilitó la compra de fusiles semiautomáticos para civiles. La administración libertaria parece que está jugando con fuego.
Pólvora. En julio, el Gobierno disolvió la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que se había creado en 2015 con el voto de, entre otros, el entonces diputado Luis Petri. Milei transformó esa agencia en el extinto Registro Nacional de Armas (RENAR) y lo ubicó bajo la órbita del ministerio de Seguridad. Parte de la polémica actual se remonta a ese momento: los que conocen este mundo aseguran que, por el recorte presupuestario y de organigrama que significó la decisión presidencial, quedaron menos de diez inspectores trabajando ahí. Esto parecería entrar en contradicción con la “modernización” que impulsa el Gobierno: en mayo habilitó los “trámites exprés” -es decir, la presentación de documentos vía web- para registrar un arma o convertirse en legítimo usuario. La pregunta es evidente: ¿cómo pueden hacer diez inspectores para controlar en el mundo real la información presentada de manera virtual del casi millón de usuarios?
Esta duda creció, además, luego de que el martes 18 el Gobierno resolviera sumar a la “modernización” a los trámites para importar y exportar armas, municiones y explosivos. Las críticas no sólo llegaron desde ONGs pro desarme o desde la oposición -“podés poner determinados requisitos, pero si después no tenés un sistema de control, no sirve”, dice Matías Molle, diputado peronista y ex titular del RENAR-, sino también desde la Justicia. Gabriel González Da Silva, fiscal de la Unidad Fiscal Federal contra el Tráfico de Armas, escribió en su blog: “RENAR no posee hoy la capacidad para fiscalizar miles de nuevas solicitudes. La modernización desmaterializa el control: se lo sustituye por la ilusión de un trámite digital. La consecuencia es que el acceso a una autorización para adquirir un arma semiautomática resulta más simple que tramitar un pasaporte. El símbolo es devastador: el Estado exige menos para armarse que para identificarse”.
Fuego. Da Silva hace referencia a otra de las grandes novedades. El 6 de noviembre, a través de la resolución N°37/25 del Renar -que le dio forma al decreto presidencial N°397/25 de junio-, autorizó la tenencia de semiautomáticas, alimentadas con cargadores removibles, para civiles. Es un cambio sustancial: estas armas, que son de las que se pueden ver en una película bélica, son para combate, aún cuando se usan en competencias deportivas. Este ítem, de hecho, es el vericueto legal en el cual el Gobierno se amparó para su última decisión: los futuros dueños de estas armas deberán “acreditar probados usos deportivos”. Son varios los que, sin embargo, ponen en duda esta finalidad. “Deja zonas de interpretación abiertas, especialmente en lo relativo a qué puede considerarse una finalidad legítima”, escribió Da Silva. No es el único temor. Es que este tipo de armas son también las que aparecen en los tiroteos en escuelas en Estados Unidos. Natasa Loizou, ex directora de Anmac, calcula que desde en el último año y medio hubo al menos 15 episodios de este estilo en instituciones educativas en Argentina. El peligro, parece, está latente.
Por su parte, Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme, aseguró en una entrevista en la AM750: “El plan es liberar la portación de armas, lo están haciendo de a poco. Ponen ahora unos requisitos para que sea comprobable el uso deportivo, pero son armas que pueden tirar ráfagas, no es para tiro al blanco”.
Mientras tanto, el Gobierno se sigue mostrando cerca de Bersa, la principal empresa local. Petri, todavía ministro de Defensa, fue al evento anual de la compañía y probó uno de sus fusiles semiautomáticos. Los que conocen este mundo dicen que Bersa quiere quedarse con el redituable negocio de armar al Ejército. Cuanto menos reglamento, más mercado.
Galería de imágenes
Comentarios