El juez federal de Casación Penal Gustavo Hornos se hizo célebre en los primeros años del Gobierno de Alberto Fernández por haber sido uno de los magistrados que visitó la Quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri. Hornos ha tenido sobre sus manos casos de importante relevancia política y en estos momentos es uno de los jueces que deberá definir la condena contra Cristina Kirchner en el expediente conocido como causa Vialidad.
En este contexto Hornos recibió un golpe casi letal en términos personales y judiciales porque su pareja lo denunció por violencia y el caso fue notificado al Consejo de la Magistratura, el órgano constitucional que administra la vida de los jueces. En este caso, la pareja de Hornos acudió a la Oficina de Violencia Doméstica y producto de sus declaraciones, se inició un expediente judicial en el juzgado Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del juez Alfredo Godoy. Este magistrado detectó que Hornos habría amenazado con utilizar su condición de juez en su favor y hasta que habría utilizado recursos del Estado en su beneficio, fue por eso que decidió remitir el expediente a los Tribunales Federales de Comodoro
Py, donde salió sorteado el juzgado Nº 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que está de licencia por problemas del corazón, por lo que subroga el doctor Sebastián Ramos. El fiscal es Guillermo Marijuan, que ya pidió citar a declarar a la denunciante de Hornos.
En paralelo, la pareja de Hornos le inició una demanda civil que recayó en el juzgado Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la magistrada Paula Marinkovic. En este expediente sucedió un hecho inesperado: la jueza dispuso un bozal legal para todos los medios de comunicación e incluso las redes sociales. Según la cédula enviada a Editorial Perfil, empresa que publica esta revista, la jueza escribió: “Dispongo la prohibición a los medios de comunicación, -ya sea televisivos, radiales, gráficos, páginas web y redes sociales- de publicar, difundir o divulgar cualquier información y/o noticia”, en alusión a los datos que surgen del expediente. Además agregó que de ser incumplida la orden del juzgado, se impondría una multa por $10.000.000 y la posibilidad de denunciar en la Justicia Penal “a efectos de que se investigue la posible comisión de delito”. La medida tendría carácter global, porque fue extendida también a Facebook, Instagram y Twitter, aunque esta última red social no existe más con ese nombre. Ahora se llama X.
Tras la notificación de este bozal legal, la revista NOTICIAS apeló la disposición.
Opiniones. La diputada Silvana Giudici, especialista en libertad de expresión, opina sobre la medida adoptada por Marinkovic: “La jueza de familia se excede en la competencia. Sin opinar sobre la cuestión de fondo suena muy prematuro una medida de bozal legal cuando además quien está denunciado es una figura pública, por lo que se entiende que debería ser información que podría resultar de interés público”, dijo.
La jueza, además libró un oficio al Enacom para avisarle esta misma medida al resto de los medios del ecosistema argentino. Sobre esto, Giudici dijo: “Es un exceso de la magistrada enviar cédula al Enacom para censurar previamente a todos los medios que mencionen la causa. El Enacom no tiene competencia sobre medios gráficos o digitales. Sólo podría enviar notificaciones a radio y TV, por lo que el oficio estaría mal librado”.
El abogado Ignacio Boulín, asesor legal del Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) analiza el tema. Por en lado se pregunta si es un tema de interés público y si involucra a una persona pública. “En ambas, la respuesta es afirmativa. De las personas que ocupan cargos públicos nos interesa la forma en la cual actúan en su función. Pero hay algunas situaciones en las que sus cualidades personales, sus actos privados, también nos interesan. Como dijo la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia contra Argentina, en el que se discutía sobre una publicación vinculada a un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem, hay actividades de las figuras públicas que salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Otro ejemplo claro de esto es la difusión de videos de Alberto Fernández. La forma en la cual se conducía en aspectos que no hacen específicamente a su función de presidente es también relevante para el debate público. La jurisprudencia norteamericana dice que ‘de las personas que ocupan funciones públicas nos interesa su carácter e integridad’”. En este caso, Hornos es un funcionario público, con causas sensibles de interés público y por lo tanto es una persona pública".
El segundo aspecto que analiza Boulin es la “desproporcionalidad de la medida”. “Si bien la protección de la privacidad de la denunciante, que no es una figura pública, es un fin legítimo, la prohibición impuesta no me parece necesaria o proporcional para alcanzar ese objetivo. Cuando se prohíbe publicar, difundir o divulgar cualquier información, se genera una prohibición demasiado extensa, que provoca incertidumbre e incrementa el riesgo de autocensura”, dice Boulin.
El tercer aspecto, atado al razonamiento anterior es que “la medida impuesta por el tribunal parece configurar un caso de censura previa, prohibida en términos generales tanto por el sistema interamericano de derechos humanos como por los principios constitucionales argentinos”, reflexiona el abogado de Fopea.
Por último, Boulin sostiene que “el periodismo debe informar sobre procesos judiciales que involucran a figuras públicas. No solo son de interés público las causas que develan hechos de corrupción. También hacen al debate público las cualidades personales de quienes forman parte de los poderes del Estado. Prohibir este tipo de expresiones termina deslegitimando al Poder Judicial ante la ciudadanía”.
El caso del juez Hornos tendrá derivaciones inesperadas, porque su causa se enmarca dentro de la interna del tribunal que integra. Casación es la instancia penal más importante del país y la que termina de definir la prisión o la libertad definitiva de las personas. Son personas poderosas. Por encima de ellos solo están los jueces de la Corte Suprema y por lo tanto también son proclives a las internas palaciegas.
Galería de imágenes
Comentarios