La legisladora Lucía Klug de Unión por la Patria presentó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el fin de gravar las emisiones de la ganadería y canalizar fondos para mejorar la gestión de residuos urbanos. La propuesta generó rechazo inmediato en el sector por el costo que conllevaría y la falta de sustento técnico.
La iniciativa de la diputada, vinculada al sector liderado por Juan Grabois, afirma que la tasa se fundamenta en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y prevé la constitución de un fondo fiduciario, con el que se buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones. Esta propuesta, según la legisladora, se encuentra en línea con lo dispuesto en la Ley N° 13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
El proyecto precisa que “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”. Ademas, el texto señala que la producción ganadera emite metano principalmente por fermentación entérica y manejo de estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto constituyen otros focos relevantes de este gas.
La reacción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa fue inmediata. “Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”, expresaron y agregaron: “La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.
Pero este tipo de iniciativas insólitas no son nuevas. En una sesión marcada por la exuberancia simbólica más que por urgencias sociales, el Congreso de la Nación Argentina aprobó en 2023 una ley que convirtió al 22 de noviembre en el “Día Nacional del Kimchi”. La propuesta —inédita porque celebra una receta coreana fermentada— fue defendida por la senadora impulsora como un gesto de reconocimiento hacia la comunidad coreana en Argentina y su huella cultural, remarcando el valor ancestral de la fermentación y sus aportes a la salud.
Otra propuesta pretendía instituir el “Día del Gol”, para conmemorar el segundo tanto histórico de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986, estableciendo el 22 de junio como fecha patria. También hubo intentos por declarar al español (o “castellano”) como “idioma oficial de la República Argentina”, argumentando un supuesto vacío normativo, pese a que ya existe un consenso cultural e institucional sobre el uso de ese idioma.
Más recientemente, en el recinto legislativo se presentó un proyecto conocido como Ley Sintientes, que propone modificar el Código Civil y Comercial para que todos los animales —domésticos, silvestres o de cría— dejen de ser catalogados como “cosas” y pasen a ser considerados “personas no humanas sintientes”, con derechos propios. Si se aprobara, implicaría reconocer la capacidad de sentir de los animales, permitiría demandar por maltrato o negligencia, y cambiaría radicalmente el marco legal de cría, tenencia, consumo y explotación animal en el país.
Este repertorio de proyectos pone en evidencia que el Parlamento argentino, además de deliberar sobre políticas estructurales e institucionales, funciona también como un espacio donde conviven iniciativas curiosas o directamente polémicas. Muchas de ellas con profundo aval de los partidos políticos.
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