La Justicia federal habilitó la extradición del empresario Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafa, incluyendo fraude en la adquisición de aeronaves para contrabando. El caso, que ahora deberá resolver la Corte Suprema tras la confirmación de la vigencia de los cargos por la Justicia de Texas en octubre de 2025, volvió a agitar las aguas del oficialismo libertario tras una denuncia sobre presuntas maniobras políticas y judiciales para frenar el proceso.
Según público el sitio La Política Online, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (abogado de trayectoria en causas de alto perfil, incluyendo defensas en narcotráfico), habría intervenido para beneficiar al entorno de Machado, un empresario argentino requerido por la Justicia norteamericana desde 2021, cuando fue detenido en Neuquén,
El vínculo se explica a través de la diputada libertaria Lorena Villaverde, defendida por Cúneo Libarona antes de asumir su cargo en un caso relacionado con narcotráfico en EE.UU. Villaverde es pareja de Claudio Ciccarelli, primo hermano y hombre de extrema confianza de Machado, así como su principal representante en Argentina. En el expediente judicial, Ciccarelli aparece mencionado como intermediario en los trámites y operaciones de las sociedades ligadas al acusado. La conexión entre los tres (Villaverde, Ciccarelli y Machado) alimenta las sospechas de un entramado de influencias que habría buscado protegerlo, incluyendo negocios mineros en Río Negro y gestiones para demorar la extradición.
Según informó el medio, Cúneo Libarona habría utilizado su posición institucional para impulsar gestiones ante el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales federales con el objetivo de demorar o condicionar la decisión de extradición. Sin embargo, el proceso avanzó: el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, declaró procedente la entrega de Machado en abril de 2022, y el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor del pedido de Estados Unidos en abril de 2023. Ahora, la Corte Suprema deberá pronunciarse en forma definitiva, tras lo cual el Ejecutivo podría tener la última palabra por razones de soberanía.
Mientras tanto, el caso Machado sigue generando incomodidad en el oficialismo. Esto se debe no solo a los vínculos personales con figuras cercanas al Presidente, como el hecho de que el abogado de Machado, Francisco Oneto, también represente a Javier Milei, sino también porque expone una compleja red de relaciones entre el poder político, la Justicia y los negocios internacionales que prefiere mantenerse oculta.
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