La designación de Santiago Viola volvió a poner bajo la lupa su vínculo previo con el empresario Lázaro Báez, a quien representó como abogado en causas de alto impacto vinculadas a corrupción y lavado de dinero, en particular en el expediente conocido como la “ruta del dinero K”. El flamante secretario de Justician asumió este martes como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo la justicia sobreseyó parcialmente a su exdefendido gracias a la Ley de Inocencia Fiscal.
Justo el mismo día de la indagatoria a Cristina Kirchner por la causa Cuadernos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, le tomó juramento como integrante del órgano político del Poder Judicial. De la ceremonia participaron también Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Viola es considerado como el hombre de confianza de Karina Milei en el ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques desde la salida de Mariano Cúneo Libarona.
Viola actuó como defensor de la familia Báez en momentos clave del proceso judicial, incluyendo estrategias destinadas a cuestionar la actuación del juez Sebastián Casanello. Según reconstrucciones judiciales, el ahora funcionario estuvo incluso imputado por una maniobra que buscó apartar al magistrado mediante la presentación de testigos falsos que afirmaban haber visto reuniones entre Casanello y Cristina Kirchner, algo que luego se probó inexistente. Ese episodio marcó uno de los puntos más controvertidos de su carrera profesional antes de su desembarco en el gobierno libertario.
El vínculo con Báez no es menor si se considera la magnitud de las causas en las que el empresario estuvo involucrado. Considerado durante años como presunto testaferro del kirchnerismo, fue condenado por lavado de activos en la causa de la “ruta del dinero K”, con penas que llegaron a los 10 años de prisión tras la revisión de la Cámara de Casación, además de otras condenas vinculadas al direccionamiento de obra pública. A pesar de esas sentencias, su situación judicial sigue siendo dinámica y atravesada por múltiples expedientes abiertos.
Las últimas novedades introdujeron un giro relevante. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 dispuso recientemente el sobreseimiento parcial de Báez en una causa por evasión impositiva vinculada a su empresa Austral Construcciones, que abarcaba los períodos entre 2010 y 2014 . La decisión se apoyó en la aplicación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el gobierno de Javier Milei, que elevó de manera significativa los montos mínimos para que la evasión sea considerada delito.
En términos concretos, el fallo determinó que gran parte de los montos investigados quedaron por debajo de los nuevos umbrales —100 millones de pesos para evasión simple y 1.000 millones para evasión agravada—, lo que obligó a aplicar el principio de la ley penal más benigna y cerrar parcialmente la causa . De esta manera, Báez fue sobreseído por varios ejercicios fiscales (2010, 2011, 2013 y 2014), mientras que el expediente continúa vigente únicamente por el año 2012, el único período que superaría el nuevo piso legal.
Este escenario explica por qué se habla de una absolución parcial: no se trata de una desvinculación total del empresario, sino de un recorte significativo del caso producto de un cambio normativo. Aun así, Báez permanece detenido y condenado en otras causas de corrupción, lo que mantiene su situación judicial comprometida pese a este alivio puntual.
La coincidencia temporal entre estos movimientos judiciales y el ascenso de Viola a un cargo clave en el Ministerio de Justicia —tras haber sido abogado del propio Báez— reavivó cuestionamientos políticos y éticos sobre posibles conflictos de interés, en un contexto donde las decisiones judiciales y los cambios legales vuelven a impactar de lleno en expedientes emblemáticos de la corrupción en la Argentina.
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