Juan Pablo "Pata" Medina, el ex titular de la Uocra platense, asegura ser víctima de una operación política, el blanco de la avanzada de PRO contra el sindicalismo en la provincia de Buenos Aires. Hoy está libre, y pide la nulidad del juicio en su contra a la luz de la filtración de los videos donde el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, reconocía que hubiese querido tener una Gestapo, la famosa policía del nazismo, para "terminar con los gremios". Extrañamente pasó de victimario a víctima.
Para el oficialismo, aquellas imágenes grabadas ilegalmente por la AFI (en junio de 2017 en una sala de reuniones en la sede porteña del Banco Provincia; Medina fue encarcelado tres meses después de aquel encuentro), son la prueba clara de que existió el lawfare, la guerra judicial a la que hace referencia el kirchnerismo, de Cristina Kirchner para abajo.
Aunque varios ex funcionarios que resultaron presos reniegan de la actual vicepresidenta y su entorno porque les soltaron la mano, y se mantuvieron callados cuando avanzaron con sus detenciones. Ese es también el caso del Pata Medina, que profesa su lealtad a CFK pero le reclama hoy, a buena parte del sindicalismo, su silencio cómplice con el macrismo.
La razón: en la misma Uocra, y en buena parte de la CGT, hay quienes prefieren ver al Pata fuera del gremio: “a la Uocra no volvés más” lo increparon esta semana frente al Hospital Italiano de La Plata. En medio de su enojo por los huevazos que recibía, terminó por golpear a un efectivo de la policía bonaerense y fue detenido por unas horas.
El juicio contra Medina debe empezar el próximo 3 de marzo. Será escrutado junto a parte de su familia (su esposa María Fabiola García y su hijo Cristian “El Puly” Medina) y ex dirigentes de la filial platense, por los delitos de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero. Su abogado, César Albarracín, sostiene que "el encarcelamiento que hoy padece Medina, así como las restricciones sindicales que pesan en su contra” son consecuencia de una causa armada.
El “Pata” hoy transita el arresto domiciliario. El TOF 2 de La Plata le concedió ese permiso, que violó al participar de actos de campaña, sumado a la amenaza de miembros de su agrupación al Tribunal: “Lo vamos a matar al juez al fiscal, al hijo del juez y al que venga". El sindicalista cree que el raudo avance en paralelo de la investigación contra los funcionarios vidalistas -el 3 de marzo el juez federal Ernesto Kreplak, empezará a tomar declaraciones a los partícipes de la “Mesa Judicial”-, puede inclinar definitivamente la balanza en su favor.
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