No es un inicio de año fácil para el PRO. Sumado a la interna de Juntos por el Cambio, apareció un video que pegó en el talón de Aquiles del macrismo: el presunto armado de causas de corrupción contra un sindicalista y el espionaje ilegal. Pero no es el mayor peligro, porque tras la explosión inicial, subyace el temor a que aparezcan más filmaciones. Nadie sabe lo que la AFI puede haber grabado durante la gestión.
“Somos tan inocentes que hicimos quedar al Pata Medina como un héroe”, dice, entre irónico y enojado, una fuente del PRO. Es el mensaje que pasó de celular a celular entre los dirigentes del partido amarillo cuando intentaban controlar daños. Una frase absolutamente desafortunada de Marcelo Villegas, quien fuera ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, acerca de que le hubiese gustado tener “una Gestapo para terminar con los gremios” y un comentario sobre cómo podían hacer detener al líder de la Uocra, los arrinconó.
“A esta altura, da bronca que hayan hecho esa reunión, porque terminan dando vuelta la historia”, dijo Patricia Bullrich sobre las imágenes que trascendieron. Sin embargo, retrucó: “Pero el Pata Medina es un chorro y es un ladrón que se ha pasado la vida extorsionando a los empresarios de la construcción en La Plata”.
Desde la otra vereda política, no dejan que el tema pierda trascendencia. Tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner se manifestaron al respecto y los dirigentes del Frente de Todos no paran de hacer comentarios. Hasta Medina, procesado por asociación ilícita, se animó: “Vidal buscaba terminar con el movimiento obrero argentino”, sostuvo en declaraciones radiales. Luego fue por más y dijo que Macri “no fue solamente por los dirigentes gremiales, yo creo que odiaba a los trabajadores, odiaba a los cabecitas negras”.
PLANIFICACIÓN. En medio del incendio, el PRO busca que el fuego no siga expandiéndose. Para eso, el entorno de Vidal gestionó su propia estrategia. El primer paso fue que Villegas pida perdón, de forma escueta: “Esa palabra está lejos de mi forma de sentir y pensar”, dijo sobre lo de la Gestapo. El segundo paso fue que se presentaran a la Justicia, para mostrar buena voluntad. Luego, pusieron un manto de sospecha sobre quiénes habrían filmado ese encuentro en el que había ministros de Vidal; el intendente de La Plata, Julio Garro; cinco empresarios de la construcción y tres funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia.
“Lo filmaron cuentapropistas” sostienen en el PRO. Es la forma de desligar a cualquier dirigente político que podría haber pedido esa grabación, realizada el 15 de junio de 2017. Pero lo que es más difícil de explicar es qué hacían ahí los tres funcionarios de AFI, muy cercanos al Gobierno macrista: Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la agencia; Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia y Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de esa institución.
En el entorno de Vidal aseguran que las imágenes la sorprendieron. Que la ex gobernadora bonaerense estaba al tanto de aquella reunión, pero que entendía que había sido pedida por los empresarios de La Plata que buscaban sustento político para denunciar al sindicalista de la construcción. “Nunca imaginé que iba a ser en estos términos de apriete. Un desastre lo de Marcelo”, le dijo la diputada a un dirigente con el que se cruzó en sus vacaciones en Pinamar (ver nota pág 28).
Pero el punto más importante de la estrategia es lograr que la causa se escape de las manos del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y recaiga en Comodoro Py. Los vidalistas esgrimen el principio de la territorialidad: es que la reunión fue llevada a cabo en el séptimo piso del Banco Provincia, en el microcentro porteño. Ese argumento, sumado a que los tribunales de Retiro estaban investigando una causa por los mismos hechos iniciada por el Pata Medina en 2019, podrían mudar el expediente a un enclave más cómodo para el PRO.
CONTRAOFENSIVA. En el Frente de Todos intentarán evitar que el plan del vidalismo se ejecute con éxito. Y en el sindicalismo, cerraron filas en el mismo sentido: no sólo Medina se presentó como querellante de la causa, también lo hizo Roberto Baradel, de Suteba.
Para febrero, cuando termine la feria judicial, la lucha sobre la competencia de los jueces va a ser encarnizada. Pero para conseguir que no frene su marcha, el juez Kreplak habilitó la posibilidad de seguir investigando durante enero y ya pidió que se ejecuten las primeras medidas de prueba: ordenó allanamientos y dispuso el secuestro de celulares y computadoras de los funcionarios que participaron de la reunión.
Atentos a que la causa pueda mudarse a Comodoro Py, el abogado de Medina solicitó al juez Kreplak que pida copia del expediente que tramitaba en los tribunales capitalinos. Si el magistrado lo acepta, podrían primerear al vidalismo.
El otro tema en el que el kirchnerismo quiere que se avance es en la relación entre Garro y los empresarios presentes en el encuentro. De acuerdo a sus sospechas, poco después de la reunión habrían flexibilizado el código de planeamiento urbanístico para darle la posibilidad de realizar edificios más altos, por lo tanto, en realizar un mejor negocio. Sospechan que esa podría haber sido la moneda de cambio por ayudar al vidalismo a meter preso a Medina.
Desde la ida del macrismo del poder, la situación procesal del Pata Medina mejoró drásticamente. Tras haber pasado tres años en prisión, fue beneficiado con prisión domiciliaria en 2020. Un año después fue excarcelado, pero en agosto del 2021 volvió a la domiciliaria luego de violar la prohibición de realizar actividades gremiales, cuando intentó recuperar el control del sindicato. Ahora, las imágenes que trascendieron podrían ser su golpe de gracia. Pero ya no se conforma con su libertad: cree que es hora de contraatacar.
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