"¿Les voy a dar plata para que hagan política en mi contra?”. El que habla es un Presidente argentino puesto a resolver la ruta del dinero para la contención social que se volvió imperiosa tras la crisis del 2001. En realidad, el que habla no es uno, sino cada uno de los mandatarios que se sucedieron desde entonces. Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y, ahora, Javier Milei. Caja política mata altruismo y así llegamos a un presente sin brújula.
Lo dice cualquier analista de la historia nacional: la Argentina no pudo superar la crisis de su modelo de industrialización por sustitución de importaciones. A partir de los años ’70 la oferta laboral se contrajo y desde el 2008/9 se dejó de generar trabajo hasta llegar a este presente en el que casi la mitad de los trabajadores son informales. “Tenemos un país parcialmente rico pero no ha tenido clases dirigentes con capacidad y osadía para crear un nuevo modelo”, argumenta Agustín Salvia, sociólogo, investigador principal del Conicet y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA.
La democracia sobrellevó el deterioro económico con tratamientos paliativos: más empleo público, subsidios y planes sociales. Apenas parches atados a la sobrevivencia del poder de época.
Aunque los métodos de medición de la pobreza se han ido modificando, hay consenso en aceptar que en los revolucionarios años ´70, no alcanzaba al 6% de la población argentina; en los ’80 se triplicó y continuó su marcha ascendente, con breves mejorías, hasta llegar al pico histórico de 55% en el 2002, tras la gran crisis político económica del año anterior.
Según la última medición del INDEC, del segundo semestre del 2023, la pobreza alcanzaba al 41,7 por ciento de las personas. Pero un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina/Caritas, conocido esta semana, actualiza el indicador: 55,5% de argentinos viven en la pobreza y 17,5% en la indigencia.
En el país que encuentra Milei, el 35% de los hogares recibe algún tipo de asistencia pública. Y tras la devaluación de diciembre y la caída del nivel de actividad se produjo un nuevo descenso de escalones: más pobres convertidos en indigentes, y más personas de clase media baja convertidas en pobres. Los segmentos sociales excluidos del sistema que se fueron acumulando en el último medio siglo generaron una población con pobreza crónica (es decir, de la que difícilmente puedan salir) que ya supera el 25 por ciento. El único puente que los vincula con el resto de la sociedad es el de la asistencia pública.
Palabras, tan solo palabras. CFK le dejó a Mauricio Macri un 32% de pobres. Él asumió con el eslogan “Pobreza cero”. Entregó el gobierno con 35% de pobres. Alberto Fernández prometió: “Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine”. Entregó el poder con 41,7% de pobres, la coartada de la pandemia, y el descreimiento a esa cifra: “Está mal medida la pobreza o la Argentina estaría estallada”, opinó Fernández, para quien los pobres encuestados subdeclaran sus ingresos.
Y llegó Milei, con motosierra, licuadora y ninguna promesa de bienestar. Más bien todo lo contrario. Lo dijo en campaña y lo repitió la semana pasada desde la Universidad de Stanford: “Va a llegar un momento en que la gente se va a morir de hambre y van a decidir alguna manera (sic) para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque a la postre alguien lo va a resolver”, argumentó. Y la patria del bombo peronista, el poderío de los gordos sindicalistas y el progresismo bienpensante empiezan a parecernos fotos viejas. Porque la imagen positiva de Milei sigue siendo muy positiva (en torno al 45%) a pesar del salvaje ajuste que reivindica, con epicentro en los sectores medios y, sobre todo, los jubilados: aunque la fama de despilfarro estatal la cargan los “planeros”, las contribuciones sociales implican apenas el 2,5% del PBI, mientras que el gasto previsional representa el 13% del PBI y el 70% del gasto público. Y hacia allí apuntó de entrada la motosierra libertaria.
A diferencia de su admirado Carlos Menem que sumó votos prometiendo una ilusoria revolución productiva, Milei llegó a la Rosada diciendo lo que iba a hacer. Y lo bancan los pobres, según se desprende de distintos sondeos de votación y de soporte actual. Como muestra, un trabajo de la consultora Trespuntozero señala que el mayor apoyo al Gobierno está entre los que solo terminaron la primaria, un dato que sirve para inferir su nivel socioeconómico. Las encuestas también revelan que a mayor nivel educativo, menor respaldo al Gobierno.
El politólogo Pablo Touzón se anticipa a las deducciones ligeras: “Lo del voto ignorante se le endilgó al peronismo cincuenta años seguidos”. Cuenta Touzón que su peluquero le dijo que votó a Milei porque “hace falta un loco para lo que hay que hacer en este país”. “La pregunta –reflexiona- no es si Milei está loco, sino por qué la gente eligió estallar”.
Agustín Salvia observa lo mismo: “Estamos atravesando una crisis sistémica, en un contexto de mucha inestabilidad y dificultad para interpretar los fenómenos. Pero es una crisis inevitable, porque la manera en que se venían desarrollando las prácticas sociales y económicas era insostenible. Había que salir de esa parálisis, pero todavía no hay un proyecto estratégico. Lo que está ocurriendo ahora es que se está deshaciendo lo viejo. Lo nuevo es el modo brutal y desprolijo con que este Gobierno quiere desarmar lo viejo. En realidad, estamos en una fase en la que lo nuevo no emergió, ni siquiera como liberalismo extremo”.
El rejunte.
En el inicio de su gestión, Milei decidió unificar en el nuevo ministerio de Capital Humano a las secretarías de Trabajo, Educación, Niñez y Familia, y Cultura. Un superministerio que contiene las áreas más desafiantes a su objetivo central: el déficit cero. Y puso al frente a su amiga Sandra Pettovello, una licenciada en Periodismo y en Ciencias de la Familia, debutante en la gestión pública.
Su doble rol consiste en restringir presupuestos para que el Excel presidencial se mantenga a raya y dar señales en la batalla cultural libertaria, como anunciar que entregará planes sociales de a uno y por vía presencial. O sentarse sobre los alimentos para evaluar sin apuro a quién y cómo entregarlos. Pero la última semana todo se salió de control, justo cuando la agenda mediática hacía foco en las denuncias del Gobierno a dirigentes piqueteros y cooperativas sospechadas de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, la existencia de comedores fantasma y otras irregularidades.
El vocero presidencial, que había negado la denuncia de Juan Grabois sobre la existencia de alimentos retenidos, dijo después que en realidad estaban bien guardados para casos de catástrofes y finalmente trató de sacarle algún lustre al operativo del Ejército para repartir, por intimación judicial, las seis mil toneladas de alimentos que estaban a punto de vencerse en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.
Con total respaldo presidencial, la superministra mantuvo su mutismo activo. No habla en público pero echó y denunció penalmente a su secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre. Lo responsabilizó por la crisis de los alimentos sin destino, y también por la contratación irregular de personal con fondos de la Organización de Estados Americanos. El status de mejor ministra de la historia que le adjudica Milei impone conservarla impoluta, aunque el funcionario caído diga que ella estaba al tanto de ambas cosas.
Circo sin pan.
En un atardecer de este mayo frío, hay gente haciendo cola en un comedor comunitario cualquiera para llevarse a casa una vianda. Por suerte están más atentos a la ración -en muchos casos, será la única comida del día- que al televisor colgado al fondo del salón: se emite el stand up extravagante de dos defensores de sus derechos alimentarios. “Dejá de extorsionar gente”, “la seguimos afuera si te da la nafta”, le grita a Juan Grabois la camaleónica subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, que pasó en pocos meses del tatuaje pingüino a la remera leonina, y antes supo inflar globos amarillos. Los jueces federales de Comodoro Py están inertes frente al desquicio. Sobran en la escena porque el show del hambre se dirime sin su intervención. Hay que grabarlo con un celular para reproducirlo en loop y presumir bravura. Pero el bocato di cardinale lo aporta Grabois, quien desde que estrenó impronta patotera con novedosa cruz XL al cuello se afianza para el unipersonal. A un abogado oficial lo llama “chanchito”, a Gianni le grita “kuka ladrona” y al diablo con los estigmas de la vieja corrección.
Grabois, Emilio Pérsico (Movimiento Evita) Eduardo Belliboni (Polo Obrero) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie) son las caras visibles de una época desgastada en la que se disputaron con los gremios el control de la calle y administraron millones. El cambio de era les trajo un aluvión de denuncias más o menos justificadas -se verá a su tiempo- que les impone rendir cuentas.
Por lo pronto, el nuevo relato de época los declara prescindentes. Entre sus primeras medidas, Pettovello eliminó el plan Potenciar Trabajo y lo reemplazó por dos programas que erradican la intermediación, además de suprimir suculentas partidas presupuestarias que se giraban a las cooperativas.
En julio del año pasado, la Coalición Cívica ya había difundido un trabajo de investigación titulado “No usar a los pobres”, en el que se analizaban los convenios que el Ministerio de Desarrollo Social firmó entre el 2020 y el 2022 con organizaciones sociales: así se supo que el Movimiento Evita había recibido el 55,1% de esos beneficios; con la particularidad de que su referente, Pérsico, era a la vez secretario de Economía Social, desde donde se giraban y supuestamente monitoreaban los fondos.
Incluso durante la campaña presidencial, esas partidas dieron lugar a fuego cruzado, a veces amigo. Opositores y también piqueteros no alineados al gobierno de Alberto Fernández cuestionaron el manejo discrecional de fondos asistenciales por parte de los ministros Victoria Tolosa Paz y "Wado" de Pedro al servicio de sus candidaturas.
Provisorio para siempre.
Todo empezó con las Cajas Pan del gobierno de Raúl Alfonsín para asistir con alimentos a familias de bajos ingresos. En 1984 las recibían cinco millones y medio de personas. Carlos Menem transformó esa ayuda en dinero: el Bono Solidario era un cheque canjeable por alimentos y ropa que administraba la CGT.
Pero fue tras la hecatombe del 2001 que la asistencia estatal cobró magnitud. Durante su breve mandato, Eduardo Duhalde instituyó el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, un beneficio que llegó al 20 por ciento de la población.
En el ensayo “Historia de los planes sociales en la Argentina: el mito del eterno retorno asalariado”, el investigador Juan Pablo Hudson identifica cuatro períodos. El primero, que se extiende desde el 2002 al 2008, destinado a los millones de desocupados que perdieron su trabajo entre 1990 y el 2001. El segundo, entre el 2009 y el 2015 con el PRIST-Plan Argentina Trabaja, cuando el Estado empieza a demandarles a los desocupados e informales que se organicen en cooperativas para financiarlas con planes. Un tercer período determinado por el nacimiento de la CTEP, un sindicato que ya no se propone convertir a los trabajadores informales en asalariados sino fortalecer su autogestión, y cuyo objetivo es lograr que los trabajadores de la economía popular perciban salarios sociales del Estado. Y un cuarto período, desde el 2016, en el que la principal novedad es la Ley de Emergencia Social que entre otros beneficios consiguió el Salario Social Complementario, precursor del programa Potenciar Trabajo creado en el 2020.
¿Corrupción o gobernabilidad? Un interesante artículo publicado por los investigadores Romina Del Tredici y Lucas González bajo el título “Comprando paz social: la distribución de planes sociales durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri”, corre el foco hacia los proveedores de la ayuda. “Si bien ambos gobiernos usaron la distribución discrecional para contener conflictos sociales, comparativamente el gobierno de CFK tuvo más posibilidades que el de Macri de utilizarlos políticamente. De hecho –postulan-, los usó como un sistema de premios y castigos para balancear el poder entre intendentes y movimientos sociales”. En cambio Macri no contaba con la afinidad de ningún movimiento. La tensión de su gobierno “se expresó en dos maneras distintas de relacionarse con los movimientos sociales. Un ala, representada por la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, buscaba negociar y conciliar con ellos. Otra ala, en manos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acentuaba la importancia de restablecer el orden, aun al costo de reprimir”. En el corto plazo (porque hoy Bullrich redobla su apuesta) ganó el ala blanda: CFK había dejado el poder con 250 mil beneficiarios de planes y Macri se fue dejando más de 600 mil. Pero a diferencia de Alfonsín y De la Rúa, cuyos gobiernos fueron abortados anticipadamente por estallidos sociales, el creador del PRO consiguió ser el primer presidente no peronista desde Marcelo T. de Alvear en terminar su gobierno. Por entonces, Juan Grabois decía que la única mercancía que tenían para vender era “la paz social”. Y consiguió comprador.
Pandemia y después.
El gobierno de Alberto Fernández escaló exponencialmente la cifra hasta 1.200.000 beneficiarios de planes, y las cooperativas se duplicaron durante su gestión. Una investigación de las periodistas Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli encontró que en solo cuatro años se registraron 12.407 nuevas entidades y algunas irregularidades, como que en las inscripciones de las cooperativas se repiten domicilios y mails de contacto; y que dos tercios de las entidades no presentaron balances ni actos de asambleas.
Si Cristina le transfirió buena parte del control de la asistencia social a los intendentes, Macri empoderó a los movimientos sociales para arrebatarles recursos a los adversarios del conurbano y Fernández robusteció a los líderes sociales que eran parte de su endeble alianza de poder, la manera en que encarará el mileísmo la pobreza es todo un enigma. Lo que quedó atrás era insostenible desde el punto de vista fiscal. Lo que viene ¿será sostenible desde el punto de vista social?
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