"Todo esto por mezclar ingresos blancos con recaudación barrani. Lo que barrani comienza, barrani debe seguir, señores. No traten de pasarlo de lado, con simulación, porque siempre sale mal. También, y es para la política, no cambies tu nivel de vida nunca. Siempre igual, es muy torpe comprarse casas y coches lujosos de golpe y mucho más torpe es armarse una justificación del 'ascenso' patrimonial mediante dibujos, porque estos siempre saltan cuando se arma la podrida", tuiteó Carlos Maslatón en su cuenta de X compartiendo una nota periodística sobre el embargo millonario y procesamiento a José Luis Espert.
Con esos curiosos términos, el influencer liberal se refirió a las últimas novedades del caso judicial sobre lavado de activos que involucra al economista y ex legislador de La Libertad Avanza en el que debe afrontar un embargo millonario determinado por la Justicia. En la jerga popular argentina, "barrani" significa algo que se hace de manera informal, en negro o al margen de las regulaciones del Estado, especialmente en lo que respecta a evadir impuestos, no emitir factura o realizar transacciones comerciales de forma clandestina. Maslatón impuso el término en sus redes.
La situación judicial de Espert se agravó este jueves cuando el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli lo procesó por presunto lavado de activos y se le impuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes. La resolución representa un avance significativo en la investigación sobre los US$200.000 que el exdiputado recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en enero de 2020, mediante una transferencia vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. El magistrado consideró que existen elementos suficientes, en esta etapa de la causa, para sostener que el dinero provenía de actividades ilícitas y que Espert habría intervenido en una maniobra destinada a darle apariencia de legalidad.
El procesamiento también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario de la maniobra, sobre quien se dispuso un embargo de $700 millones. Asimismo, la Justicia dictó una medida patrimonial por $500 millones contra Varianza SA, la sociedad vinculada a Espert. De acuerdo con la resolución, el juez entendió que la investigación permitió reconstruir una secuencia de operaciones financieras que no se agotaría en la recepción de la transferencia, sino que incluiría la utilización posterior de los fondos para incorporarlos al circuito económico formal. En esta instancia, el procesamiento no equivale a una condena definitiva: la hipótesis deberá ser revisada por los tribunales superiores y la defensa conserva la posibilidad de apelar.
El origen del expediente se encuentra en una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc, una firma vinculada con Machado, quien mantenía intereses empresariales en el sector aeronáutico y minero. La investigación busca determinar si los US$200.000 correspondían efectivamente a un trabajo profesional o si el contrato invocado fue utilizado para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito.
La explicación de Espert es que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento profesional para Minas del Pueblo, una empresa minera con actividad en Guatemala vinculada a Machado. El acuerdo habría contemplado honorarios por un total de US$1 millón, aunque el economista sostiene que solo recibió US$200.000 y que el resto no se pagó debido a las dificultades que generó la pandemia del Coronavirus. En su defensa, afirmó que el contrato era real, que existían documentos y comunicaciones que respaldaban la prestación de servicios y que no había cometido ningún delito. En julio de este año, al ampliar su declaración indagatoria ante Mirabelli, presentó un escrito de descargo de 65 páginas con documentación y solicitó su sobreseimiento.
El magistrado rechazó esa interpretación al considerar que el contrato habría sido simulado y que no se había acreditado una contraprestación profesional que justificara el pago. También afirmó que el exdiputado conocía que Machado tenía acceso a fondos o negocios de procedencia espuria. En ese aspecto, la figura del empresario rionegrino resulta central para comprender la investigación. El emprendedor aeronaútico estuvo vinculado a operaciones comerciales con aeronaves y fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros vinculados al fraude. Tras permanecer detenido en la Argentina, fue extraditado a ese país en noviembre de 2025.
La relación entre ambos también había quedado expuesta antes de que se conociera públicamente la transferencia. Espert había reconocido que se acercó a Machado durante 2019, cuando era candidato presidencial. Posteriormente se conoció que el empresario le había facilitado un avión privado para realizar más de 30 vuelos a distintos destinos del país, además de traslados relacionados con la presentación de un libro y la utilización de un vehículo blindado. Esos vínculos son objeto de otra investigación judicial en los tribunales federales de Comodoro Py. La causa por la transferencia de los US$200.000, en cambio, tramita en el juzgado federal de San Isidro y tiene como eje el presunto lavado de activos.
La defensa había solicitado el sobreseimiento o, subsidiariamente, una falta de mérito, argumentando que no existían elementos suficientes para sostener la hipótesis delictiva. El rechazo de sus planteos de nulidad no significaba por sí solo que Espert fuera culpable, pero permitió que la pesquisa continuara y que el juez evaluara el conjunto de las pruebas reunidas. Dos días después, Mirabelli dictó el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país.
Las consecuencias patrimoniales de la decisión son importantes. El embargo por $1.000 millones busca garantizar que existan bienes suficientes para responder ante las eventuales consecuencias económicas del proceso, como una multa, una reparación o un decomiso si llegara a dictarse una condena. El procesamiento de octubre profundiza el impacto del caso, porque transforma una investigación en curso en una decisión judicial formal que atribuye, de manera provisoria, responsabilidad penal al exlegislador.
La próxima etapa dependerá de la respuesta de la defensa y de la revisión que pueda realizar la Cámara Federal de San Martín. Los abogados de Espert anticiparon que apelarían la decisión, con el objetivo de que se revoque el procesamiento. La discusión judicial girará alrededor del origen de los fondos, la autenticidad y ejecución del contrato de asesoramiento, el conocimiento que Espert tenía sobre las actividades de Machado y el destino final de los US$200.000. La resolución de Mirabelli marca un avance significativo de la causa, pero la responsabilidad penal definitiva todavía deberá establecerse mediante las instancias judiciales correspondientes.
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