La escribana Adriana Mónica Nechevenko quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, luego de haber intervenido como fedataria en varias operaciones inmobiliarias del funcionario y su entorno. Se trata de una profesional de larga trayectoria que, según su propia declaración, mantiene una relación con Adorni desde hace años —“lo conozco hace veintipico de años”— y ha participado en varias transacciones clave que están siendo investigadas.
En ese marco, Nechevenko fue quien certificó la compra del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, donde actualmente reside el Jefe de Gabinete. La operación, realizada en noviembre de 2025, fue escriturada por un valor de 230.000 dólares. Según declaró ante la Justicia, el mecanismo utilizado fue una “compraventa con hipoteca por saldo de precio”: el funcionario abonó un anticipo de 30.000 dólares y acordó pagar los 200.000 restantes en el plazo de un año, sin intereses. La escribana defendió esta estructura como una práctica legal habitual, negando que se tratara de un préstamo directo, aunque admitió que no indagó sobre el origen de los fondos, ya que —según sostuvo— no es su obligación profesional.
La operatoria es considerada inusual por los investigadores debido a las condiciones extremadamente favorables para el comprador. Las vendedoras fueron dos jubiladas, identificadas como Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, de 72 y 64 años respectivamente, quienes no solo vendieron la propiedad sino que financiaron cerca del 90% del valor total, actuando como acreedoras del saldo. El esquema implicó que ambas aportaran en partes iguales los 200.000 dólares restantes, sin interés y con un plazo de pago diferido, lo que en la práctica permitió a Adorni adquirir el inmueble con un desembolso inicial mínimo en relación con el valor total.
Este tipo de acuerdos se repitió en otras operaciones vinculadas al funcionario. En una propiedad de Parque Chacabuco, también certificada por Nechevenko, intervino un financiamiento de 100.000 dólares otorgado por una policía retirada, Graciela Isabel Molina, y su hija, Victoria Cancio, con un interés del 11% anual y participación proporcional del 85% y 15% respectivamente. La reiteración de esquemas en los que los propios vendedores o terceros cercanos financian gran parte de las compras es uno de los elementos que la Justicia analiza para determinar la consistencia patrimonial del funcionario.
En paralelo, la actuación de la escribana generó controversia adicional cuando el fiscal Gerardo Pollicita le solicitó acceso a su teléfono celular para analizar eventuales comunicaciones vinculadas a la causa. Nechevenko no lo entregó en ese momento y explicó posteriormente que no lo tenía consigo porque “lo dejó en el auto”, argumento que sostuvo tras una extensa declaración judicial. En su testimonio también afirmó inicialmente no contar con el dispositivo cuando fue requerido, lo que generó dudas en la investigación sobre la disponibilidad de información relevante.
Curiosamente, posterior al encuentro en sedes judiciales, la escribana fue entrevistada en vivo por el streaming de Infobae. En medio del reportaje en vivo, se escucha sonar el celular de Nechevenko que tenia apoyado sobre la mesa. La escribana corta el llamado frente a los periodistas y aclaró:"No, no es Adorni". También, en unos de los pasajes del dialogo, la entrevistada da a conocer que las mudanzas del funcionario, en particular a la residencia ubicado en el country de Exaltación de la Cruz, se debián a cuestiones de seguridad.
A lo largo de sus declaraciones públicas y judiciales, la escribana insistió en la legalidad de todas las operaciones, sostuvo que no detectó irregularidades y remarcó que su función se limitó a dar fe de actos entre partes. Sin embargo, su rol aparece como clave en la reconstrucción de una trama de compraventas, hipotecas y financiamientos cruzados que, por sus características, quedaron bajo sospecha judicial y política.
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