De encabezar la boleta libertaria a aparecer en una oficina de ANSES. La vida pública de José Luis Espert cambió de escenario: lejos del protagonismo que tuvo junto a Javier Milei, el economista mantiene un perfil bajo mientras prepara su retiro y enfrenta una causa que acaba de sumar un capítulo. El 22 de octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli lo procesó por presunto lavado de activos.
La resolución incluyó un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país. El expediente gira alrededor de los 200.000 dólares que recibió en enero de 2020 de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado. Para la fiscalía, el contrato de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo habría servido para justificar el ingreso de los fondos. Espert sostiene que cobró por un trabajo profesional y niega haber conocido las actividades ilícitas del empresario.
El contraste con su pasado inmediato es fuerte. En octubre de 2025 renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, en medio del escándalo, y en diciembre terminó su mandato. Desde entonces redujo sus apariciones. Sus intervenciones en redes se concentraron en defender su inocencia y alentar a la Selección. El dirigente identificado con la consigna “cárcel o bala” pasó a dedicar sus explicaciones públicas a su propia situación judicial.
Su reaparición más comentada antes del procesamiento ocurrió a fines de septiembre. Radio Gráfica difundió imágenes del exlegislador en ANSES, adonde concurrió para gestionar su jubilación. El 21 de noviembre cumplirá 65 años. La escena reavivó sus declaraciones contra las moratorias y abrió una discusión sobre los aportes que acumuló durante su carrera.
El trámite también puso en discusión su historial previsional. El dirigente de ATE Rodolfo Aguiar sostuvo que Espert contaría con apenas cinco años de aportes, una versión sin confirmación pública de ANSES. La posibilidad de regularizar períodos faltantes reavivó el contraste con sus críticas a las moratorias. Por ahora, no hay confirmación de que tenga la jubilación otorgada.
En paralelo, su defensa deberá afrontar el nuevo escenario judicial. El procesamiento puede ser apelado y no constituye una condena. Pero devuelve al economista a los titulares por un expediente que sigue condicionando su presente. Entre gestiones previsionales y explicaciones sobre su patrimonio, el regreso a la escena pública quedó lejos de una revancha electoral.
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