En el marco de la toma del Nacional Buenos Aires y el Pellegrini en reclamo por el financiamiento educativo, Reynaldo Sietecase y Eduardo Feinmann protagonizaron un cruce televisivo y en redes que escaló hasta cuestionamientos personales y profesionales.
Todo comenzó cuando Sietecase sugirió en su programa que, en lugar de tomar colegios y facultades, sería más efectivo "tomar" Tribunales para presionar a la Corte Suprema a expedirse sobre la Ley de Financiamiento Educativo, que ya acumula dos fallos favorables sin cumplimiento por parte del gobierno.
La respuesta de Feinmann no tardó en llegar: el conductor de LN+ acusó a su colega de "incitar a la violencia" y llegó a sugerir que debería ser detenido por sus dichos.
Lejos de dar marcha atrás, Sietecase le respondió directamente por redes con un tuit extenso en el que desmontó las acusaciones punto por punto. "Qué raro, Feinmann pidiendo que metan preso a alguien", abrió, antes de trazar una línea clara entre el debate legítimo y el ataque personal: "Podés jugar con mi apellido, no con mi integridad moral o profesional. No es tu caso".
Luego precisó el alcance real de su propuesta original: que en lugar de tomar colegios o facultades sería más eficaz "tomar" Tribunales para exigirle a la "Mayoría Automática libertaria de la Corte" que se expida y obligue al gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo. Aclaró además que en el mismo momento en que hizo esa sugerencia al aire también propuso rodear el Palacio de Justicia —y no tomarlo— precisamente para "evitar una segura represión". El razonamiento tenía una lógica adicional: de esa manera no se pierden clases, que es exactamente lo que la toma de colegios genera.
El argumento de fondo de Sietecase es que la pelota está en la cancha del Poder Judicial: "Tal vez así los cortesanos hacen su trabajo y defienden a la República", cerró, apuntando directamente a los ministros de la Corte como los verdaderos responsables del conflicto por no hacer cumplir sus propios fallos.
El cruce refleja la grieta que atraviesa al periodismo argentino frente a cada conflicto educativo: mientras una parte del arco mediático encuadra las tomas como disrupción ilegítima, otra señala al Poder Judicial como el verdadero cuello de botella, por sostener una deuda institucional con la educación pública que ninguna movilización estudiantil debería tener que saldar.
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