La diputada libertaria quedó en el centro de una fuerte polémica política tras participar de un streaming en el que se ironizó sobre los vuelos de la muerte. Familiares de víctimas del terrorismo de Estado pidieron al Congreso que evalúe su expulsión, al considerar que se trató de una burla hacia crímenes de lesa humanidad.
El sábado pasado, Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza y habitual vocera informal de los hermanos Javier y Karina Milei, participó del programa “FDC”, que se emite por el streaming Ánima Digital. El ciclo es conducido por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y suele abordar la coyuntura política con un tono provocador y confrontativo.
Durante la emisión, el conductor comenzó a focalizar sus intervenciones en el peronismo y a vincular a militantes y dirigentes con distintos delitos. En ese contexto, uno de los panelistas, Alfredo “Rino” Gammariello, tomó la palabra y lanzó una frase que desató la controversia. “Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar y, si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”, dijo al aire.
La referencia aludió de manera directa a distintos episodios de violencia estatal: la represión de la protesta social, los vuelos de la muerte —la fase final del exterminio practicado por la última dictadura militar, en la que las víctimas eran previamente drogadas para inmovilizarlas antes de ser arrojadas desde aviones al mar o a ríos— y la muerte de Santiago Maldonado, quien falleció ahogado mientras escapaba de un operativo de Gendarmería, al intentar cruzar un curso de agua sin saber nadar. Mientras Gammariello hablaba específicamente de los vuelos de la muerte, Lemoine se encontraba sentada a su lado y reaccionó con una risa, cuando otra columnista agregó: “Los kukas no son waterproof”.
Las imágenes y los fragmentos del programa circularon rápidamente en redes sociales y generaron un amplio repudio. A partir de lo ocurrido, el colectivo Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz presentó un pedido formal ante el Congreso para que se evalúe la expulsión de Lemoine de la Cámara de Diputados, al considerar que sus reacciones y el contexto del programa constituyeron una banalización del terrorismo de Estado.
En la presentación, los denunciantes sostuvieron que los dichos y gestos de la diputada exceden el marco de la opinión política y remarcaron que, por su condición de funcionaria pública, Lemoine tiene una responsabilidad institucional que vuelve especialmente sensible su participación en ese tipo de expresiones.
El episodio reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión de los legisladores en espacios de streaming y redes sociales, y volvió a poner en tensión el vínculo entre provocación política, memoria histórica y responsabilidad pública.
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