Un video explosivo de Federico “Fred” Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico y lavado de dinero, sacudió la escena política a semanas de las elecciones legislativas. En una entrevista reciente con la periodista Tanya Eiserer, del canal texano WFAA, Machado se defendió desde su prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, donde permanece detenido desde 2021 por un pedido de extradición de Estados Unidos. En el video, declara con vehemencia: “Me retratan como si estuvieran hablando con El Chapo”, y añade: “No soy un santo. Cometí errores, pero no soy un narcotraficante”. Sus palabras, destinadas a despegarse de las acusaciones, intensifican el escándalo que ya había provocado la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza (LLA).
Machado cumple prisión domiciliaria en la casa de su madre, en Viedma, mientras enfrenta un proceso judicial iniciado en 2021, cuando fue detenido en Neuquén. Su arresto responde a cargos de la fiscalía del distrito Este de Texas, que lo acusa de participar en un esquema Ponzi millonario junto a Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión en 2023.
Según la Justicia estadounidense, Machado recibió más de 75 millones de dólares mediante un negocio de registro de aeronaves para extranjeros que encubría desvíos de fondos y envíos de cocaína en aviones incautados. Él sostiene que fue víctima de su socia y niega cualquier vínculo con el narcotráfico, asegurando que solo era un cliente atrapado en el entramado.
Este martes 7 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso decisivo al aprobar la extradición de Machado a Estados Unidos, donde será juzgado por los cargos 1, 2, 3, 4 y 7 de la Quinta Acusación de Reemplazo, emitida el 5 de mayo de 2021. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti respaldaron el dictamen del procurador general interino Eduardo Casal, declarando “procedente” el traslado.
Ahora, el Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, dispone de diez días hábiles para decidir si concede la extradición o la bloquea por “razones de soberanía nacional” o “intereses esenciales”. La Cancillería será la encargada de revisar el expediente antes de la resolución final.
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