Sociedad / 31 de octubre de 2018

Cannabis medicinal: el negocio menos pensado

Jujuy creó una empresa estatal para producir el aceite, asociada a laboratorios extranjeros. Críticas a una ley a la que llaman “hipócrita”.

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Foto: Shutterstock

Con la aprobación de la ley que habilitó el uso del cannabis medicinal se echó luz sobre una realidad que era, hasta entonces, prácticamente desconocida. De pronto, aquellos que se habían movido durante años en la clandestinidad para conseguir aceite de marihuana con el objetivo de tratar distintas enfermedades, se animaban a hablar en público. Describían las propiedades de la planta y sus beneficios para la salud, contaban cómo habían llegado a considerar su consumo como un tratamiento alternativo y muchos se animaron a abrir las puertas de sus casas para mostrar sus propias plantaciones, incluso a sabiendas de que esto era un delito. Los prejuicios sobre el cannabis parecían desmoronarse con cada relato. Sin embargo, a un año de la reglamentación de la norma, la euforia inicial parece haber disminuido. Más allá del texto legal, que fue votado por unanimidad, en la práctica resultó imposible hacer coincidir la urgencia de miles de familias que necesitan atender cuestiones de salud graves con los tiempos que requieren la ciencia y la política para crear un circuito que funcione como es debido.

Con la reglamentación parcial de la ley 27.350 se creó el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y desde este espacio se estableció que, por el momento, el suministro gratuito del aceite (y por ende legal) sólo contempla a pacientes con epilepsia refractaria. Para las asociaciones que impulsaron la legislación y para los familiares de los usuarios del aceite, en este punto radica la mayor crítica ya que se dejó afuera un sinnúmero de patologías que pueden ser tratadas con el extracto. Los más críticos van al origen de la ley: dicen que es incompleta, que impidió la posibilidad del autocultivo y que favorece el negocio de determinados laboratorios privados.

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Más allá de estos cuestionamientos, el proyecto que se pensó con la ley empezó a tomar forma y, en el último tiempo, obtuvo un fuerte impulso. Hace unas semanas se consiguió que el aceite de cannabis esté presente en el Hospital Garrahan para ser suministrado a los pacientes que hayan sido inscriptos en el registro correspondiente para empezar con los ensayos clínicos. En paralelo, a principios de octubre, el Concejo Deliberante de General La Madrid (provincia de Buenos Aires) autorizó al Ejecutivo municipal a cultivar marihuana con fines medicinales y, por estos días, aguardan la autorización final del Gobierno Nacional. En una situación similar se encuentra la provincia de Santa Fe que, luego de intentar y no conseguir la aprobación para importar cogollos de marihuana desde Uruguay, espera el visto bueno de Nación para autoabastecerse con plantaciones propias.

De todas maneras, la zona que acaba de posicionarse como la punta de lanza en el tema es Jujuy. La provincia acaba de crear la primera empresa estatal cuya razón social es el cultivo, la producción, la industrialización y la comercialización de cannabis medicinal. Se trata de “Cannabis Avatara Sociedad del Estado” (CANNAVA S.E.), que fue autorizada por la legislatura provincial por iniciativa del gobernador Gerardo Morales. Las expectativas de la dirigencia local alrededor de este gran proyecto van más allá del tema médico: quieren que el cultivo de esta planta se convierta en el motor económico de la zona.

Con bombos y platillos. En abril del 2017 el cannabis medicinal se convirtió en ley.

Con los avances y las críticas, con luces y sombras, el uso médico del cannabis es una realidad en Argentina que ya no está oculta. La comunidad médica siente curiosidad y se abren especializaciones para conocer las propiedades farmacológicas de la planta; las asociaciones que fomentan el autocultivo se multiplican y dan información para aquellos que pretenden probar esta alternativa pero que no encuadran en el régimen legal; el mercado negro sobrevive y ofrece, por internet, botellitas de aceite a precios desorbitantes. Los más optimistas insisten en que “vamos por buen camino” aunque sólo es cuestión de tiempo para saber si lo que está por delante es un cambio de paradigma respecto del acceso a la salud o un buen pretexto para abrir nuevos negocios.

En los hechos. Las explicaciones de los funcionarios y de los científicos tienen cierta lógica: por un lado, el Estado no puede avalar o impulsar terapias que no tengan el suficiente respaldo científico y, por el otro, en un país prohibicionista, como es la Argentina, se requiere la elaboración e implementación de protocolos de seguridad que estén en la misma línea que toda la política respecto de estupefacientes. Sin embargo, todos los asuntos burocráticos y administrativos parecen importar menos cuando la demora en la implementación de la ley obstaculiza el desarrollo de una persona y su calidad de vida.

Laura García es integrante de la asociación “Mamá cultiva Argentina”  de La Plata y es la madre de Julián, un adolescente de 15 años que tiene parálisis cerebral, crisis de excitación psicomotriz y epilepsia refractaria. “Él está bajo nueve tratamientos. Gracias al aceite de cannabis los estudios ahora le dieron sin epilepsia. El cannabis, además, ayuda un montón también en el tema del sueño y del apetito”, asegura en diálogo con NOTICIAS.

En primera persona: Laura García, integrante de “Mamá cultiva Argentina”, delegación La Plata, dice que sigue cultivando de manera ilegal porque el cannabis que le da el Estado no le sirve para la enfermedad de su hijo Julián.

Julián, por tener ese tipo de epilepsia, entra en el grupo de pacientes que podrían acceder de forma legal al aceite. Desde la aprobación de la ley se estableció que, en tanto la Argentina no tenga producción propia, aquellos habilitados para consumir la planta con fines medicinales pueden acceder al fármaco a través de la inscripción en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (RECANN) y con la presentación de un formulario y una receta médica oficial en la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Este organismo se encarga de la importación del extracto.

De todas formas, la madre de Julián continúa en la ilegalidad y produce el aceite de forma artesanal, pero no por elección propia. “El aceite que se importa es el ‘Charlotte’s web’ y no a todos les da los mismos resultados. En el pasado había comprado un frasco, a 135 dólares, pero no le hacía bien. Hay distintas clases de marihuana y hay que rotar cepas porque, como con cualquier medicina convencional, puede dejar de hacer efecto. En cambio, al cultivar puedo hacer el aceite que él necesita. Son situaciones límite y yo preferí transgredir”, confiesa García.

En la misma línea opina Ricardo Míguez, neurólogo infantil del Hospital de Niños de La Plata: “En un año no hubo avances en relación al uso. La proporción de gente que incluye la ley excluye a los que ya estaban tomando antes de su aprobación”, afirma. Según el profesional, la cantidad de trámites que hay que hacer y el tiempo que demora la ANMAT en autorizar la importación hace que, incluso en aquellos casos que entran en el programa, muchas familias prefieran el autocultivo. “Desde las organizaciones, además, se fomenta la producción propia porque en el mercado negro, donde un frasco puede llegar a costar 10 mil pesos, uno de los grandes riesgos es que no sabés qué estás comprando”, agrega Míguez.

Su experiencia médica es concluyente: “Tengo tres pacientes que lo consiguen por la ANMAT y unas ochenta personas que me han consultado este año aunque lo consiguen por vía privada o autocultivo. De ese total, a un 80 por ciento de ellos el aceite de cannabis le mejoró su calidad de vida, contra un 20 por ciento que no tuvo efectos”. Con este análisis, su mirada sobre la legislación actual es contundente: “Es una ley hipócrita”, dice.

Luz Juliano es una abogada de Necochea que se convirtió en una referente en el tema y coincide con la descripción de “ley hipócrita” que hace Míguez. “Padezco dos enfermedades crónicas: una llamada ‘hidrosadentis supurativa’, que afecta mi piel y me produce mucho sufrimiento físico y emocional y otra llamada ‘Leucopenia crónica’ que afecta mi sistema inmunológico y hace que me bajen las defensas”, contó a NOTICIAS. Ninguno de estos dos diagnósticos le permite acceder al cannabis medicinal que, según su propia experiencia, le mejora notablemente la calidad de vida. A pesar de haber judicializado su situación, aún no consiguió que el Estado le diera una respuesta satisfactoria.

Juliano es una defensora acérrima del autocultivo porque asegura que en el mercado negro es difícil saber si el aceite que se compra es el que cada uno necesita. Además, insiste en que en los asuntos de salud no debería primar una mirada lucrativa que beneficie a los laboratorios. “Hay experiencias, como la de Uruguay, en la que funcionan al mismo tiempo la producción farmacológica industrial con el autocultivo y con los clubes de cultivo cannábico”, insiste.

Por el autocultivo. Una de las grandes críticas que las distintas asociaciones de pacientes hacen a la ley es que esta no contempla el autocultivo ni otras patologías, por fuera de la epilepsia refractaria.

Por su profesión, Juliano se convirtió en una abogada más que consultada por los usuarios que no tienen epilepsia refractaria, pero sí otra dolencia. Los amparos judiciales se convirtieron para este sector en una herramienta (muchas veces satisfactorias) para poder cultivar cannabis o acceder a la importación. “Igual no alcanza. Presento amparo casi todos los días pero eso no resuelve la situación general. Además, es una opción para quienes tienen herramientas o cierto conocimiento. Hay mucha gente que ni sabe que puede hacerlo”, agrega.

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Paso a paso. Absolutamente todos los funcionarios que forman parte de este nuevo sistema que creó la ley aseguran que entienden las críticas de los pacientes pero, aclaran, no hay otra manera de hacerlo desde el Estado.

Diego Sarasola es médico especializado en Psiquiatría y Psicología Médica y está a cargo del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, que terminó por convertirse en el espacio que coordina todo lo que sucede alrededor de la ley aprobada por el Congreso. A pesar de ser consciente de las críticas, el profesional asegura que la Argentina está encaminada a atender el tema con seriedad. Por eso, asegura que es importante que se le preste una especial atención a los ensayos clínicos que se empiezan a realizar. “Se dicen muchas cosas del cannabis medicinal en todo el mundo pero la realidad es que la evidencia científica no es tan abundante como se suele sostener”, asegura.

Para Sarasola, esta etapa que se transita en la actualidad es fundamental para conocer el funcionamiento farmacológico del cannabis en las distintas situaciones y, además, para capacitar a los profesionales médicos: “No es inocuo esto y, sobre todo, cuando hablamos de pacientes que suelen tomar otras medicaciones. Los médicos deben saber sobre las dosis, con qué se puede combinar y con qué no. Hay que ser responsables”, asegura. La experiencia que dará el uso de cannabis en el Garrahan, para él, será un paso fundamental en las evaluaciones científicas.

El asunto de la formación profesional también es clave para Joaquín Blanco, diputado de Santa Fe y coautor de una legislación local sobre el tema: “En la provincia establecimos un protocolo para formar al sistema de salud. Estamos en un período de acumulación de evidencia científica a nivel mundial. Hay que ordenar todo”, asegura. Santa Fe pretende ser una tierra de cannabis medicinal y quiere concentrar todos las investigaciones a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico del Estado.

En General La Madrid se trabaja en el mismo sentido con el apoyo fundamental de la Universidad Nacional de La Plata y, en particular, con el respaldo del médico Marcelo Morante, uno de los pioneros en la Argentina acerca del uso del cannabis medicinal para tratar el dolor.

Sin embargo, la provincia que más firme está en el asunto es Jujuy porque, además de haber creado la primera empresa estatal de la Argentina para desarrollar aceite de cannabis, avanza con escala nacional. Gastón Morales, el hijo del gobernador jujeño y Secretario Legal y Técnico de la provincia encabeza el ambicioso proyecto

Luego de la sanción de la ley nacional, Jujuy sancionó la propia para adherirse y, entre sus grandes avances, amplió la lista de patologías que en el futuro van a poder recibir cannabis medicinal de forma legal. De hecho, las autoridades locales estiman que dentro de los próximos cinco meses ya comenzará a suministrarse el aceite (si el Gobierno Nacional termina con las autorizaciones) en los hospitales públicos provinciales a pacientes con epilepsia refractaria y también para los casos de dolor asociado a enfermedades poco comunes.

Solución a medias. En la Argentina, el aceite de cannabis que se importa es el “Charlotte’s web”, pero según los especialistas, este no es efectivo para todos.

El sistema que propone Jujuy es estrictamente estatal y se plantea que toda la cadena productiva del aceite se realice en el territorio de la provincia. De hecho, ya están seleccionados los predios donde se llevaría adelante la plantación. Corresponde a seis terrenos de la “Finca el Pongo”, que tiene un total de 14 mil hectáreas. Sin embargo, vale aclarar que el sistema jujeño permitirá la asociación con entes privados. De hecho, ya hay tres laboratorios extranjeros interesados en participar: uno chileno denominado Knopp y especializado en la producción de fitofármacos a base de cannabis; otro canadiense y otro estadounidense.

Los jujeños son los más optimistas y creen que, en los hechos, los pacientes podrán acceder al aceite de cannabis local en aproximadamente dos años si se tienen en cuenta las cuestiones administrativas, políticas y los ensayos clínicos.

Para los usuarios, dos años son una eternidad. Por eso insisten una y otra vez con el mismo punto: el Estado debe dejar de perseguir a quienes deciden cultivar en su casa que, incluso con la posibilidad de enfrentarse a penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión, no van a dejar de utilizar el cannabis como alternativa terapéutica.