El último informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de VIH muestra que alrededor de 1,7 millón de personas fueron diagnosticadas recientemente con el virus de inmunodeficiencia adquirida. De acuerdo con el organismo mundial la pandemia causada por el coronavirus impactó con fuerza en la respuesta al sida de tal modo que podrían retrasarse hasta en 10 años los avances en prevención y tratamiento de esta enfermedad.
Hace cuatro décadas, el sida llegaba teñido de estigma y discriminación. Con el tiempo y los avances científicos la enfermedad pasó de ser mortal a crónica y los pacientes se organizaron y conquistaron derechos, como pocas veces en la historia de las organizaciones sociales vinculadas a la salud. Medicación gratuita en todo el territorio, subsidios, beneficios en el transporte y leyes que protegen a las personas con VIH son algunas de las medidas que se obtuvieron gracias al trabajo de sociedades civiles en conjunto con las autoridades sanitarias.
Sin embargo, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 sumó dificultades a esta otra pandemia silenciosa que lejos está de haber sido realmente controlada. ¿Qué pasó con quienes no tuvieron acceso a la salud ya fuera por miedo o por falta de información fehaciente durante la pandemia de Covid-19? ¿Y con aquellas personas embarazadas que no pudieron acceder a los controles perinatales para descartar infecciones de transmisión sexual, el VIH entre ellas, y así evitar nuevos diagnósticos verticales? ¿Y con los niños y adolescentes?
Sumado a esto, la renuncia del director de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación, Sergio Maulen, ocurrida a mediados de octubre, complicó la situación. Gabriela Piovano, medica infectóloga del hospital Muñiz desde hace 30 años, asegura que “aunque la Dirección de Sida quedó sin director el equipo está consolidado en una relación muy estrecha con la sociedad civil, con las organizaciones vinculadas con la lucha contra el VIH y el programa siguió funcionando”.
Según fuentes no oficiales, la dirección ya estaría a cargo de Cecilia Santamaría, ex coordinadora del equipo de Diversidad sexual del área de prevención, en la dirección de sida y enfermedades de transmisión sexual del ministerio de Salud de la Nación.
Buenos Aires, Mendoza y Jujuy
Lida Santa Cruz es la Directora de VIH, ITS y HV de la provincia de Buenos Aires. Su gestión, atravesada por la pandemia de la Covid-19, la ubicó en un nuevo escenario con muchos desafíos. La funcionaria señala que se distribuyeron preservativos a los referentes en las regiones sanitarias y a las redes de organizaciones, “porque muchas personas no iban a acercarse al sistema de salud en busca de este insumo preventivo”.
Santa Cruz afirma que “también se iniciaron distintas estrategias para fortalecer el trabajo en la transmisión vertical, a sabiendas también de que en el marco de la pandemia hubo menos controles en las personas gestantes, motivo por el cual se reforzaron esfuerzos en hospitales cabecera con nuevas estrategias para disminuir la transmisión de sífilis".
Y reconoce: “Más allá de todo esto uno no puede desconocer el impacto del covid en los procesos de atención no sólo en Argentina sino en el mundo entero, y en ello estarán nuestros nuevos desafíos para el tiempo que sigue”.
Victor Bittar es el jefe provincial de Sida de la Provincia de Mendoza y relata una situación diferente. Asegura que se suspendieron casi todas las actividades de Consejería y Testeos para VIH a nivel de los CEPATs (Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo) y que esto repercutió en una falta de acceso al diagnóstico de muchas personas que posteriormente ingresaron por los Servicios de Guardia con enfermedades marcadoras de Sida por falta de un diagnóstico temprano.
“También se vio resentido el normal funcionamiento de los laboratorios para la realización de los estudios de control necesarios para el monitoreo de las personas que tienen el virus, con el agravante de la falta de reactivos durante varios meses este año por tratarse de insumos importados y de alto costo -describe el funcionario-. También estuvo afectada la entrega habitual de preservativos para la prevención del VIH y otras ITS o Infecciones de Transmisión Sexual.
Desde Jujuy, Juan Carlos Marquez, coordinador de la Diplomatura Universitaria en Prevención, Asesoramiento y Testeo de VIH, dice a NOTICIAS: “La interrupción en los servicios de traslado (terrestre o aéreo) en la geografía del país, como también en el interior de cada provincia, generó o retraso o desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales, insumos para la detección temprana y oportuna, como así también imposibilitó la toma y derivación de las muestras de laboratorio para la realización de control de carga viral y CD4. No es la primera vez que se vive esta realidad en el país, y se agravó cuando las obras sociales, provinciales o nacionales, derivaron su responsabilidad al Programa Provincial de Sida creyendo que éste podía responder de mejor manera, al ser un servicio público que está relacionado con el Ministerio de Salud de la Nación", resume.
Y asegura: "En estos 9 meses de pandemia por Covid-19, las personas con VIH, con o sin obra social, estuvieron al límite de abandonar su tratamiento, dejaron de tener consultas periódicas con su médico, no se realizaron los estudios pertinentes. En simples palabras, quedaron excluidos de la atención multi-inter-transdisciplinar, salvo que también tuvieran resultado reactivo para Covid-19".
Desde el frente
“El trabajo en tiempos de Covid, fue un gran desafío”, asegura Viviana Leonetti, una de las referentes nacionales de la organización Rock&Vida, conocida por sus encuentros artísticos en plazas de todo el país. Su mensaje de prevención se vio multiplicado en cárceles, y universidades. Fueron los primeros que se animaron a hacer testeos rápidos en un recital de rock, con mucha resistencia por parte de algunos profesionales que no veían con buenos ojos dar resultados preliminares en eventos masivos.
“Nos preguntaban qué hacíamos si daban positivo -describe Leonetti-. El resultado fue que hubo cientos de personas con VIH a las que acompañamos en el inicio de su tratamiento. Y diseñamos estrategias con todo el equipo a nivel nacional”.
La activista cuenta que muchas personas con VIH que no daban a conocer su diagnóstico eran hostigadas para volver a trabajar. “Son población de riesgo, pero al no decirlo y no poder justificar su ausencia, fueron despedidas, cuando en realidad el problema se hubiera solucionado con una nota enviada por sus médicos de cabecera aclarando que no era aconsejable volver a los puestos de trabajo por un tema inmunológico. No era necesario dar detalles, amparadas en el derecho a la confidencialidad y a la prohibición de develar un diagnóstico médico”, ejemplifica. Agrega que en la línea “pregunte SIDA”, del Ministerio de Salud, habitualmente hay 1.300 denuncias anuales: este año 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, hubo entre febrero y septiembre, más de 1.600 denuncias por violaciones a los derechos humanos”.
“Ya se venía con un retroceso de dos años que comenzó durante la gestión en salud del gobierno anterior”, señala Estela Carrizo, integrante de la Red de personas viviendo con VIH/SIDA, de Mar Del Plata, y de la Red Latinoamericana de Personas con VIH. De acuerdo con Carrizo, la población se quedó sin acceso a los servicios básicos, como testeos rápidos, entrega de materiales preventivos, y a la información vinculada a una situación de riesgo que pudiera haber implicado exposición al VIH.
“Muchas mujeres estuvieron en situación de aislamiento viviendo con sus agresores, y sufrieron violencia de género. Tuvimos muchas consultas telefónicas por estos motivos y en este tiempo acompañamos a varias mujeres a realizarse los análisis de VIH porque necesitaban saber su diagnóstico. También observamos un aumento en las tasas de trabajo sexual en mujeres como salida inmediata para conseguir un poco de fondos”, describe Carrizo.
Niñez y adolescencia
Casa M.A.N.U. es el único hogar en el conurbano bonaerense que alberga a niños y niñas con VIH e hijos de mamás que tienen el virus. “Los primeros meses de pandemia la atención de los niños y niñas fue afectada. El Hospital Garrahan, donde hacemos el seguimiento de los chicos, estaba bloqueado, como el hogar”, dice Silvia Casas, fundadora y directora de la organización.
“Nos comunicábamos con los médicos por video llamadas, por algún evento especial recurríamos a la guardia, aunque los consultorios dejaron de atender”, asegura. Pero aclara que la medicación siempre se pudo retirar en tiempo y en forma y señala que “sigue estando afectada la central de turnos para interconsulta, no es la cantidad de horarios que daban antes de la pandemia de Covid-19”.
Camila Arce es una de las primeras adolescentes del país en nacer con el VIH. Su testimonio puso la lupa sobre el estigma y el ocultamiento de la sociedad. Hoy estudia Trabajo Social y es activista vertical (por haber tenido transmisión del virus de madre a hija).
“El sida hoy no es un tema de interés. La creencia generalizada es que estamos bien porque el Estado compra la medicación y nos garantiza un tratamiento. Pero la realidad es que no es un tema que se limite a la toma de pastillas, aunque el discurso médico, social y político siempre haya sido ese”, opina.
Y enfatiza en la existencia de otros problemas, como por ejemplo la adherencia a los tratamientos, la contención familiar, el acceso a la salud y el gran cambio que implica pasar de atenderse en hospitales pediátricos a atenderse en hospitales de adultos.
“Ahí hay un bache. Les pibes que nacimos con VIH en su mayoría nos cansamos de tomar la medicación, tenemos a uno o a ambos padres fallecidos a causa del sida, crecimos con el estigma de vivir con VIH, a muches les contaron en la adolescencia que tenían el virus y se lo ocultaron durante toda la niñez, como si fuera algo malo”, describe la joven, y cree que en estas cuestiones hay algunas explicaciones a por qué se rompe muchas veces la adherencia a las terapias.
Nueva ley
En septiembre se presentó por tercera vez una modificación a la ley pionera de VIH, la número 23.798, sancionada en 1990. Gastón Llopart es abogado del “Frente nacional por la salud de las personas con VIH”, integrado por más 60 organizaciones y socios individuales, que trabajaron en la conformación del actual proyecto legislativo.
“La importancia de la modificación de la actual ley radica en el hecho de que es preciso cambiar profundamente el paradigma vigente para verlo desde una perspectiva de derechos humanos”, resume Llopart.
“En ese sentido, es importante remarcar que, desde mediados de la década de los ´90, con la aparición de la terapia antirretroviral (TARV), las personas con VIH y que acceden al tratamiento tienen un nivel de vida equiparable al resto de las personas. Sin embargo el estigma y la discriminación continúan existiendo. Más del 70% de quienes tienen el virus siguen sin poder acceder a un trabajo formal, o son despedidos como consecuencia de tener un test VIH positivo, circunstancia que también limita otros derechos, como el otorgamiento de una jubilación, o el del acceso a la educación o al tratamiento en contexto de encierro, circunstancias que, entre otras, el proyecto de ley busca contemplar”, agrega.
Las dos veces anteriores que se presentaron proyectos para una nueva ley fueron en los años 2016 y 2018. Los puntos clave radican, según el abogado, en “que garantiza a más de 120 mil personas derechos sociales, como por ejemplo el derecho al trabajo y a la seguridad social y el acceso al tratamiento a través de la producción nacional de medicamentos”.
*Integrante del Equipo de Investigación de Perfil Educación.
por Adriana Vanoli*
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