No es que la brutal caída de la recaudación tributaria por la cuarentena la haya puesto a rascar la olla. Desde que llegó a su cargo como administradora federal de Ingresos Públicos en diciembre pasado, Mercedes Marcó del Pont tenía pensado apuntar su gestión contra la gran evasión tributaria. En toda su carrera como economista siempre pensó que la fuga de capitales y el impago de impuestos eran causa de la escasez de dólares que históricamente condiciona el desarrollo argentino. Así que desde el primer minuto puso manos a la obra. Claro que las acciones concretas terminaron coincidiendo con una pandemia en la que la sed de recursos fiscales se ha profundizado.
Marcó del Pont apunta sobre todo contra los grandes patrimonios de argentinos no declarados en el exterior y a las maniobras evasivas en el comercio exterior. Apenas llegó a la AFIP ordenó acelerar el desencriptamiento de la información de más de 300.000 cuentas de compatriotas en 88 países que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proveyó a la Argentina a fines de 2017, 2018 y 2019. Así es como a principios de abril, el organismo comunicó el hallazgo de 950 cuentas no declaradas y el inicio de su fiscalización. Ahora se sumaron diez más, hasta llegar a 960.
La OCDE mandó la primera tanda de datos a fines de 2017, cuando la AFIP era dirigida por Alberto Abad. En marzo de 2018, Mauricio Macri lo reemplazó por Leandro Cuccioli. La segunda ronda de información llegó a finales de ese año. Y la tercera, con la llegada al poder de Alberto Fernández. Tras una carta de denuncia del economista y experto tributario Jorge Gaggero, el fiscal Federico Delgado se encuentra investigando si Abad y Cuccioli deliberadamente desistieron de investigar esas cuentas. Marcó del Pont también inició un sumario interno para deslindar responsabilidades. En el entorno de Abad guardan silencio, mientras que en el de su sucesor sostienen que al finalizar el gobierno de Macri se habían descubierto ya 600 cuentas no declaradas y se las había comenzado a fiscalizar.
Fuentes oficiales contestan que fueron 500 y que por ellas la AFIP solo reclamó 5 millones de dólares en impuestos. Por el descubrimiento de 960 cuentas en la era Marcó del Pont, se calcula que el Estado podría recuperar entre 50/70 millones. De esas 960, las primeras 950 halladas corresponden al lote de datos recibido en 2018 y las nuevas diez, al de 2017. La jefa de la AFIP ha duplicado el personal del equipo que investiga los fondos en el exterior y ha cambiado sus autoridades.
En el blanqueo de capitales de 2016/2017 quedó claro que los argentinos escondían su dinero en su mayoría en Estados Unidos, seguido por Suiza y Uruguay. Pero Estados Unidos no firmó el convenio de intercambio de información tributaria de la OCDE y los datos de Suiza recién llegaron a fines de 2019 y aún no se desencriptaron. Marcó del Pont decidió poner el foco primero en la documentación de 2017 y 2018 y, dentro de ella, solo en las cuentas en Uruguay que superaran el millón de dólares. Ahora los dueños de las 960 cuentas están explicando en la Justicia por qué omitieron su declaración.
La jefa de AFIP planea en las próximas semanas reforzar las fiscalizaciones de grandes contribuyentes que operan en el mercado interno. Por ejemplo, en el sector agropecuario. Además, ha creado el registro público de beneficiarios finales para que todas las empresas declaren quiénes son sus dueños, de modo tal de controlar mejor que estos paguen los impuestos a las ganancias y a los bienes personales.
Comercio. El 11 de mayo, la AFIP anunció que la Aduana, que dirige Silvia Traverso, volvía a imponer valores de referencia para las exportaciones, de modo tal de evitar su subfacturación para pagar menos gravámenes. Este método de control había sido eliminado en el gobierno de Macri. El organismo también informó que ampliará la cantidad de productos importados con valores criterio. El objetivo es impedir la sobrefacturación de las compras externas, método empleado para inflar gastos, pagar menos Ganancias y fugar divisas al exterior porque se triangulan las operaciones a través de subsidiarias propias del importador en terceros países. Ambas medidas apuntan no solo a las mercaderías sino también a los servicios, como el abono de regalías por patentes y marcas.
La Aduana prepara, además, una nueva normativa sobre precios de transferencia, que sirven para evitar la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones entre filiales de una misma compañía multinacional. Se trata de otro medio de evasión tributaria habitual.
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