Un informe elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió que el financiamiento educativo nacional se redujo casi un 50% en los últimos dos años. El reporte, titulado "El futuro del financiamiento educativo en debate", detalla que el retroceso acumulado llegó al 47,7% durante el bienio 2024-2025.
Según el estudio, en 2024 la función Educación y Cultura registró una caída real del 43,2% respecto del año anterior, con una pérdida de 0,6 puntos de participación en el PIB. Gran parte de ese ajuste se explica por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que reforzaba los salarios docentes provinciales y no fue renovado desde comienzos de 2024.
En 2025 la tendencia se profundizó con una nueva baja real del 7,9%, concentrada en las transferencias universitarias, los programas de apoyo a estudiantes y las transferencias a provincias. El financiamiento a las universidades cayó 5,4%, las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas se contrajo 49,5%. La excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que ganó peso dentro de la Secretaría de Educación.
De no ampliarse las partidas vigentes, el informe proyecta una nueva caída real del 12,7% para 2026, lo que sumaría tres años consecutivos de ajuste y ubicaría la inversión educativa entre los niveles más bajos de la serie reciente.
El estudio también remarca la derogación, a través de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, de la meta histórica de destinar el 6% del PIB a educación, vigente desde 2005 y cumplida una sola vez, en 2015. Algo similar ocurrió con el Fondo de Educación Técnico Profesional: de haberse mantenido su esquema previo, el crédito 2026 debería haber sido de $322.583 millones, un 97% más que el monto actualmente vigente, de $10.898 millones.
Los investigadores advierten que estos cambios se dan en paralelo al avance del proyecto de Ley de Libertad Educativa, que impulsa mecanismos de financiamiento por demanda —como vouchers y becas focalizadas— y podría profundizar la segmentación del sistema entre educación pública y privada.
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