El hallazgo de un cuerpo esqueletizado en un canal de Villarino Viejo, que podría tratarse de Facundo Astudillo Castro, reavivó el debate sobre el rol de la Policía Bonaerense en la desaparición del joven de 22 años, en cuya causa se determinó que se apartara a esa fuerza de la investigación por estar bajo sospecha.
Hasta el momento, esa fue la única medida que se tomó para con la policía de la Provincia de Buenos Aires, a pesar de que la madre de Facundo, Cristina Castro, exige, a través de sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la detención de los oficiales que, según pruebas y denuncias que presentaron, estuvieron implicados en la desaparición de Astudillo.
Su hipótesis de que hubo “una asociación ilícita que busca la impunidad de la policía” va más allá de los agentes de esa fuerza: apuntan también al fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, y al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de quienes pidieron una recusación oficial y la renuncia, respectivamente.
Recién ahora, con la pericia que se realizará al cuerpo el martes 25, podrían cambiar las cosas en la Bonaerense. Desde la gobernación de Axel Kicillof no descartan una depuración “si se comprueba una mínima participación policial en el caso Facundo Astudillo”. La decisión sobre el futuro de Berni también está sujeta a lo que determine la Justicia.
La “maldita policía”
El caso Astudillo reflotó una problemática de larga data, que ya tuvo otros casos y momentos críticos y que, además, se intensificó con la cuarentena: la violencia institucional, en general, y la violencia e impunidad de la Policía Bonaerense en particular.
Incongruencias y contradicciones entre los relatos de los diferentes agentes; vínculos familiares entre los testimonios que aparecieron y la oficial que le labró un acta a Astudillo por violar la cuarentena el 30 de abril; la aparición de un amuleto que podría ser del joven en una comisaría de Teniente Origone; el hallazgo de una foto del DNI de Astudillo en el celular de una de las oficiales -a pesar de que otro había declarado que no llevaba documentos-; la eliminación de llamados y aplicaciones en los celulares de los policías involucrados; la negación de enviar la frecuencia de los móviles para saber qué se comunicaban los oficiales; y la repentina aparición del cuerpo esqueletizado en un lugar que ya había sido rastrillado junto a una zapatilla que para Cristina Castro “fue puesta”, son algunos de los motivos por los que la querella tiene la seguridad de que la Policía Bonaerense es responsable de la desaparición forzada y encubrimiento en el caso de Facundo.
Los reclamos por saber qué rol ocupó esa institución y qué consecuencias tendrán toman cada vez más fuerza y en el gobierno provincial preocupa el tema.
“Si la Justicia comprueba una mínima participación policial en el caso, Axel no va a dudar en desafectar de la fuerza a todos los que puedan estar implicados. Uno de los principales objetivos en materia de seguridad es depurar la Policía Bonaerense de los vicios enquistados de tanto tiempo”, señalaron a NOTICIAS desde la gobernación.
Sin embargo, a pesar de las acusaciones de la querella, todavía no hubo consecuencias graves ni para los oficiales implicados ni para la Policía Bonaerense.
La jueza María Gabriela Marrón, a cargo de la causa, rechazó el pedido de detención de los cuatro efectivos señalados por los abogados Aparicio y Peretto, y Asuntos Internos sólo los reacomodó en otros destinos.
Así, sobre la depuración en la policía, desde Provincia insisten en que esperarán a los resultados de la investigación y en que todavía no pueden establecer un criterio sobre si afectaría solo a los que pudieran estar involucrados en el caso Astudillo o irían más lejos.
Factor Segrio Berni
Otra de las tensiones que resquebrajó este caso es la figura del ministro de Seguridad provincial. Hace tiempo que Sergio Berni está en el ojo de la tormenta.
La mala relación que tiene con su par de Nación, Sabina Frederic, se trasladó al resto del gabinete de Alberto Fernández. Y la responsabilidad política que podría tener en esta causa lo pone en la cuerda floja, aunque tiene algunas ventajas: Cristina Kirchner lo eligió para ese cargo y su imagen tiene buenas mediciones en distintas encuestas. En Provincia también atan la decisión de su continuidad a lo que determine la Justicia federal.
Mientras, Berni hace un doble juego. Dice que esperará las definiciones de la Justicia haciendo hincapié en que “la jueza nunca ha demostrado vínculos concretos con la Policía Bonaerense”, y a la vez señala a la querella. “El abogado de la familia va a tener que responder por cada una de las barbaridades que dijo en estos días”, apuntó en una entrevista radial y habló de “todas las mentiras que se vienen sumando a la causa”.
Aparicio señala a NOTICIAS: “Sabemos que después de esto viene una reacción. No se cansaron con desviar la investigación, ahora lo que van a querer es ensuciar a Facundo”.
La figura del ministro también es objetada por organismos de derechos humanos. Desde CORREPI y en conjunto con otras organizaciones de Memoria, Verdad y Justicia, levantan la consigna “Fuera Berni”, pero creen que “hay voluntad política de sostenerlo”.
Desde el CELS tampoco lo ven con buenos ojos y consideran que una purga en la Bonaerense puede servir solo si esa decisión está atada a un cambio en el modo de pensar la violencia y el rol del Estado en esta problemática.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, concluye: “Eso no se puede hacer, entendemos nosotros, desde una perspectiva de seguridad como la que plantea el ministro Berni. Justamente su perspectiva encierra cualquier cuestionamiento, cualquier planteo institucional sobre la violencia policial y terminan o negando la existencia de los problemas o los encapsulan como si fueran discusiones muy puntuales que se cierran con la resolución a nivel judicial de un caso concreto”.
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