La visita del papa León XIV a la Argentina volvió a poner en primer plano las denuncias de explotación laboral, trata de personas y reducción a la servidumbre que 43 mujeres atribuyen al Opus Dei. Las exintegrantes de la organización religiosa aprovecharon la llegada del pontífice para reclamar públicamente una audiencia personal, exigir que el Vaticano escuche sus testimonios y pedir una respuesta institucional frente a hechos que, según denunciaron, se prolongaron durante décadas.
El reclamo adquirió especial repercusión porque las mujeres habían presentado una solicitud formal ante la Santa Sede el 15 de septiembre de este año y, hasta el comienzo de la visita papal, aseguraban que no habían recibido ninguna contestación. El lunes 9 de noviembre, mientras León XIV desarrollaba sus actividades oficiales en Buenos Aires, alrededor de 15 de las denunciantes difundieron un video a través de las redes sociales de Ending Clergy Abuse (ECA), una organización internacional que reúne a sobrevivientes de abusos dentro de la Iglesia y defensores de los derechos humanos.
En la grabación, las mujeres se dirigieron directamente al pontífice con un mensaje contundente: "Le pedimos al papa León XIV que nos reciba", "queremos justicia" y "queremos que el Papa nos escuche". La intención era conseguir un encuentro durante los últimos días de su estadía en el país, antes de que continuara su viaje apostólico hacia Perú. El material audiovisual buscó ponerles rostro y voz a las denuncias, mostrando a las mujeres relatando las circunstancias en las que ingresaron al Opus Dei y las condiciones laborales que aseguran haber padecido.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de una mujer que contó que integrantes de la organización fueron a buscarla a la casa de sus padres cuando tenía apenas 13 años. Otras denunciantes señalaron que fueron captadas en las provincias de Salta y Formosa a los 13 y 14 años, respectivamente. En su mayoría, provenían de familias atravesadas por dificultades económicas y aseguran que fueron incorporadas mediante promesas de educación, formación profesional, alojamiento y oportunidades laborales que nunca se concretaron en los términos ofrecidos.
"A mí me prometieron una escuela, un título y una salida laboral", relató una de las mujeres en el video. Según sus testimonios, una vez incorporadas a la institución comenzaron a realizar tareas domésticas de manera permanente en centros y residencias vinculados al Opus Dei, atendiendo las necesidades cotidianas de sacerdotes y otros integrantes de la organización. Las denunciantes sostienen que debían cocinar, limpiar, lavar, planchar y ocuparse del mantenimiento de las instalaciones, sin recibir salarios acordes con el trabajo realizado, ni contar con horarios regulares, descansos semanales o vacaciones.
Una de ellas describió la extensión de las jornadas laborales con una frase que sintetizó el reclamo: "Durante 24 años estuve trabajando sin horario, sin descanso y sin vacaciones". Otra fue todavía más directa al afirmar: "Nunca me pagaron por mi trabajo". También describieron situaciones de aislamiento, restricciones a su libertad personal, violencia psicológica y dificultades para abandonar la organización. Una de las denunciantes relató que, después de permanecer durante años en esas condiciones, la única posibilidad que encontró para recuperar su libertad fue escapar: "Después de tantos años, me escapé. Fue la única forma de salir".
Los testimonios forman parte de una denuncia colectiva que comenzó a tomar estado público en 2021, cuando las mujeres hicieron conocer sus experiencias y acudieron también a las autoridades eclesiásticas del Vaticano. Las 43 exnumerarias auxiliares sostienen que fueron sometidas a un sistema de explotación que aprovechó su vulnerabilidad económica y su corta edad para incorporarlas a una estructura de trabajo doméstico sin remuneración.
La figura de numeraria auxiliar corresponde a mujeres que, dentro de la organización, desempeñan tareas de servicio doméstico y atención de las residencias. Las denunciantes cuestionan que esa actividad haya sido presentada como una forma de vocación religiosa, cuando, según su versión, en la práctica implicaba jornadas laborales extenuantes y la pérdida de derechos fundamentales. La dimensión judicial del caso se profundizó en septiembre de 2024, cuando las mujeres formalizaron una denuncia ante la Justicia argentina.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal N.º 3 y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que comenzaron a reunir testimonios y pruebas sobre el funcionamiento del sistema denunciado. El 3 de octubre de ese año, el Ministerio Público Fiscal informó que los fiscales habían solicitado la declaración indagatoria de cuatro exautoridades de la entidad católica creada por José María Escriva de Balaguer, acusadas de reducción a la servidumbre y trata de personas.
En ese momento, la investigación fiscal identificó al menos 44 posibles víctimas, en su mayoría niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad al momento de su incorporación, y hechos que se habrían extendido entre 1972 y 2015. La diferencia entre las 43 mujeres que impulsan públicamente el reclamo y las al menos 44 víctimas mencionadas por la fiscalía responde a los distintos universos considerados en las presentaciones.
La intervención de la PROTEX fue especialmente significativa porque no se limitó a recibir los testimonios de las denunciantes, sino que reconstruyó un presunto mecanismo de captación y explotación que habría funcionado durante décadas. Según la acusación fiscal, las mujeres eran incorporadas cuando todavía eran menores de edad y, en muchos casos, se encontraban en situaciones de vulnerabilidad económica y social.
La investigación incluyó declaraciones testimoniales, entrevistas mediante Cámara Gesell y otras medidas probatorias. También participaron organismos especializados en asistencia y protección de víctimas de trata. En octubre de 2024, los fiscales solicitaron las indagatorias de cuatro antiguos responsables de la institución, a quienes atribuyeron posibles responsabilidades en los delitos investigados.
El reclamo tiene además una dimensión internacional, ya que las mujeres consideran que el Vaticano no puede desentenderse de las denuncias por tratarse de hechos ocurridos dentro de una institución religiosa que depende de la autoridad de la Santa Sede. Por eso, además de la presentación judicial en Argentina, recurrieron a las autoridades eclesiásticas para solicitar una investigación canónica, el reconocimiento de los hechos denunciados y medidas de reparación.
Por su parte, el Opus Dei rechaza las acusaciones de trata de personas y explotación laboral. La organización ha cuestionado las imputaciones y sostiene que las tareas realizadas por las numerarias auxiliares se inscribían en el marco de su vocación y de la vida interna de la institución. Esta posición forma parte de una controversia que deberá resolverse en los ámbitos judiciales correspondientes, sin que las acusaciones puedan presentarse como una condena firme contra la totalidad de la organización o sus integrantes.
La expectativa de las mujeres se intensificó cuando trascendió que León XIV había aceptado reunirse con sobrevivientes de abusos cometidos dentro de la Iglesia durante su estadía en Buenos Aires. El encuentro se concretó el lunes 9 de noviembre en la Nunciatura Apostólica y duró más de una hora. Según informó oficialmente el Vaticano, el pontífice recibió a cinco personas que habían sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas argentinas. Conversó individualmente con cada una, escuchó sus historias y recibió propuestas para fortalecer los mecanismos de protección y reparación dentro de la Iglesia.
Sin embargo, la reunión generó una nueva controversia porque ninguna de las 43 exnumerarias auxiliares del Opus Dei estuvo representada entre las cinco personas recibidas. Tampoco participaron representantes de las víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, las cinco personas habían sido presentadas y seleccionadas por la Iglesia local, pero no se dieron a conocer sus identidades ni los casos concretos que representaban. La falta de información provocó cuestionamientos de las organizaciones que acompañan a los sobrevivientes.
Sergio Salinas Giordano, abogado argentino y director para América Latina de Ending Clergy Abuse, cuestionó el hermetismo con el que se organizó la audiencia y señaló que las organizaciones de víctimas desconocían quiénes habían sido convocados. "Este secretismo es propio de las autoridades eclesiásticas de Argentina. Es una noticia que choca con la transparencia y la prevención", manifestó. De esta manera, el reclamo de las 43 exnumerarias auxiliares terminó convirtiéndose en uno de los episodios más incómodos de la visita de León XIV a la Argentina.
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