Domingo 2 de octubre, 2022

CIENCIA | 18-09-2022 00:55

Discapacidad: un corte en la cadena de pagos desnuda otros problemas a resolver

Con una ley modelo en América Latina, aún hay temas pendientes. Prestadores que no están nomenclados, pagos muy espaciados y el aumento de la incidencia.

Por primera vez en la historia de este país, familias, personas con discapacidad, y profesionales del área, se unieron en una medida de fuerza acampando once días frente a Casa Rosada. El reclamo, que se repitió bajo diferentes formatos en diversas provincias de la Argentina, tuvo como detonante el abrupto corte en los pagos que, normalmente, tienen unos 60 días de demora desde el momento en el que se presta el servicio y hasta que los profesionales cobran sus honorarios. 

Esa brecha de dos meses había sido, hasta julio, la habitual. Expertos en discapacidad consultados por NOTICIAS  afirman que los pagos a 60 días son “razonables” porque “es el tiempo que lleva liquidar una prestación”. Sin embargo, este corte desnudó otros problemas del sistema

¿Cómo es la rueda? La Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) conforman el circuito que involucra el cumplimiento de la Ley 24.901, que regula el “Sistema de pretaciones básicas en rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”, más popularmente conocida como Ley de Discapacidad.

Las erogaciones que exige el sistema para que cada prestador reciba el dinero por su actividad son financiadas a través del Fondo Solidario que se nutre de los aportes y contribuciones de los trabajadores (y por eso mismo, protegido por ley). Está fuera del presupuesto y sujeto a la recaudación a cargo de la AFIP. 

Normalmente, cada primera semana de mes, la SSS le envía una informe a la AFIP para informarle cómo se deben realizar las transferencias. De esta manera, la AFIP libera el dinero entre el 20 y el 30 de ese mes y con esos fondos los prestadores e instituciones que trabajan dentro del sistema de discapacidad pueden pagar los sueldos y honorarios. 
Pero algo ocurrió esta vez, alguien no envió a la AFIP el informe esperado en tiempo y forma, y como las obras sociales no están en condiciones de cubrir el faltante debido a que no tienen el dinero, se produjo el corte abrupto en la cadena de pagos.  
 
“El objetivo del sistema es que todas las personas con discapacidad tengan una cobertura del ciento por ciento y que todas puedan acceder a las prestaciones del sistema. Está basada en un principio básico, que es la equidad”, explica Andrés López Pell, director del Doctorado en discapacidad de la Universidad Favaloro. 

El resultado esperado es que la persona que lo precise (o sus padres o tutores), vaya a un prestador de discapacidad y sea atendida por el mismo valor, porque todos los prestadores cobran lo mismo. “Es una gran ley. Ahora bien, si se toca la equidad del sistema, si se altera el funcionamiento aceitado que debe tener, todo entra en eclosión”, advierte López Pell. 

 

Salud, educación, movilidad

Todas las personas con discapacidad necesitan una cantidad de apoyos muy diversos para poder estar insertos en la vida social y a veces las prestaciones tienen que estar diseñadas muy a medida para que sean realmente útiles a cada niño o adulto con alguna discapacidad. Y las discapacidades pueden ir desde un síndrome de Down hasta un Trastorno del Espectro Autista (TEA) y una dificultad motora parcial o absoluta. 

El Estado no puede hacer esto, diseñarle a cada quien su traje a medida, y por eso es que el sistema que atiende a la discapacidad en la Argentina trabaja sobre la base de la cooperación de prestadores públicos y privados que se complementan. 

Los financiadores son las obras sociales nacionales y prepagas (a través del aporte de sus afiliados) y programas de salud que pueda tener el Estado nacional (casos PAMI e Incluir Salud). Quedan fuera de la órbita de la SSS las obras sociales provinciales, de los poderes judiciales y legislativos, de las Fuerzas Armadas y de las Universidades Nacionales.
En estos casos, hay obras sociales que entonces ofrecen pagar las prestaciones que brindan los especialistas a menos de lo que indica el nomenclador nacional. Allí es cuando la persona con discapacidad corre el riesgo de no poder acceder a las prestaciones a las que por ley tiene derecho, porque si esos profesionales pueden elegir no trabajar con ciertas obras sociales. Este es uno de los puntos débiles del sistema. 

El segundo nudo conflictivo es que todos los prestadores están categorizados dentro del sistema único y hay requerimientos muy estrictos para habilitar a centros especializados. Pero también hay prestadores no categorizados, profesionales independientes que hacen terapias en domicilio o en consultorios particulares y no cumplen con las exigencias que se les pide a los categorizados. 

Y si hay dos problemas, obviamente también hay un tercero. “En los últimos años se ha visto que la incidencia en ese fondo de las prestaciones de discapacidad viene creciendo, cada vez insume más porcentaje de ese Fondo, que tiene algo muy bueno y transparente: la trazabilidad de cómo se distribuye el dinero”, explica López Pell.

¿Cuál es la tensión en este caso? Hay obras sociales que consideran que las prestaciones correspondientes a aspectos vinculados con la educación y el transporte no son prestaciones de salud. ¿Por qué no lo hace el Estado?, es el pedido. 

Difícil resulta pensar que un transporte para, por ejemplo, ir hasta un lugar para realizar una terapia no sea parte de la salud de una persona. Complicado, pensar en un chico que en la escuela precisa de un acompañante dentro del aula para que pueda desenvolverse con mayor seguridad no afecte a la salud de ese niño. Porque la salud no comprende solamente lo físico y lo biológico. Y la ley 24.901 lo dice muy claramente: menciona a las prestaciones terapéuticas educativas (por ejemplo en el caso de las terapias para lograr el autovalimiento del discapacitado), a las prestaciones educativas (como la escolaridad), al transporte, a la formación laboral, la rehabilitación psicofísica y motora, por mencionar solo algunas. 

Todo hace a la salud y a la mejora de la vida dentro de la comunidad del discapacitado. Cualquier cosa que desajuste esto deja a la persona con discapacidad con un alto grado de vulnerabilidad

Los reclamos

La consigna del reclamo más visible, que fue la carpa blanca frente a la casa Rosada desde el 29 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2022,  fue “NO al ajuste en discapacidad”, sin embargo, desde diversas áreas del Gobierno desmintieron que ese ajuste existiera. El ministerio de Economía negó que vaya a haber recortes en el área

“La ANDIS nunca interrumpió los pagos de las prestaciones que abona mensualmente a mas de 1.200 instituciones de todo el país. Al inicio de nuestra gestión encontramos un endeudamiento tremendo con el sector que dependía de nuestro organismo, que se remontaba a más de 7 meses”,  asegura Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia.
Los prestadores lo ven desde otro ángulo. “No pagar es ajuste”, dice la psicopedagoga clínica Mariana Retamales. “El ajuste no tiene que ver solo con cuánto vale nuestro trabajo, es real que tuvimos aumentos, pero no recibimos los pagos, y eso es ajuste”, reafirma. 

“Lo que disparó las medidas de fuerza es que se rompió la cadena de pagos, se espera tres o cuatro meses para cobrar y se naturaliza el pago diferido, pero esta vez, no recibir los pagos exacerbó un montón de problemáticas” comenta por su parte Guillermo Kull, referente de Prestadores precarizados en salud y educación.

“Además de la interrupción de pagos, se agrega una naturalización del atraso y el no reconocimiento de prestaciones básicas de tratamientos como: acompañante terapéutico, cuidadoras domiciliarias, hidroterapia y equinoterapia”, describieron referentes del Colectivo de Discapacidad en la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, ante funcionarios de la SSS y de ANDIS. Por ejemplo, una actividad como la de acompañante terapéutico no está bajo nomenclador nacional y por ende cada obra social o prepaga decide la tarifa a pagar. 

En los últimos años cada vez son más, los y las profesionales que desisten de trabajar en el área de discapacidad según datos del colectivo Prestadores precarizados de salud y educación, que piden un aumento del 60% en el nomenclador, y que se pague a mes vencido. 

Mientras tanto, los más vulnerables sufren las consecuencias de los banquinazos. “Mi hijo tiene autismo y necesita apoyo para poder escolarizarse. Pero la social no abonó mayo, junio y julio a los prestadores. Fuimos pocas las familias que nos sumamos a la movilización de la carpa blanca. Eran más prestadores que papás y a quienes vulneran sus derechos es a nuestros hijos -describe Nohely M. agente de tránsito-. Si ellos no reciben su terapia, si no tienen su traslado, si no tienen su apoyo en la escuela, su día a día se hace muy difícil su día a día. Este año le pegaron a mi hijo en un colectivo. Eso me hizo entender como está la sociedad.”

López Pell llama al diálogo y a la búsqueda de soluciones, una vez subsanado el problema puntual. “Hay que darle mucha preponderancia al Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas (el espacio que administra la aplicación de la ley de prestaciones básicas en discapacidad) porque es el ámbito adonde se pueden discutir las cosas y tener consensos para que el sistema perdure. La Ley 24.901 e una ley de avanzada y podemos estar orgullosos, simplemente debemos hacer funcionar las cosas de acuerdo a cómo está estipulado”. 

 

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Andrea Gentil

Andrea Gentil

Editora de Ciencia, Medicina y Tecnología. Coordinadora carrera de Comunicación Digital, UNaB.

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